QUÉ HACEMOS para que las diversas formas de trabajar sean coherentes CON nuestras necesidades y no sea el mercado quien decide qué y cómo es EL TRABAJO.

Empecemos por aclarar conceptos: ¿qué entendemos por trabajo? ¿Lo reducimos al empleo asalariado, o incluimos todo aquel trabajo que produce y reproduce una sociedad (por lo general invisibilizado y no reconocido)? En tiempo de desempleo, precariedad laboral y vital, desigualdad, y malestar personal y colectivo, la pregunta no es en qué trabajamos, ni siquiera cómo, sino para qué trabajamos: para qué tipo de sociedad estamos dispuestos a trabajar.

Preguntémonos, individual y colectivamente, si queremos sostener una vida destinada al empleo que nos ofrece el mercado en función de sus intereses y necesidades.

¿Queremos seguir trabajando para conseguir una remuneración que nos permita consumir como hoy? ¿Nos atrevemos a imaginar y crear otras formas de relación social para depender menos del dinero y poder vivir de otra manera?

Pensiones dignas para todo@s. Repartamos el trabajo, recuperemos nuestra riqueza.

El gobierno prepara el enésimo ataque contra nuestros derechos con la excusa de una crisis que no es sino una monumental estafa con la que, los de abajo, estamos pagando la fiesta de la minoría que acapara el poder económico, mediático y político.

El sistema público de pensiones lleva tiempo en el punto de mira de los especuladores financieros, ávidos de desviar hacia sus negocios particulares el ahorro de millones de trabajadores y trabajadoras. Así, “expertos” a sueldo de los grandes bancos llevan años avisando de la inminente quiebra del sistema y de su imposible sostenibilidad. El sindicalismo y la izquierda institucionalizada han asumido de igual forma este discurso, planteando apenas leves retoques, mejoras y dilaciones a los más agresivos ataques neoliberales. El pacto que en 2011 alcanzó el gobierno del PSOE, con CCOO, UGT y la CEOE para el retraso de la edad de jubilación a los 67 años es el mejor ejemplo de esto.

Este discurso, el de unos y otros, es falso por muchas razones, entre otras porque no tiene en cuenta, interesadamente, los incrementos de productividad en los cálculos de sostenibilidad del sistema, o porque sólo trata de ajustar la sostenibilidad del sistema por la via del recorte del gasto, nunca por el del incremento de los ingresos: aumentando las cotizaciones sociales de las empresas, el numero de trabajadores activos y con contrato o los salarios. Pero sobre todo porque rechaza que el sistema de pensiones pueda ser financiado con los impuestos como otros servicios públicos.

La nueva reforma del gobierno del PP, no pretende sino dar un paso más en el proceso de desmantelamiento del sistema público de pensiones, condenando a millones de personas sin más recursos, a no contar con una pensión digna al llegar a una edad de jubilación que no deja de retrasarse..

¿Hace falta entonces una reforma del sistema de pensiones?. Sí, pero en el sentido opuesto al planteado por el PP, y al asumido por PSOE, CCOO, UGT en la anterior reforma. En una sociedad dónde el empleo escasea, y áun más el empleo de calidad, dónde empiezan a predominar las carreras laborales intermitentes y precarias, con salarios cada vez más bajos, nuestro sistema de pensiones, por su carácter contributivo es ya excluyente e injusto para la mayoría.

Por eso es necesario movilizarse desde ya, no sólo para parar este nuevo ataque a los derechos de tod@s, sino para conquistar nuevos derechos sociales para todos y todas y entre ellos el de asegurar una pensión digna, independientemente de la vida laboral de cada cual, como un derecho que tenemos que tener acceso como seres humanos, financiándolo con los recursos de los que más tienen, repartiendo la riqueza y devolviéndonosla a quienes la generamos.

Necesitamos además repartir el trabajo; acabar con el sinsentido de una sociedad dónde, con más de 6 millones de trabajadores y trabajadoras en paro, se pretende que quienes trabajan lo hagan cada vez más años y más horas y por menos dinero. Frente a eso, la redución de la jornada laboral (sin reducción salarial) y de la edad de jubilación, trabajar menos para trabajar todos, aparece como las opción más lógica y justa.

Creemos que es posible dejar de retroceder y avanzar en nuevos derechos sociales para tod@s, pero no nos van a regalar nada, y tendremos que conquistarlos como se consiguieron los derechos que ahora pretenden arrebatarnos, organizándonos y luchando desde abajo, juntos, plantando cara y dándo la batalla, porque nos va nuestra vida en ello y la de los que vienen detrás.

Y se puede, sí se puede, y si nos responden que esto es inviable bajo el capitalismo, ya tenemos un motivo más para cambiar de arriba a abajo este sistema.

El Ministerio de Justicia desde hace unos meses viene diciendo que reformará  la ley del aborto actualemente vigente. Será en el próximo Consejo de Ministros del mes octubre del presente año.

Una posible reforma penal de la que poco conocemos, excepto lo que publican los medios de comunicación y que viene a decir que de la actual ley de plazos, se volvería hacia un sistema de supuestos, como el vigente de 1985 a 2010, cuando abortar en España era delito salvo en casos de violación, riesgo para la salud física o psíquica de la mujer o malformación fetal.

En resumen,  la  previsible reforma de la ley del aborto supone cambiar el plazo de las 14 semanas, obligar al permiso materno y paterno de las jóvenes de 16 y 17 años y limitar la despenalización al riesgo de salud para la mujer. Poca información, ostracismo y desprecio a los derechos de las mujeres.
Porque lo que se está gestando en el Ministerio de Justicia es una ley que desde sus inicios, con mayor o menor endurecimiento, criminaliza y penaliza a las mujeres que deciden practicar un aborto. No es casual que una cuestión de salud esté siendo reformada y liderada por Justicia (no por Sanidad), con una connotación represiva y punitiva en su legislación penal.