El Ministerio de Justicia desde hace unos meses viene diciendo que reformará  la ley del aborto actualemente vigente. Será en el próximo Consejo de Ministros del mes octubre del presente año.

Una posible reforma penal de la que poco conocemos, excepto lo que publican los medios de comunicación y que viene a decir que de la actual ley de plazos, se volvería hacia un sistema de supuestos, como el vigente de 1985 a 2010, cuando abortar en España era delito salvo en casos de violación, riesgo para la salud física o psíquica de la mujer o malformación fetal.

En resumen,  la  previsible reforma de la ley del aborto supone cambiar el plazo de las 14 semanas, obligar al permiso materno y paterno de las jóvenes de 16 y 17 años y limitar la despenalización al riesgo de salud para la mujer. Poca información, ostracismo y desprecio a los derechos de las mujeres.
Porque lo que se está gestando en el Ministerio de Justicia es una ley que desde sus inicios, con mayor o menor endurecimiento, criminaliza y penaliza a las mujeres que deciden practicar un aborto. No es casual que una cuestión de salud esté siendo reformada y liderada por Justicia (no por Sanidad), con una connotación represiva y punitiva en su legislación penal.

La maternidad y el aborto es una cuestión de salud biopsicosocial, es un derecho de opción sobre la salud reproductiva y del propio cuerpo de las mujeres, en el que ni Estado ni Iglesia han de intervenir. Cada mujer puede decidir interrumpir el embarazo por circunstancias muy diversas y nadie está legitimado para hacer un proceso moral sobre ello. Por ello, desde el punto de vista legal, debería desaparecer del Código Penal y desde el sanitario, se debería regular la objeción de conciencia para que se garantice que en todos los hospitales públicos exista personal sanitario para atender las demandas de las mujeres.

La interpretación restrictiva de lo que parece será la reforma de la ley del aborto  supondría volver a una situación de aborto clandestino y de enormes desigualdades donde muy pocas mujeres podrían hacerlo aquí, algunas podrían hacerlo fuera y otras pondrían en riesgo su vida recurriendo a métodos clandestinos.

Es una ofensiva ideológica y política contra los derechos de las mujeres en general, y las trabajadoras en particular ya que las desigualdades generadas implicarán que según la clase social de la que se provenga, la decisión de abortar estará determinada por la capacidad económica de la mujer y su entorno.

Las mujeres tenemos la plena capacidad ética para decidir sobre todos los aspectos de nuestra vida, particularmente sobre aquellos tan íntimos como la sexualidad y la maternidad como una posibilidad. Que después de más de 30 años de supuesta democracia tengamos que reivindicar y luchar por estos derechos tan básicos, da una idea fiel, no sólo de los escasos derechos conseguidos y afianzados en esas tres décadas, sino la ola regresiva que va imponiendo el neoliberalismo en el poder.

CNT Córdoba