En el conjunto Arqueológico no se sustituyen las bajas permanentes, ni se cubren las temporales. Por ello se restringen los permisos legalmente reconocidos. No hay vestuarios, ni medidas de protección contra las inclemencias climatológicas. No hay posibilidades de promoción interna y se limitan las de formación, y todo ello por falta de personal. Pero estos incumplimientos de derechos legalmente reconocidos para los trabajador@s laborales, son sólo una parte del problema, sin duda la menor. El principal problema está en la consciente y deliberada degradación de los Servicios para justificar presentes y futuras privatizaciones.
Los servicios de la nueva Sede Institucional están encomendados a una empresa pública (EPGPC). No vamos descubrir aquí lo que enmascaran este tipo de empresas. Pero sí recordamos las claras sospechas de ilegalidad de este tipo de encomiendas, al privatizar servicios propios de la Administración. El TSJA suspendió de forma cautelar un contrato de la Consejería de Innovación por el que se desviaban Servicios Públicos a una empresa similar (SADESI). En al-Zahra las consecuencias de la gestión de la EPGPC han sido la privatización de los servicios de limpieza (GRUPO FISA), jardinería (GRUPO FISA), la tienda (EULEM), el bar (SOJO), el transporte (AUTOBUSES BRAVO), y la gestión completa del Edificio y sus Servicios (EPGPC). Antes se realizó la de los servicios de vigilancia nocturna contratados con el GRUPO CONTROL.
Esta privatización tiene graves consecuencias en cuanto a Selección del Personal, porque en las contratas privadas no se garantiza el derecho a la igualdad de oportunidades, y no se tienen en cuenta los de de mérito, capacidad y publicidad. De todos es conocido el procedimiento de contratación, algo más que irregular de los trabajadores de la EPGPC. Contratación recurrida ante el TSJA por CSI-CSIF, y denunciada desde CNT, por vulneración de estos principios. Esta gestión ha mostrado su lado más denigrante con el despido, a nuestro juicio, injustificable de 9 trabajador@s.
En las subcontratas privadas el control de las contrataciones es nulo, y la precariedad absoluta. En los contratos externos sin relación laboral (Asistencias Técnicas, que enmascaran Servicios Públicos del Conjunto Arqueológico), la situación es denigrante. Son trabajador@s con contrato de servicios que sen deben dar de alta como autónomos, pagarse la seguridad social y a los que no se les reconocen derecho laboral o prestación social alguna. A pesar de que su labor la desempeñan en las instalaciones del Centro, con material de la Junta de Andalucía, y de que algun@s han prestado sus servicios durante más de 10. Son Trabajador@s que cubren servicios propios del Conjunto Arqueológico: restauración, intervenciones arqueológicas, inventario y catálogo de materiales arqueológicos, etc…, que deberían ser fijos pero su situación es claramente irregular (cuando no ilegal).
Todo ello provoca situaciones de extrema precariedad, que tienen como consecuencia directa la degradación de las relaciones laborales y personales. Pero además, sostiene un escenario de clientelismo intolerable, dónde no están claros los márgenes entre lo Público y lo privado, entre la Gestión Patrimonial y los Intereses Particulares.
Esto ya de por sí grave, lleva a otras consecuencias que afectan a la calidad de los servicios, y que conllevan un flagrante Incumpliendo la Carta de Servicios del Conjunto Arqueológico. El servicio de biblioteca no se presta, las salas de investigación están vacías, sin que desde el Conjunto se atienda ni facilite mínimamente la labor de investigación por falta de personal,…. Esta creciente precarización de las relaciones laborales en el Conjunto Arqueológico pone en grave riesgo la Conservación, Restauración, Investigación y Difusión, únicas razones para la inversión patrimonial en al-Zahara.
