El pasado 17 de Octubre se celebraba el  Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza de 2013 cuyo lema era «Trabajar juntos por un mundo sin discriminación: aprovechar la experiencia y los conocimientos de las personas que viven en la pobreza extrema».

Pretenden, desde organismos internacionales estacar la discriminación que las personas enfrentan a diario a causa de la pobreza, su marginación en las esferas política, económica y social de sus sociedades, y su falta de voz.

El informe global realizado por Nielsen sobre el 'Impacto de la inflación en el comportamiento del consumidor' constata que la crisis económica hace mella en el presupuesto familiar. El pasado año un 48% de la población sólo pudo afrontar los gastos relacionados con vivienda, comida y productos básicos, mientras que un 42% siguió viviendo normalmente permitiéndose algún capricho. Sólo un 10% de los españoles gasta abiertamente sin preocuparles la situación económica.

Los datos españoles son muy similares a los ofrecidos por el conjunto de la Unión Europea, donde el ratio de los ciudadanos que sólo pueden afrontar gastos en vivienda, ropa y comida asciende al 52%. En cambio, en países donde la coyuntura macroeconómica es teóricamente mejor como Francia o Alemania, el porcentaje de ciudadanos que únicamente pueden permitirse el gasto básico es sensiblemente mayor al caso español y a la media europea, al situarse en el 63% y 59% respectivamente.

Por otro lado, el 71% de los españoles consultados no puede afrontar una subida de precios en los alimentos sin descuidar otras partidas del presupuesto familiar

En España ya hay tres millones de personas en situación de "pobreza severa" (según la terminología de Cáritas), esto es que viven con menos de 307 euros al mes. Los pobres representan el 6,4% de la población del país, una tasa que casi duplica la de 2007 (3,5%), según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida recogidos en el informe del Observatorio de la Realidad Social 2012 elaborado por Cáritas.

En este sentido, los datos del Observatorio constatan el aumento de la desigualdad, con el valor más elevado de Europa: el 20% de la población más rica concentra un 7,5 más riqueza que el 20% más pobre, según datos de Eurostat de 2013 recogidos en el estudio.

Como es sabido, el Estado está aprovechando la crisis económica por la que atravesamos para aplicar los criterios neoliberales en la articulación de la administración pública. Recortes en educación, en sanidad, en dependencia, en servicios sociales, en seguridad social que se traducen en un mayor empobrecimiento de la clase trabajadora.

Andalucía está viviendo un 35,79% de paro (junio 2013, EPA) que se traduce en desahucios, en prestaciones por desempleo agotadas, en dependencia económica de los pensionistas, en falta de acceso a plazas en guarderías, incapacidad para asumir costes farmacológicos por parte de enfermos crónicos, falta de acceso a recursos de apoyo a dependientes, salarios sociales sin resolver por falta de presupuesto y un largo etcétera.

Estos derechos vendrían a garantizar la cobertura de esas necesidades especialmente valiosas para los miembros de la colectividad.

La Junta de Andalucía, con un gobierno coaligado de izquierdas, con la capacidad que tiene con el Estatuto de Autonomía en mano y legislación en materia de Servicios Sociales se está limitando a aprobar Decretos Leyes que no atienden a la nueva realidad con la que nos encontramos. Un Programa de Erradicación de la Pobreza, que no la erradica sino que la perpetúa actualmente paralizado por falta de presupuesto; un refuerzo económico en materia de alimentos que parece una apuesta por mecanismos asitencialistas, una dotación extraordinaria a la prestación básica del Servicio de Ayuda a Domicilio aprobada en mayo y articulada por las administraciones locales casi en septiembre con finalización en diciembre que no es más que un brindis al sol y una estrategia política para que la población compare entre gobiernos y partidos.

Así las cosas, entre unos gobiernos y otros, nosotras y nosotros, la clase trabajadora continuamos soportando y pagando los efectos de una crisis no elegida. En tiempos en los que los sistemas de protección han de reforzarse para amortiguar los efectos de los procesos de empobrecimiento socioeconómicos y culturales, la Junta de Andalucía apuesta por cumplir los dictados del Estado, favoreciendo como siempre la privatización de servicios y haciendo política respecto al gobierno del PP con una distribución ilógica de los presupuestos generales de Andalucía

Dejémonos de soportar hipocresías y eufemismos con los “días de”, exijamos unas políticas sociales redistributivas, igualitarias, participativas que mantengan y refuercen los servicios públicos en andalucía y articulen medidas y recursos dignos adaptados a  nuestra realidad. Basta de paternalismos y asistencialismo. La dignidad es nuestra, y la vamos a defender.