Las cifras, tal como han sido “producidas” por el gobierno y las han mostrado los medios de comunicación tienen un aspecto más impresionante que real. Además, los datos más relevantes sobre la situación real desaparecen en el discurso “socialista”.
Si sólo aplicáramos nuestra atención a las cifras que nos han dado, habría que admitir que ha aumentado bastante la contratación indefinida. Pero no sirve quedarse sólo con este dato. Deberíamos recordar primero que representó la citada reforma, y segundo, observar en profundidad los números presentados a bombo y platillo.
El cacareado aumento de los contratos indefinidos viene propiciado, en parte, por el tirón de la economía que están provocando el auge de la construcción y de los servicios (es decir, la especulación del ladrillo y el consumismo con el que vivimos) y en parte merced a las subvenciones ofrecidas a los empresarios en la reforma, que amplió considerablemente los colectivos de trabajadores que podían ser empleados mediante el contrato indefinido cuya indemnización en caso de despido improcedente fue rebajado de 45 días de salario por año trabajado a 33 días. Es decir, que tiene un pie de barro y el otro financiado por el estado.
Muchas veces desde CNT hemos criticado que el estado tenga que cargar con los gastos empresariales (en este contrato indefinido se bonifica el 25% de la cotización empresarial a la seguridad social) como condición para que la patronal contrate a los trabajadores. Pero no es solo eso. El contrato del que se vanagloria el gobierno representa para los empresarios un abaratamiento del coste del despido en un tercio de su importe. O sea que, si queremos trabajar, tiene que ser perdiendo derechos.
Pues bien, aunque el ministro nos decía que por primera vez se han hecho más de 2 millones de contratos indefinidos en un año, también habría que tener en cuenta que el total de contratos realizados en 2006 ha sido de 18.526.772, es decir, que se han realizado más de 16 millones de contratos temporales. Temporalidad, por otra parte, que es la que se pretendía reducir con el abaratamiento de los despidos, y que como veremos luego, se mantiene prácticamente en sus mismos niveles.
De ese total de 2.177.245 contratos indefinidos en 2006, algo más de 700.000 se acogen al programa de bonificaciones y el resto, son indefinidos ordinarios. Y de hecho, esta es la cantidad de contratos que ha aumentado respecto a 2005, en que se firmaron algo más de un millón y medio.
La reforma se nos vendió en su momento como una muy valiosa mejora para los colectivos de trabajadores más desfavorecidos, que iban a ver así propiciada su entrada en el “mercado” de trabajo. No obstante, sólo en el 26% de estos contratos bonificados se ha empleado a personas de estos colectivos (mujeres, un 10.3%, jóvenes hasta 30 años 7.29%, más de 45 años un 5.16%, discapacitados 3.04%). El porcentaje restante, el 73% de estos contratos los han firmado trabajadores que cambiaban su trabajo temporal por este nuevo indefinido barato.
Hay que decir que cuando un trabajador pasa de contrato temporal a indefinido, el empresario que contrata mantiene todas las bonificaciones que percibía por el temporal y las añade a las que percibe por el indefinido. Pero este nuevo contrato estrella pierde sus bonificaciones a los dos años de haberse suscrito; a partir de ese momento, el empresario puede proceder al despido del trabajador abonándole 20 días por año trabajado y 33 en el caso de que sea considerado improcedente (en el caso en que el trabajador despedido demanda, que no son todos ni mucho menos). Es decir, este contrato no representa un cambio sustancial en la situación del trabajador que tenía uno temporal (el carácter fijo del contrato viene dado por la dificultad del empresario para rescindirlo a su voluntad) sino que tan solo cambia de nombre.
La noticia de que la contratación indefinida aumenta un 45% respecto a 2005 es golosa. Pero, aunque no se dice, también es cierto que si en diciembre de 2005 este tipo de contratación representaba el 8.16% del total de contratos realizados, la media obtenida en 2006 en todo el estado no llega al 12%. Y si hablamos de Andalucia, la cifra se queda en un pobre 6% del total.
Incluso la reducción de la temporalidad, debe ser estudiada con detenimiento, puesto que la cifra dada por el gobierno es que se reduce un 3,8 puntos, pero si nos fijamos en el número total de trabajadores, el dato pierde mucho brillo. Según los datos del propio Ministerio de Trabajo, en diciembre de 2005 había unos 12.400.000 trabajadores de los cuales, 4.316.000 tenían trabajo temporal y 8.020.000 tenían contrato indefinido. En diciembre de 2006, el total de trabajadores era de 13.200.000, siendo 4.480.000 contratados temporales y 8.699.000 indefinidos. Es decir, en 2005 la temporalidad era de 34.8% y en 2006 del 34%. Es decir, hay unos 700.000 trabajadores más que en 2005 con contrato indefinido, pero casi 200.000 más con contrato temporal.
La situación en Córdoba
Si hay pocas razones para sentir satisfacción por estos datos, la situación en Córdoba es bastante peor. Aunque el incremento de la famosa contratación indefinida ha sido del 55,5% respecto del año anterior, la letra pequeña nos dice que tan sólo el 4,5% de los contratos realizados en Córdoba ha sido de este tipo. Es decir, la contratación temporal sigue siendo, al igual que en años anteriores, masiva. De hecho Córdoba es la tercera provincia del estado con más temporalidad.
En 2006 se firmaron en Córdoba 447.719 contratos, lo que representa un 6,9% más que en 2005. De este total, 427.591 fueron contratos temporales. Respecto de 2005, la contratación temporal creció en Córdoba un 5,4% (o sea, que creció más que la indefinida, que lo hizo en un 4,5%).
Satisfacción?
Por tanto, no habría que echar las campanas al vuelo y por más de una razón. Primero, porque los miles de millones que se han dejado de percibir por parte de la administración al subvencionar la contratación y por parte de los trabajadores al ver recortada su indemnización por despido, no consiguen que los empresarios dejen de utilizar los contratos temporales, cuya inmensa mayoría representa un fraude de ley, ya que se emplean para cubrir tareas permanentes y estables de la empresa y no circunstanciales. Y segundo, porque el supuesto “empleo estable” que se consigue se hace rebajando los derechos de los trabajadores que acceden a él, por lo que estamos ante una ficción lingüística más que otra cosa.
Mucho más decente hubiera sido que el ministro hubiera dedicado algún titular a denunciar el empleo sumergido que al que nos vemos abocados una gran parte de los trabajadores y trabajadoras si queremos empezar a trabajar. O la práctica inexistencia de derechos laborales en la pequeña y mediana empresa, en las que para conservar el puesto de trabajo hay que aceptar cualquier condición impuesta por la empresa. También podría haber reparado en el fraude, también masivo, en que se ha convertido el contrato a tiempo parcial, en el que lo único parcial es el sueldo, pero en el que se suele trabajar jornada completa. Quizá debiera haber hecho hincapié en la falta de libertad sindical que se vive en las empresas, cuyo ejemplo más claro tenemos en Mercadona. Tal vez, si hablamos de calidad en el empleo no hubiera estado mal decir que las ETT hicieron durante el año pasado más de 2,5 millones de contratos de puesta a disposición y llevaron a cabo la cesión de más de 2 millones de trabajadores. Y por supuesto, no debería haber olvidado que entre enero y octubre de 2006 murieron en accidente de trabajo o in itinere 1.161 personas. Debería haber recordado que el conjunto de accidentes con baja laboral subió un 4% respecto a 2005 (un 5% para los accidentes in itinere) y los que no dieron lugar a una baja laboral se elevaron en un 6,8%. Por el contrario, y simultáneamente, (¿tal vez fruto de la magnífica acción de las mutuas?) las enfermedades profesionales reconocidas bajaron respecto a 2005, en más de un 22%.
En cualquier caso, lo que si queda claro después de escuchar a los políticos y sus logros, es el radical divorcio entre la realidad y el discurso, un divorcio que se apoya ciertamente en el desinterés y la desorganización de la clase obrera, pero que también se nutre de la desvergüenza de nuestros representantes. La clase dirigente (políticos, gran empresa, sindicatos mayoritarios) exponen un cuadro que bien poco tiene que ver con la situación real de los trabajadores. Ojalá sepamos darnos cuenta. Y cuanto antes.
Nota
Todas las cifras y datos han sido extraídos de las estadísticas del Ministerio de Trabajo, Boletín de Estadísticas mensuales de diciembre de 2006 y Resumen de últimos datos publicadas en su página web http://www.mtas.es/estadisticas/es/index.htm