Vivimos una ofensiva global contra la clase trabajadora. El capitalismo en crisis responde con más precariedad, más autoritarismo, más control y más guerra. Mientras una minoría concentra la riqueza y el poder, la mayoría social ve deteriorarse sus condiciones de vida, sus derechos y su futuro.
La guerra se ha normalizado como herramienta política y económica. El genocidio del pueblo palestino, el bloqueo a Cuba, el ataque a Venezuela e Irán, la prolongación de la guerra en Ucrania y el aumento de los conflictos por el control de recursos muestran un mundo gobernado por la violencia y los intereses de las grandes potencias. El incremento del gasto militar se hace a costa de la sanidad, la educación, las pensiones y los derechos sociales. El contexto internacional de guerra, rearme y tensiones geopolíticas no es ajeno a nuestra realidad. Sus consecuencias son directas: subida del coste de la vida, recortes en servicios públicos, aumento del gasto militar, y debilitamiento de políticas sociales. Mientras se destinan miles de millones a la industria militar, en Córdoba se recortan recursos en sanidad, educación y dependencia. La guerra siempre la paga la clase trabajadora. Ya sea económicamente o poniendo los muertos. Ya que nuestra juventud, los hijos e hijas de la clase obrera somos utilizadas como carne de cañón en sus guerras imperialistas de saqueo y dominación sobre los pueblos. Frente a la guerra y el militarismo, defendemos la paz, la vida y la cooperación entre los pueblos.
La Unión Europea, subordinada a Estados Unidos, avanza hacia la militarización y el recorte de derechos. España, con un modelo productivo precarizado, sufre desindustrialización, crisis de la vivienda, dependencia energética y tecnológica y un aumento del coste de la vida que golpea con especial dureza a la clase trabajadora.
Este 1º de Mayo la clase trabajadora de Córdoba vuelve a ocupar las calles no como ritual, sino como declaración de guerra social frente a la precariedad, la explotación y el abandono institucional. No hay celebración posible cuando en nuestra provincia el trabajo no garantiza vida digna, cuando la juventud está condenada a emigrar, cuando las mujeres sostienen los peores empleos del sistema y cuando la población migrante es utilizada como mano de obra descartable. En Córdoba no falta trabajo. Falta dignidad en el trabajo.
El Gobierno de la Junta de Andalucía presidido por Juanma Moreno Bonilla ha convertido los servicios públicos en un mercado abierto a la privatización, la externalización y el negocio empresarial, siguiendo el camino ya marcado por los sucesivos gobiernos del PSOE en la Junta.
Centros de salud con demoras de días o semanas para atención primaria; urgencias saturadas, especialmente en periodos de alta demanda; profesionales sanitarios que denuncian sobrecarga estructural y falta de sustituciones; dependencia con miles de expedientes paralizados y donde familias esperan meses o años por una prestación básica; y educación pública con aulas masificadas y falta de personal de apoyo. Mientras tanto, el Gobierno andaluz deriva cada vez más recursos a la sanidad privada y a la gestión externalizada de servicios esenciales. Esto no es ineficiencia: es un modelo político de transferencia de riqueza pública hacia intereses privados. Defender lo público en Córdoba hoy es defender un derecho conquistado frente a un proceso de saqueo planificado.
Las reformas laborales han consolidado un modelo donde el trabajo ya no garantiza estabilidad.
En Córdoba esto se traduce en: contratos de días o semanas en hostelería y comercio, rotación constante en logística y almacenes, parcialidad impuesta en sectores feminizados,
subcontratación en cadena en limpieza, servicios y mantenimiento, y una juventud que encadena empleos sin futuro. La realidad de la juventud cordobesa es clara: trabajar sí, pero sin proyecto de vida. La precariedad no es un fallo del sistema, es su funcionamiento normal. Se ha construido un mercado laboral donde la empresa gana flexibilidad y la clase trabajadora pierde derechos, ingresos y estabilidad.
En Córdoba, acudir a la justicia laboral es, para trabajadores y trabajadoras, un proceso largo y desesperante. Los juzgados de lo social acumulan retrasos, los procedimientos se alargan meses o años, y mientras tanto esos trabajadores y trabajadoras despedidas o explotadas queda en el aire. La empresa, en cambio, juega con ventaja: despide sabiendo que el proceso será lento,
incumple sabiendo que la sanción llegará tarde y presiona sabiendo que el sistema no responde con rapidez. Esto genera impunidad estructural y desmonta la única herramienta que el Sistema nos ha dejado para defendernos dentro del sistema a la clase trabajadora. La justicia laboral, tal y como está diseñada, no equilibra la relación laboral: la inclina aún más hacia el capital.
En nuestra ciudad la represión sindical no siempre es visible en titulares, pero existe en el día a día de los centros de trabajo. Se expresa en: despidos de trabajadores y trabajadoras organizadas en empresas de servicios; presiones a delegados y delegadas sindicales en sectores de logística y distribución; sanciones internas a quienes denuncian condiciones abusivas; listas negras informales en sectores con alta rotación; e incluso denunciando por vía penal a trabajadores, trabajadoras y sindicalistas por hacer acción sindical. En el tejido productivo cordobés —hostelería, campo, logística, limpieza— organizarse tiene consecuencias. Se intenta imponer una idea: que reclamar derechos tiene un coste personal. Pero cada intento de intimidación revela lo mismo: cuando la clase trabajadora se organiza, el poder económico responde con represión.
Como ejemplos, estamos viendo en Hitachi cuando han sancionado a trabajadores y trabajadoras en huelga, o como han reducido la inversión provocando la intervención del gobierno estatal. O como Construcor amenazaba con un cierre patronal en la construcción a raíz de la huelga de los gruistas. O como la empresa Duplach Group que ha demandado por vía penal a trabajadores, trabajadoras y sindicalistas por hacer sindicalismo y denunciar las malas condiciones laborales a la que se estaba sometido. Y, aun así, seguimos.
En Andalucía, y también en Córdoba, la siniestralidad laboral sigue siendo una de las más altas del Estado. No es casualidad. En el campo, las campañas agrícolas siguen dependiendo de ritmos intensivos y condiciones duras; en la construcción, persisten riesgos por subcontratación y presión de tiempos; en logística y reparto, aumentan los accidentes ligados a ritmos imposibles y jornadas largas, y en servicios, la falta de prevención es estructural. Cada accidente laboral no es un fallo individual, es el resultado de un sistema donde se prioriza la producción sobre la seguridad.
Cuando en Córdoba una persona trabajadora no vuelve a casa, no es una tragedia aislada; es una responsabilidad política y empresarial directa. No son muertes son asesinatos, es terrorismo patronal.
En muchos convenios actuales, también en Córdoba, se ha normalizado una práctica profundamente regresiva: el salario base está por debajo del SMI, y se alcanza el mínimo legal mediante complementos. Esto supone una degradación grave de la negociación colectiva por tres razones: el salario base queda artificialmente reducido; los complementos pueden desaparecer o absorberse; y el convenio pierde capacidad real de mejora salarial. Es decir, se cumple la ley en apariencia, pero se vacía de contenido el derecho. Esto no es técnico, es político. Por eso exigimos con claridad: ningún convenio colectivo en Córdoba puede establecer salarios base por debajo del SMI. El salario mínimo debe ser el punto de partida real de cualquier negociación, no un techo maquillado.
La precariedad en Córdoba no es un fenómeno puntual, es un modelo económico. Se sostiene sobre turismo estacional y mal pagado; agricultura intensiva con mano de obra vulnerable; comercio con horarios partidos y salarios bajos; servicios externalizados con alta temporalidad; y una juventud expulsada del mercado laboral estable. El resultado es claro: Córdoba es una provincia donde trabajar no garantiza quedarse. Miles de jóvenes emigran cada año buscando fuera lo que aquí se les niega: dignidad.
Las mujeres trabajadoras en Córdoba siguen concentradas en los sectores peor pagados y más inestables: cuidados, limpieza, comercio, servicios, sanidad y educación. Sufren brecha salarial; parcialidad obligatoria; sobrecarga de cuidados no remunerados; y mayor exposición a la precariedad; y sostienen con su esfuerzo un sistema que la administración abandona deliberadamente para favorecer a empresarios amigos.
Las personas migrantes, por su parte, son utilizadas como fuerza de trabajo flexible, temporal y subcontratada; muchas veces en condiciones precarias y de extrema vulnerabilidad como en el campo, la hostelería, los servicios externalizados, limpieza, cuidados y servicios auxiliares.
Y además, ambos colectivos son utilizados políticamente como chivo expiatorio por discursos racistas y reaccionarios.
Frente a ello afirmamos: no hay personas trabajadoras de primera y de segunda. Solo hay clase trabajadora. Una sola clase, una sola lucha.
Este 1º de Mayo en Córdoba no es una fecha simbólica. Es un punto de inflexión. O la clase trabajadora se organiza en cada centro de trabajo, en cada barrio, en cada sector o seguirá siendo gestionada, explotada y dividida.
Frente a la Junta de Andalucía y su modelo de privatización, frente a la patronal que precariza, frente a la represión sindical, frente al racismo y el machismo estructural, frente al capitalismo que nos explota, solo hay una respuesta posible: organización, conflicto y lucha de clase.
Porque en Córdoba no sobra gente. Lo que sobra es explotación. Y la clase trabajadora no ha venido a sobrevivir: ha venido a cambiarlo todo.
¡¡¡VIVA EL PRIMERO DE MAYO Y LA LUCHA DE LA CLASE TRABAJADORA!!!
¡VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!
