La pretendida apuesta de la Junta de Andalucía por el acogimiento familiar, no es más que una mera artimaña con la que esconder un vergonzoso recorte presupuestario en uno de los ámbitos sociales más sensibles, por afectar a un colectivo tan vulnerable como es el de la infancia maltratada.

Durante las últimas semanas hemos podido encontrar en diversos medios de comunicación diversas noticias relativas a la denuncia, por parte tanto de la patronal del sector, como de sindicatos y partidos políticos, de los importantes recortes presupuestarios que se están llevando a cabo en Andalucía en materia de protección de menores, especialmente en el ámbito del acogimiento residencial, esto es, en lo relativo a los centros de protección de menores.

Estos recortes han sido desmentidos desde la Junta de Andalucía defendiendo que no existe recorte alguno, sino que habría que hablar de una reordenación del gasto, ya que lo que deja de destinarse al acogimiento residencial, se destina al acogimiento familiar, lo que implicaría no sólo el mantenimiento de la inversión pública en materia de protección de menores, sino una mejora, al potenciarse una medida de protección más adecuada.

Sin embargo, la realidad con la que nos encontramos es muy distinta.

Hay que recordar que ya el pasado año se produjo un recorte significativo en el ámbito de la protección de menores en Andalucía. Un recorte que se tradujo en el cierre de centros de protección, lo que obligó a agrupar a los menores en centros de mayor capacidad, con el consiguiente perjuicio a su adecuada atención.

En el caso del acogimiento familiar, el recorte fue para el periodo de contratación 2013-2014, según AVAS (empresa responsable del Programa de Acogimiento Familiar en la provincia de Córdoba), del 10% del presupuesto, quedando congelado para el periodo 2014-2015, hecho que no concuerda con la lógica del reordenamiento del gasto esgrimido por la Junta de Andalucía y que, obviamente, ha supuesto un claro perjuicio tanto para las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, como para la atención a familias y menores.

Ante esta argumentación, desde la Junta de Andalucía se nos podría corregir recurriendo a uno de los mantras más utilizados en las últimas semanas. Esto es, que la quita en acogimiento residencial se destinaría principalmente a la implantación del denominado acogimiento profesionalizado, una modalidad de acogimiento que, dudamos absorba la totalidad del dinero recordado de acogimiento residencial y que por lo que respecta a la provincia de Córdoba, tiene muy escasa implantación y que daría mucho que hablar dada su imprecisa delimitación y los, cuando menos, difusos cauces de acceso al mismo, algo que puede generar situaciones muy controvertidas cuando estamos hablando del cobro de alrededor de 800 euros al mes, en los tiempos que corren.

La realidad para nosotras y nosotros es que ésta pretendida apuesta por el acogimiento familiar no es más que una mera artimaña con la que esconder un vergonzoso recorte presupuestario en uno de los ámbitos sociales más sensibles, por afectar a un colectivo tan vulnerables como es el de la infancia maltratada.

No queremos terminar el presente comunicado sin mostrar todo nuestro apoyo a las trabajadoras y trabajadores que, como nosotros y nosotras, están siendo víctimas de esta situación.

Sección Sindical de CNT en la empresa AVAS