El sindicato ha denunciado repetidamente la situación ante la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sin que se tomen otras medidas que culpabilizar a los trabajadores.

CNT ha iniciado un proceso contencioso-administrativo para reclamar el contrato de prestación de servicios entre la Junta de Andalucía y AVAS, que se le viene negando reiteradamente.

Los trabajadores ya se vieron afectados por los impagos de la anterior contratista Federación Mujeres Progresistas de Andalucía (FMPA) que se declaró en concurso de acreedores dejando un reguero de deudas con trabajadores, proveedores, además de varias subvenciones sin justificar.

El pasado día 1 de abril de 2014, la Sección Sindical de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en la Asociación de Voluntarios de Acción Social (AVAS), registraba en la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, un escrito dirigido a la Consejera, como principal responsable de la protección de menores en Andalucía, en el que volvíamos a incidir en las quejas ya trasladadas tanto a ella como a la Delegada Territorial en Córdoba de dicha Consejería en escrito registrado el 23 de diciembre de 2013 y en el que expresábamos nuestra queja por los reiterados impagos de nuestras nóminas por parte de AVAS, empresa que gestiona como ICIF el Programa de Acogimiento Familiar en la provincia de Córdoba en virtud del contrato de prestación de servicios públicos suscrito con la misma por parte de dicha Consejería.

Del mismo modo, le trasladábamos nuestra preocupación por el riesgo manifiesto de que tal situación acabase afectando a la adecuada prestación del servicio contratado, al obligar al personal del programa a cubrir económicamente el pleno funcionamiento del mismo, asumiendo el coste de los desplazamientos fuera de la capital.

En ambos escritos apelábamos a su responsabilidad como organismo público que debe garantizar la adecuada prestación de este servicio. Y le solicitábamos una reunión urgente para trasladarle de forma más detallada el alcance de la situación, con el deseo de que se solucionasen, de forma definitiva, los problemas que veníamos arrastrando desde hacía dos años.

Del escrito de diciembre de 2013 y la solicitud de entrevista realizada nunca más se supo. Sin embargo, tras el segundo escrito, el del 1 de abril de 2014, se ha abierto la caja de los truenos.

El día 3 de abril, AVAS comunica a los trabajadores y trabajadoras del Programa de Acogimiento Familiar que desde la Consejería se les ha informado de que el Contrato de Prestación de Servicios Públicos que tienen suscrito con esta entidad para el desarrollo, como Institución Colaboradora de Integración Familiar (ICIF), del Programa de Acogimiento Familiar, no se firmará con vigencia de un año como se había hecho en años anteriores, sino que se hará con una vigencia de seis meses.

Este hecho resulta cuando menos extraño si tenemos en cuenta que el periodo de vigencia del nuevo contrato debía empezar el 1 de abril. Según la empresa, los motivos de que desde la Administración andaluza se haya tomado la decisión de reducir el periodo de contratación no están relacionados con el cumplimiento de las actuaciones exigidas en el contrato, exigencia que, señalan, se ha cumplido, sino con otras cuestiones y que se concretan fundamentalmente en dos:

unas supuestas quejas, que no se concretan, de las familias acogedoras sobre el servicio que se les presta (canalizadas fundamentalmente, según señalan, a travésde la Asociación Mírame), y lo que llaman un problema de "actitud" en la relación del personal técnico de AVAS con el Servicio de Protección de Menores.

Es importante destacar que, en esta reunión, la empresa no tiene reparos en valorar que las quejas del personal de la sede de Córdoba son una de las razones que sustentarían la decisión de reducir la vigencia del contrato a seis meses.

El día 7 de abril, se envía una circular a toda la plantilla del Programa de Acogimiento Familiar convocando a una nueva reunión para el día 9 de abril. En esta reunión, y para sorpresa de todos y todas, ya que hasta entonces no se había hecho, se presenta por parte de la empresa y para su aprobación, un acta de la reunión del 3 de abril. Un acta que no se corresponde con la realidad, por lo que la mayoría de la plantilla decide no firmarla, y en la que, además de desaparecer por arte de magia los problemas de "actitud" antes señalados, se observa una clara intención de presentar un comportamiento inadecuado de determinados trabajadores y trabajadoras que posteriormente son apercibidos disciplinariamente.

Llegados a este punto, no esta mal hacer una aclaración histórica que puede dar algo de luz sobre las razones que pueden estar llevando tanto a la Junta de Andalucía como a AVAS a actuar de la forma en que lo están haciendo.

Hay que aclarar que la plantilla del Programa de Acogimiento Familiar de AVAS en Córdoba capital está compuesta por el personal técnico que hasta el 31 de marzo de 2012 pertenecía al Programa de Acogimiento que la Federación Mujeres Progresistas de Andalucía (FMPA) desarrollaba en Córdoba, siendo en aquel momento dos ICIF las que trabajaban en la provincia, FMPA y AVAS.

Las constantes denuncias realizadas por el personal técnico, entonces en Mujeres Progresistas, y que se concretaban fundamentalmente en los impagos de salarios y las dificultades para cubrir de forma adecuada el servicio exigido en el Convenio de Colaboración suscrito, obligaron a la Consejería a tomar la decisión de no prorrogar el servicio con Mujeres Progresistas. Un mes después, esta entidad presentaba concurso de acreedores, dejando tras de si una deuda de varios millones de euros que se reparten entre un vergonzoso reguero de deudas a proveedores, subvenciones sin justificar y sueldos sin pagar a sus trabajadoras y trabajadores, lo que en el caso del Programa de Acogimiento Familiar se concretaba en el adeudo de dos meses de salario y los gastos de desplazamiento de otros tantos, deuda que, a día de hoy, y si bien con sentencia judicial firme a nuestro favor, se mantiene.

Este colectivo de trabajadores y trabajadoras, se vieron en la obligación de luchar duro por el mantenimiento de sus puestos de trabajo ya que se encontraron con la hostilidad tanto de la Junta de Andalucía como de AVAS, quienes se negaban a reconocer el derecho a subrogación de la plantilla. Tras veinte días en el paro, finalmente ambas entidades, Administración y ONG, se vieron obligadas a cumplir la ley, entrando la antigua plantilla de Mujeres Progresistas a formar parte del Programa de Acogimiento Familiar de AVAS ya que ésta había sido la entidad a la que la Junta de Andalucía había decidido desde un principio conceder la gestión del Programa que, hasta entonces, desarrollaba Mujeres Progresistas.Esta hostilidad manifiesta tanto de la Junta de Andalucía como de AVAS hacia este colectivo se refleja también en la permanente negativa de ambas entidades a facilitar

a los trabajadores y trabajadoras copia del contrato de prestación de servicios públicos suscrito entre ambos, a pesar de tener derecho a la misma, obligando a esta sección sindical a presentar un pleito por la vía contencioso administrativa contra la Junta de Andalucía para conseguir una documentación a la que por ley tiene derecho. Algo que queda muy lejos del tan cacareado espíritu de transparencia del que hace gala el gobierno andaluz en la actualidad.

En AVAS, nos encontramos desde un principio con más de lo mismo. Los retrasos en el pago de nóminas fueron una constante desde un principio, debiendo asumir, igual que en MPA los gastos de desplazamiento, todo ello con el agravante de que cuando entramos en esta empresa llevábamos dos meses sin cobrar nuestros sueldos.

Esta situación de precariedad e insolvencia manifiesta de la entidad contratante del servicio público fue puesta en conocimiento de la Administración responsable desde el principio. De hecho, en el otoño de 2012 dos representantes de la Sección Sindical de la CNT en la empresa se reunieron con la Vicedirectora de la actual Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias de la Consejería para abordar esta cuestión. Sin embargo, los problemas no se solucionan. Desde entonces, han sido varias las ocasiones en que se ha denunciado la situación por la que atraviesa el Programa de Acogimiento Familiar en Córdoba, recibiendo la callada por respuesta. Hasta ahora, momento en que tanto desde la Junta de Andalucía como desde AVAS se adopta la estrategia de convertirnos a nosotros y nosotras en el problema, adoptando medidas disciplinarias.

A día de hoy el retraso en los pagos de salarios sigue siendo una constante, a la que hay que sumar la no cobertura por parte de la empresa de excedencias y reducciones de jornada de trabajadoras por conciliación familiar, lo que implica desgraciadamente una merma en el servicio que se debe prestar a menores y familias, agravado todo ello por los recortes presupuestarios que, por su parte, ha realizado la Junta de Andalucía en los últimos años. Finalmente, queremos dejar claro que los trabajadores y trabajadoras del Programa de Acogimiento Familiar de AVAS, no nos vamos a dejar intimidar. Seguiremos defendiendo tanto nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras, como el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a recibir unos servicios públicos de calidad, a que se garantice que el dinero destinado a la protección de menores se gaste en eso, y a que tanto la administración pública como las entidades privadas que trabajan para ella, asuman un compromiso de transparencia real.

En Córdoba, a 14 de abril de 2014.

Sección Sindical de CNT en la empresa AVAS