El 27 de marzo de este año, la empresa Bellido Pérez S.L. despidió a los dos albañiles, alegando el motivo de finalización de contrato. Los trabajadores llevaban dos años prestando servicios para la empresa. Uno de los trabajadores había comenzado a trabajar sin contrato, firmando tras varios meses de trabajo un contrato temporal por obra o servicio determinado, modalidad bajo la que también trabajaba el segundo de ellos.
En el juicio, quedó demostrado que la obra para la que estaban trabajando no había terminado en la fecha en la que fueron despedidos, lo que convertía en improcedentes los despidos. Además, en el caso del trabajador que inició su relación laboral sin contrato escrito, se acreditó que gracias a este motivo, su contrato realmente era de carácter indefinido, siendo nulo el que había suscrito por obra o servicio.
Junto a estos dos trabajadores, otros seis más tienen también demandas contra la empresa por impago de salarios. Las viviendas que estaban construyendo estos trabajadores se terminaron y con ellas el contrato que éstos tenían. Sus salarios habían sido abonados en algunas mensualidades por la empresa promotora de las casas, Turobriga S.L., por la falta de liquidez de Bellido Pérez. Cuando ésta prescindió de los trabajadores, dejó de pagarles el salario de los dos últimos meses de trabajo. Alegando que no disponía de dinero, la empresa constructora dijo a los trabajadores que si querían cobrar, deberían pedir sus sueldos a la promotora de las viviendas. No obstante, ésta le dio la misma respuesta a sus peticiones, negándose a pagar ni siquiera una parte del dinero que les debía.
Contra esta posición de la empresa, los compañeros demandaron a la empresa, pero al mismo tiempo se ha desarrollado una intensa campaña sindical para conseguir cobrar sus salarios y para difundir las prácticas de la empresa. Se han convocando concentraciones y actos a lo largo de unos meses ante el empresario de Turobriga, que se negaba a tener cualquier negociación con los trabajadores. El pasado 18 de septiembre se ha celebrado también el juicio correspondiente a esta demanda.
El fraude en el ladrillo
La situación de todos estos trabajadores es muy común en el sector de la construcción, en el que se trabaja con frecuencia sin contrato, o con formas fraudulentas de contratación. Lo demuestra el que muchos de los trabajadores que sufren accidentes de trabajo en este sector están en estas circunstancias, algo que empeora cuanto más pequeña es la empresa. A esto se suma la facilidad que tienen éstas para eludir el pago a los trabajadores, ya que la justicia trata con mucha displicencia esta circunstancia.
Ante la indiferencia de los sindicatos “mayoritarios” y la vista gorda de la inspección de trabajo y la administración laboral, los trabajadores se han adaptado a esta forma de trabajar y consideran todo esto como un escenario que hay que sufrir porque “las cosas son así”. Multitud de incumplimientos de la empresa son tolerados por los trabajadores, que tampoco reclaman ante los tribunales por las dificultades y el gasto que conlleva.
Pero estos compañeros no se resignaron a dar por perdidos sus derechos y recurrieron al sindicato. A través de éste se ha organizado la lucha en la calle para conseguir sus reivindicaciones, porque creemos que esta es la manera en la que tenemos que enfrentarnos al empresario que no cumple. Porque aunque también se acuda a los tribunales cuando es necesario, tenemos el derecho de exigir directamente lo que es nuestro. Ejerciendo este derecho, además, defendemos nuestra dignidad como personas, y ayudamos a dispersar la impunidad en la que se mueve el mundo del trabajo. Una impunidad que cuesta tres vidas al día y se nutre de la tolerancia social hacia el fraude en el trabajo, pero que se puede romper de forma colectiva. Esta es la tarea del sindicato.