Nunca más muertos evitables, nunca más negocio con la sanidad Porque la privatización y los recortes, MATAN.

– Exigimos la derogación de la ley 15/97 de privatización de la sanidad y de toda la legislación que permita y facilite la privatización sanitaria. 

• Exigimos que se rescate todo lo privatizado y externalizado.
• Exigimos una atención primaria centrada en la salud colectiva.
• Exigimos un sistema público suficiente que permita la supresión de los conciertos con hospitales privados.
• Exigimos que sea incompatible para los profesionales de la sanidad pública trabajar en la privada.
• Y queremos fuera de la sanidad a las empresas.

Hace ya más de veinte años que se permitió a los grandes capitales hacer negocio con la sanidad pública. Para ello aprobaron la ley 15/97 que ha permitido durante todos estos años que cualquier centro sanitario o sociosanitario del estado español pudiera ser gestionado y explotado por empresas con ánimo de lucro.

Han sido los tiempos del auge de los seguros sanitarios privados, de los hospitales privatizados, del deterioro planificado de los servicios de atención primaria, de las listas de espera interminables para una prueba o para una operación, que hemos ido sufriendo quiénes no teníamos ni queríamos tener un seguro privado. Han sido los años de recortes de plantillas, de fomentar que los profesionales sanitarios ganaran más dinero si gastaban menos en materiales, de externalización de servicios hospitalarios a empresas privadas.

Se han sucedido los recortes y cierres en los hospitales públicos, mientras se derivaba lo poco complejo y económicamente rentable a los privados, bajo distintas fórmulas contractuales. Esta ha sido la tónica en todo el Estado, con mayor o menor intensidad, e independientemente de quien gobernara. Todos los gobiernos la han utilizado, creándose, en muchos casos, fuertes conexiones entre los gestores públicos y la sanidad privada.

Porque la ley 15/97, de privatización de la sanidad, permitió y dio pie, junto a la legislación desarrollada posteriormente, a la parasitación del sistema público. Un sistema ideado para que los hospitales privados “complementaran” a los públicos excepcionalmente, ha sido la estratagema para dirigir el dinero público a los bolsillos privados, mientras los centros públicos mantenían infrautilizadas alta tecnología sanitaria, camas, quirófanos, etc. En 2018, unos diez mil millones de euros, 1 de cada 7 euros, se dedicaron a conciertos privados.

Solo manteniendo el sistema sanitario al margen del negocio, del ánimo de lucro, podremos recomponer un sistema sanitario universal. Un sistema que actúe contra los determinantes de la enfermedad y sea capaz de atender en plazos razonables a todas las personas. Pero para ello es imprescindible, en primer lugar, derogar las leyes que permitieron que nuestra sanidad haya estado funcionando como una empresa. Y es necesario blindar el sistema de forma que ni un euro de nuestros impuestos, pueda jamás ir a parar a bolsillos privados. No hay caminos intermedios para recuperarlo, es imprescindible derogar la ley 15/97, y toda la legislación que permita o facilite la privatización de la sanidad pública, empezando por el artículo 90 de la Ley General de Sanidad.

• Exigimos una industria sanitaria y farmacéutica pública.< >Hoy día la industria farmacéutica tiene una influencia decisiva en la formación del personal sanitario y dirige la totalidad de la investigación, controlando en la práctica la prescripción de medicamentos. Por ello, exigimos que la investigación, distribución y dispensación de medicamentos estén sometidas a la planificación estratégica del Sistema Nacional de Salud.

  Exigimos la creación de una Industria Farmacéutica Pública que se ocupe de la investigación, fabricación y distribución de, al menos, los medicamentos considerados esenciales.

  Exigimos la puesta en marcha de los estudios necesarios para desarrollar una industria sanitaria para aquellos elementos esenciales dentro del sistema sanitario: material de protección (mascarillas, EPIs, etc.), respiradores, test diagnósticos, etc.

• Exigimos Sanidad para todos, independientemente de la situación administrativa.
  • Las políticas vigentes son responsables de poner miles y miles de vidas en peligro,llevando a cabo una vulneración racista del derecho a la salud. Recordemos, además, que la financiación pública de los servicios sanitarios proviene exclusivamente de los impuestos (directos e indirectos) a los que toda persona contribuye con independencia de su origen, nacionalidad o situación administrativa. Por todo ello, exigimos que nos sea devuelto el derecho robado a la salud y se implante de manera inmediata una sanidad pública, universal, gratuita en el momento del uso, de calidad para todos y todas, sin requisitos ni excepciones, incluidas las personas migrantes en situación irregular.
• Exigimos Cuidados dignos y residencias públicas para nuestros mayores.< >Exigimos servicios socio-sanitarios 100% públicos. Eliminación de los conciertos, subvenciones públicas, “gestión indirecta” de los centros, así como de cualquier tipo de mecanismo de colaboración público-privada.
  

  Centros residenciales públicos y de calidad, con personal y gestión pública 100%.

  Incremento de ratio de personal de todas las categorías y definición de los perfiles profesionales.

  Vinculación de las residencias con el Sistema sanitario a través de Atención Primaria.

  Derecho a una plaza en residencia pública para todas las personas.

• Exigimos un sistema sanitario centrado en los determinantes sociales de la salud y la enfermedad.< >Proponemos el establecimiento del “Principio de Precaución” como un principio fundamental de la acción sanitaria en todos sus niveles. Para no seguir actuando solo sobre los síntomas, sino sobre las causas, porque debemos “prevenir lo que no sabemos curar”.
  

  Exigimos un Sistema de Salud, basado en la prevención de la enfermedades, que planifique su actividad de forma coordinada con otros sectores sociales, estableciendo prioridades basadas en la reducción de las desigualdades sociales, en la mejora del estado de salud de la población y en la inversión en bienestar social, aunque para ello haya que cuestionar el “crecimiento” económico.

  Exigimos que los aspectos relacionados con la salud laboral pasen a ser competencia del Sistema de Salud con autoridad para intervenir sobre las condiciones de trabajo.

Por un sistema sanitario público, universal, y de calidad