La crisis inmobiliaria reduce drásticamente el número de excavaciones en Barcelona y causa despidos y el cierre de empresas especializadas en el sector
La crisis económica actual, y la inmobiliaria en particular, ha acabado afectando a un mundo tan opuesto de entrada como es el de la arqueología. La recesión económica ha hecho que se construya y que se excave menos. Esto es así porque más del 90% de las excavaciones arqueológicas de Barcelona (y de Cataluña) son intervenciones preventivas -las tradicionales urgencias- que la ley obliga a costear a los promotores inmobiliarios antes de comenzar una obra, siempre que pueda afectar a restos del pasado. El descenso de actividad ha hecho que en los últimos dos años, algunas de las cerca de 20 empresas que daban trabajo a un colectivo de 400 trabajadores en toda Cataluña y que en 2007 firmaron el primer convenio laboral del sector de toda España hayan cerrado sus puertas o hayan despedido a parte de sus trabajadores.
Según el Anuari d’Arqueologia i Patrimoni de Barcelona 2008, que acaba de publicar el Museo de Historia de Barcelona, en ese año se realizaron menos excavaciones arqueológicas en Barcelona que en cualquiera de los seis últimos años. Con 97 intervenciones arqueológicas se tocó fondo en el proceso de descenso iniciado en 2005 que, con 138 excavaciones, marcó el máximo de actividad arqueológica de los últimos 10 años, coincidiendo con el boom inmobiliario que vivió esta ciudad. Pese a todo, según el anuario, las excavaciones sufragadas en Barcelona por los promotores supusieron ese año una inversión directa de un millón de euros.
Este no es el único dato negativo que recoge la publicación. Según Josep Pujades, responsable de intervenciones arqueológicas de la ciudad, el tipo de actuaciones ha ido cambiando por la crisis, pasando de realizar grandes excavaciones en solares enteros a pequeños trabajos -como la instalación de un ascensor- y de corta duración. Además, el 31% de los proyectos redactados por el Servicio de Arqueología de la ciudad no llegaron a realizarse (42 de 139), por la lentificación o paralización de las obras.
“El descenso supuso un fuerte altibajo para una actividad económica que se había mantenido al margen de los vaivenes del mundo laboral”, explica Pujades. Es una situación que durante 2009, con el agravamiento de la crisis, no ha hecho más que empeorar. Francesc Florensa, representante de la Asociación de Empresas de Arqueología de Cataluña, que aglutina desde 2003 algunas de estas sociedades -Actium, Arqueociència, Arqueolític, Atics, Codex, Estrats, Janus y Món Iber Rocs, en la actualidad- asegura que son varias las empresas que han desaparecido en los dos últimos años. Es el caso de Tea y Arqueocat, “esta última con una gran experiencia en la arqueología catalana”. Según Florensa, otras empresas siguen funcionando, pero han reducido el volumen de trabajo y el número de sus empleados, “pasando de los alrededor de 20 trabajadores, a sólo dos o tres personas”. Para este arqueólogo, la solución pasa por que “las empresas diversifiquen su oferta y realicen otros trabajos como estudios de impacto ambiental o seguimientos de obras públicas, sean carreteras o ferrocarriles; algo que muchas de las que están sobreviviendo a la crisis ya realizan desde hace tiempo”, asegura.
El Convenio Colectivo de Arqueología y Antropología de Cataluña a ha propiciado que la situación de técnicos y obreros especializados sea aún más crítica con esta “crisis especulativa”. En los tiempos de especulación urbanística descontrolada las Empresas citadas en el artículo pagaban sueldos de miseria a sus trabajadores, ahora “todos al paro”, o a trabajar en preario, aún más en precario se cave.
La situación en Córdoba, y en el resto de Andalucía, no es mucho mejor. La solución no está en que las empresas diversifiquen su oferta. No queremos ni pensar en que las empresas de arqueología se reconviertan en especialistas en destrucción de fosas de la represión fascista. No olvidemos que este tipo de empresas no tienen ni los medios técnicos, ni los humanos para ampliar su oferta. No son empresas que puedan abordar una obra de restauración de inmuebles patrimoniales (por ejemplo). Este tipo de empresas, no lo olvidemos sólo tiene un teléfono (en el mejor de los casos una oficina-estudio) y se limitan a contratar mano de obra y técnicos. Porque, no lo olvidemos basan su beneficio únicamente en las nóminas de sus asalariados (en la diferencia entre lo contratado con la promotora y lo pagado realmente al técnico u obrero).
Si algo bueno tiene esta crisis es la criba de empresas fantasma (más cercanas a las ETT que a verdaderas empresas de servicios).
En Córdoba el reciclado está pasando por las obras de restauración, dónde se supone que las empresas realizan los estudios técnicos de apoyo. Pero como antes de la crisis, ahora nos tememos que seguirán con el mismo “modelo empresarial” aportar la mano de obra y los técnicos, sin más. Actuar como siempre, de subcontratas, de meros intermediarios. Con una grave diferencia, en Córdoba no hay técnicos formados en Arqueología de la Arquitectura, en la lectura de paramentos, ni en la interpretación estratigráfica del proceso constructivo. Es un trabajo altamente especializado, para el que ninguna empresa cordobesa, y muy pocas españolas están preparadas. Las consecuencias sobre nuestro patrimonio (esta vez inmueble) serán tan funestas como las que hasta ahora han afectado al Patrimonio Arqueológico.
No, la solución no pasa por un reciclaje de la actividad empresarial. La solución está en cambiar radicalmente el modelo de Gestión Patrimonial. la solución pasa porque desaparezcan. Porque el modelo es a todas luces inoperante (miles de excavaciones sin resultados científicos), pernicioso (cientos de miles de metros cuadrados de ciudad histórica, arrasados), caótico (dos administraciones con un control paralelo y superpuesto), y perverso (durante más de 20 años no ha consolidado ni un solo puesto de trabajo).
No, Empresas de servicios privadas realizando trabajos que son propios de la Administración Púbica, cobrando de promotores privados, que pagan servicios que debería realizar la Administración, no es un buen modelo.
Señores promotores, señores constructores, deberían de negarse a pagar las Intervenciones Arqueológicas, no es su responsabilidad. Su responsabilidad no es estudiar, ni conservar, ni difundir el patrimonio arqueológico. Su responsabilidad está únicamente en no destruirlo. Deberían de exigir a la Administración Pública que libere los solares recalificados de la servidumbre arqueológica, antes de que se redacten los proyectos de urbanización. Que las licencias de obra no estén supeditadas a esta servidumbre. Que cuando compren un terreno, este ya esté excavado, o sondeado. Y que esta excavación sea financiada y realizada por la Administración Pública. Deberían exigir una mínima planificación previa a la urbanización. No, pueden destruir el patrimonio impunemente como lo hacían antes de los 80, pero lo que tampoco deberían poder es pagar para destruirlo legalmente (les está saliendo demasiado caro, y le están ahorrando a la AP mucho dinero, que al fin y al cavo repercute en el precio final de las viviendas).
Los ciudadanos que compran pisos, están pagando alrededor de un 10% más de su coste real, porque la AP hace dejación de un servicio público y lo deja en manos de promotores privados (el estudio, la conservación del Patrimonio).
En este panorama las empresas de Arqueología son meros intermediarios que elevan el coste final de sus pisos. Porque si las Intervenciones las realizaran las constructoras (contratando directamente los técnicos, como se hacía hasta los 90), se ahorrarían los beneficios de estos intermediarios (que presupuestan un técnico por 3.500€ y a lo sumo le pagan 1.200€, ó 900€). Por lo que también nos beneficiaríamos los arqueólogos.
Por ello deberíamos todos (constructores, ciudadanos y arqueólogos) exigir un SERVICIO PÚBLICO DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA, en lugar de pagar esta especie de “patente de corso” que son las Intervenciones Arqueológicas. Porque la única beneficiada con todo esto el la Administración Pública que se ahorra un buen dinero, a costa de todos nosotros. Los perjudicados somos todos, y sobre todos nuestro, cada vez más escaso Patrimonio Arqueológico. Porque la consecuencia más directa de este sistema de gestión es la incapacidad real de la AP para apostar por la conservación. Puesto que si se pretende que un promotor inmobiliario financie una excavación, luego no se puede exigir que no construya (paga para liberar su terreno, no para conservar los restos).
Por todo esto, lo mejor que puede parar es que desaparezcan las empresas de arqueología, porque en este sistema son totalmente superfluas. Aparecieron en un momento de boom inmobiliario, en el que a la AP le resultaba más fácil controlar a cuatro empresas que a cuarenta arqueólogos, diciendo todos que estos restos son muy importantes. Los arqueólogos profesionales tienen un código deontológico, generalmente les gusta su trabajo, y en el fondo son propensos a la conservación del patrimonio arqueológico. En una empresa la única prioridad es el beneficio económico (cuanto más y más rápido mejor). Un técnico contratado en precario, o dependiente de una empresa es mucho más dócil. Por otra parte, la Universidad ha renunciado a su papel de garante científico, inexplicablemente, ha tomado otro partido. Se ha convertido, en la práctica, en una empresa más (la mayor, por cierto). Porque el Convenio UCO-GMU, no es otra cosa que una empresa pseudopública que realiza las obras municipales (donde la investigación tiene un papel muy secundario). Empresa, todo hay que decirlo, sin beneficio económico para la Universidad (a no ser que de gestión de los ingresos de las nóminas que sufraga íntegramente la GMU pueda beneficiar en algo en concepto de gastos de gestión). Pero beneficios tiene y muchos, sino económico, si reales puesto que le sirve de promoción a antiguos alumnos (elegidos por convocatorias, cuando menos oscuras), la firma de convenios para prácticas del alumnos de tercer ciclo, la valoración positiva en los indices de calidad (como la transferencia tecnológica, hoy tan de moda e imprescindible para la concesión de proyectos de investigación con dotación económica) y un largo etc. La GMU sí que se ahorra la financiación de un verdadero Servicio de Arqueología (sin duda mucho más caro), en definitiva, balanza está equilibrada. Pierde eso sí la Investigación, pero si se va cumpliendo el expediente administrativo, eso a quién le importa.
Si la Universidad está condicionada, porque es parte del sistema, si la AP ha creado el sistema al permitir que la financiación sea no solo privada, sino que esté en manos de la parte menos interesada en la conservación. Si los arqueólogos tienen una situación tan precaria que no pueden opinar libremente, si los ciudadanos piensan que la arqueología solo es una rémora para el desarrollo urbano (idea, demagógica y populista, por cierto promovida desde el Ayuntamiento), QUE NADIE NOS ACUSE DE RADICALES SI DEFINIMOS ESTE MODELO COMO DEMENCIAL. Es un Modelo de Gestión que surge porque la Delegación de Cultura no tiene presupuesto suficiente para hacerse cargo de las Intervenciones, y repercute este coste en los promotores inmobiliarios. Los promotores pagan, pero a cambio exigen, y exigen lógicamente construir (están en su derecho). El Ayuntamiento es un promotor más (el mayor y mejor relacionado) y entra en el mismo sistema, paga las Intervenciones en sus terrenos para poder construirlos (como todos los demás promotores). Cuando el PGOU se aprueba el sistema entra en crisis, se liberan cientos de miles de metros con sus consiguientes Intervenciones Arqueológicas. Surgen las Empresas privadas de arqueología, propiciadas en parte desde la AP. Algunas empresas constructoras ven que le sale más barato crear una empresa de arqueología que contratar técnicos o a otra empresa (como PAVIMCOSA y THOR que crean filiales de arqueología). Mucho de este terreno liberado está destinado a infraestructuras, es propiedad del Ayuntamiento, o son solares destinados a servicios públicos. El Ayuntamiento hace cuentas, y concluye que le sale más rentable crear una empresa de Arqueología que contratar técnicos o a empresas privadas. Pero es una AP, y no puede crear una empresa tan fácilmente. Una idea inicial en ciernes “El Ente” que preveía una colaboración científica con la Universidad, inexplicablemente se transforma en lo que hoy es el convenio UCO-GMU, la mayor empresa de arqueología del estado español. Empresa porque funciona como tal, sin ser ni privada ni pública, ni empresa ni grupo de investigación, pero que realiza las Intervenciones Arqueológicas de la GMU, de las Promotoras Municipales, y de todos edificios de otras AP, además de algunas promociones privadas. La GMU, además de financiar, crear y controlar este convenio-empresa, tiene un Servicio de Municipal de Arqueología que asume responsabilidades en la Gestión y Control de las Intervenciones Arqueológicas (a través de la concesión de licencias de obra, supeditadas a la Información Arqueológica que dictamina este servicio). Una vez más lo que surgió como herramienta de protección del Patrimonio (la carta de Riesgo del PGOU) se ha transformado en la práctica en la excusa para asumir una competencia que no se tiene, el control municipal sobre las Intervenciones arqueológicas. Es decir, es a la vez juez y parte, promotor privado con empresa de arqueología y gestor público con control sobre Intervenciones Arqueológicas. Ninguna empresa privada de arqueología inicia una excavación o la finaliza sin la sanción del Servicio de Arqueología de la GMU. Todo ello sin tener competencias legales (competencias que son exclusivas de la Delegación de Cultura), pero como en la concesión de la licencia de obra de construcción sí es competente, el basta supeditar esta a la “Información Arqueológica”, para tener una competencia sino legal, si efectiva sobre el control de las Intervenciones. Un auténtico doble vasallaje, uno legal (con la delegación) y otro fáctico (con la GMU), al que tienen que han de someterse tanto constructores como empresas de arqueología.
Por supuesto en todo este proceso desaparecieron los Profesionales Libres, y los arqueólogos nos vemos envueltos en redes clientelares entre empresas (el convenio GMU-UCO actúa como tal), en una carrera de precarización acelerada que nos lleva a trabajar de falso autónomo, a contratos en fraude de ley, etc… Salarios de miseria y una situación de dependencia absoluta a cambio de trabajos de alta responsabilidad, porque es el arqueólogo quién valora la importancia de los restos y propone las medidas de conservación. Decide eso sí la comisión de Patrimonio, en la que están Delegación, el Ayuntamiento, la Universidad, y de la que fue expulsado el la sección de Arqueología del Colegio Oficial. Que todo hay que decirlo, quedó fuera del sistema, después de varios intentos de manipulación. Deciden en definitiva la Delegación de cultura, que creó el modelo, el ayuntamiento que se sumó en su doble función de promotor inmobiliario y “Gestor Patrimonial Paralelo”, y la Universidad que se beneficia y forma parte del mismo. Y así se cierra este círculo demencial.
Que nadie se extrañe de que en córdoba después de más 20 años de intervenciones arqueológicas, no solo no se conserve prácticamente nada, sino que además el conocimiento sobre nuestro pasado no sea mucho más relevante que el que teníamos en los años 90. A lo que hay que sumar la destrucción “legal” de cientos de miles de metros cuadrados (casi un millón), con el consiguiente coste económico. Coste repercutido exclusivamente en promotores y compradores de pisos. Coste del que no se ha beneficiado ningún arqueólogo (los empresarios, desde nuestro punto de vista no lo son). A no ser que por beneficio se entienda ejercer de técnico cobrando poco más, a veces menos, que un peón de albañil, y en una situación laboral precaria, subordinada y dependiente de redes clientelares.
Si a a lo que cuesta el convenio GMU-UCO le sumamos la inversión de los promotores privados, el sobre coste repercutido en las viviendas, el doble gasto de gestión en el Servicio de Arqueología Municipal y el del la Delegación de Cultura, y el del la RECA (de la que no hemos hablado porque está en parte fuera del modelo de gestión aquí enunciado), el gasto generado por los retrasos en las obras, los trastornos creados a los ciudadanos por la paralización temporal de obras públicas (pe. Ronda Poniente), las ampliaciones de presupuestos por una nula planificación. Y todos los Inconvenientes de este Modelo, las cuentas no salen
Un modelo público de arqueología preventiva
es objetivamente más barato y racional