Con este nuevo Estatuto, el PSOE instaura en la administración criterios propios de la gestión de la empresa privada, pretendiendo que éstos mejorarán la eficacia de los servicios públicos. En realidad, las novedades que se introducen vienen a fomentar la desigualdad dentro del colectivo de los trabajadores públicos. En la exposición de motivos, el legislador considera “injusto y contrario a la eficiencia que se dispense el mismo trato a todos los empleados,
cualquiera que sea su rendimiento y su actitud ante el servicio”, justificando de esta forma la desregulación salarial y profesional de los trabajadores que se introduce.
No deja de ser curioso que sea un partido llamado “socialista” quien realice esta consideración liberal, que es tan antigua como nulos son sus resultados desde el punto de vista de la mejora que trae consigo, visto, lógicamente, desde el punto del servicio público que se presta. En cuanto al “rendimiento”, la administración ha tenido siempre en su mano actuar contra los casos de aquellos que se limitan a recoger la nómina a final de mes sin haber dado golpe. Si no lo ha hecho es porque ha permitido y contribuido a perpetuar la “moral” interna del funcionariado procedente del franquismo. El corporativismo de un colectivo privilegiado por su estatus vio su correlato institucional en las prácticas caciquiles de los socialistas en las administraciones a las que llegaban, en el enchufismo a manos llenas, en la tolerancia de la corrupción cuyos procesos más notorios adornan la trayectoria de los más altos cargos del PSOE. Tampoco el PP mejoró en nada la actuación de sus predecesores. Y nuevamente los socialistas en el poder, parece que hubieran descubierto la panacea neoliberal contra la el bajo rendimiento desregulando los salarios, poniendo a los jefes a “valorar” a los empleados y creando un cuerpo de “directivos” cuyo trabajo será desempeñado con los criterios propios de la empresa privada.
No debe simplificarse la cuestión puesto que no es sencilla, pero si no se utilizaron los expedientes administrativos y el régimen disciplinario contra aquellos que viven en la administración como en un cortijo, en los casos en que es flagrante el fraude, sería pueril creer que este nuevo sistema va a conseguir que se preste mejor servicio. Una mejor organización y una mayor atención a los problemas reales de la sociedad; un trato más transparente y digno hacia la persona; una motivación de los trabajadores que venga por hacerles ver la importancia y calidad de su trabajo y no por ofrecerles una bolsa de monedas; el recorte en gastos faraónicos o inútiles (como los militares) y el aumento de los servicios sociales; el freno hacia la pérdida de servicios y competencias que se derraman constantemente al sector privado; la contratación indefinida en vez de los contratos temporales; la unificación de derechos de todos los trabajadores públicos; la reducción de las diferencias retributivas o una claúsula de revisión salarial . Estas y otras muchas podrían ser más interesantes de cara a mejorar el rendimiento de estos trabajadores que la amenaza de recortarte el sueldo si tu jefe no valora que has trabajado lo suficiente.
El reconocimiento del gobierno a los derechos de los trabajadores públicos es desde luego, mínimo. En este texto se reconoce que las distintas administraciones prefieren recurrir a la contratación de personal laboral en detrimento de los funcionarios, aunque los motivos de esta preferencia son curiosos de leer. Se dice textualmente no que no “existen razones que justifiquen hoy una extensión relevante de la contratación laboral en el sector público”, para terminar afirmando que “la flexibilidad que este régimen legal introduce en el empleo público y su mayor proximidad a los criterios de gestión de la empresa privada explican la preferencia por el en determinadas áreas de la Administración.”
Por tanto, de nuevo una alabanza a los criterios de gestión de la empresa privada. Parece que en realidad, lo que quiere el PSOE es privatizar por completo la administración. Esta pasión de los socialistas por la gestión privada se plasma al hablar del nuevo personal directivo, cuya “gestión profesional se somete a criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad y control de resultados en función de los objetivos.”
Cabria ahora hacer la reflexión acerca de quienes serán los que establezcan esos “objetivos”. Es decir, los políticos de turno. No vamos a hacer la sempiterna pregunta, que no por ello menos cierta, de quién les pide eficacia, eficiencia, responsabilidad y control de resultados a los políticos. Lo que nos interesa recalcar es que en este texto se citan como “objetivos” serán fijados por necesidades políticas y no por el servicio público, que como siempre, está subordinado al interés de los gobiernos.
Pero todavía está por demostrar que, considerado desde un punto de vista general, la gestión privada de ningún servicio o prestación sea mejor que la gestión pública. Tampoco es verdad que sea más barato un servicio privado que público. Pero como es el discurso dominante, parece que no hace falta justificarlo, simplemente se da por cierto. Pareciera que los trabajadores no pueden desempeñar su trabajo con estos criterios de eficacia o responsabilidad más que cuando están bajo un empresario privado, razón por la cual hay que acercar la administración a estas formas de gestión. Pero esto es falso, y no hace falta para demostrarlo más que apelar a la experiencia de nuestra vida diaria y nuestra relación habitual con el sector privado, como trabajadores y como usuarios.
Lo que si se consigue en cambio, con esta nueva privatización de la administración, ahora dirigida a la gestión de personal (como antes lo fue a las empresas públicas y a una larga lista de funciones y servicios) es trasvasar fondos al sector privado, precarizar los salarios y los puestos de trabajo y acrecentar las situaciones desregularizadas a través de contratación temporal, interinos, directivos, etcétera.