El Decreto de Inclusión de la Junta de Andalucía insta a la emisión de Informes Sociales sin reforzar el Sistema de Servicios Sociales con personal

En época de crisis laboral como la que vivimos, cada vez son más las familias que acuden al Sistema Público de Servicios Sociales y por ende, los Servicios Sociales Comunitarios nos vemos cada vez más saturados en nuestra capacidad de atención e intervención con una lista de espera cada vez más larga.

Unido al incremento de la demanda poblacional, la administración autonómica apuesta en los últimos años por diversos planes y programas legislados en materia de políticas sociales. La Diputación, a través de sus empresas, también apuesta por bonificaciones económicas atendiendo a la realidad económica familiar.

Plan SIGA, contratos de inclusión y suministros vitales son nuevos recursos en los que nos vemos implicados en nuestro quehacer diario.

Esto evidencia la necesidad de Servicios Sociales, entre otros muchos motivos por nuestra  participación en la valoración y priorización de las situaciones de riesgo de exclusión social que son más frecuentes.

La plantilla del IPBS no se ha incrementado desde hace cinco años, a lo largo de los cuales no han hecho sino incrementarse las necesidades por los efectos de la crisis económica. Es evidente que si hay mayores necesidades de atención desde los Servicios Sociales, y con ello una mayor carga de trabajo recae sobre los distintos servicios, mientras seguimos trabajando el mismo número de trabajadores y trabajadoras, la carga de trabajo que cada uno de nosotros debemos soportar se ha incrementado considerablemente.

Toda política de inclusión ha de ir acompañada de refuerzo de las plantillas, de trabajadores y trabajadoras que desarrollen los programas, y es necesario que acompasar el volúmen de trabajo y trabajadores que lo desempeñen.

Los Servicios Sociales Comunitarios comienzan a estar colapsados, y nuestra capacidad de trabajo es finita. La inexistencia de una Ley de Servicios Sociales estatal hace más fácil que las distintas administraciones metan la tijera con los recortes presupuestarios.

En este tablero están por un lado las políticas sociales que administran Gobierno Central, Autonómico y Local, y por otro, los ciudadanos que malviven con una Pensión Contributiva Mínima, Pensión No Contributiva o Subsidio por Desempleo y las y los trabajadores de los Servicios Sociales que no tenemos recursos suficientes ni adecuados para dar respuesta a las necesidades sociales.

En la parte que nos toca, reclamamos que los presupuestos generales del estado recuperen la financiación previa al 42,4% recortado (Consejo General de Trabajo Social), y que tanto la Junta de Andalucía como Diputación incrementen sus presupuestos sociales no sólo en sus programas dirigidos a la población sino en plantilla que los gestione.

No hay mayor responsabilidad política en una sociedad que eliminar la desigualdad social,  la pobreza y garantizar derechos universales dignos.

Sección Sindical de la CNT en el Instituto Provincial Bienestar Social de la Diputación de Córdoba