Desde este verano asistimos a una subida de la luz que está batiendo todos los récords históricos de los últimos 10 años. Mientras desde el gobierno se apelaba a la empatía social del oligopolio de las eléctricas, estas nos seguían robando desde los enchufes de nuestros hogares, y solo lo escandaloso de la situación han hecho que el gobierno tome medidas, tardías e insuficientes.

Los resultados de las eléctricas son espectaculares en el período que va del 2016 al 2020: los beneficios reales de las tres principales compañías del sector en España (Endesa, Iberdrola y Naturgy), que acaparan en torno al 85% del mercado, llevan dos años acercándose a los 7.000 millones de euros, con promedios superiores a los 700.000 euros por hora y un aumento de en torno al 23% en el último lustro. Así, los beneficios netos de esas tres compañías suman 29.888 millones. Y ello a pesar de que, según los registros de OMIE, el gestor del mercado eléctrico en la península Ibérica, en los últimos 5 años la energía consumida en España caía de 250.092 a 235.606 gigawatios, un descenso del 5,8%, que se añade a otro del 7,9% en los nueve años anteriores.

Pero a pesar de esa bajada, la factura del consumo doméstico de electricidad se disparó de 13.072 a 14.823 millones de euros anuales. Esas tendencias divergentes (bajada del consumo y aumento de la factura eléctrica) se mantuvieron en los seis primeros meses de 2021, en los que, según esa misma fuente, entre enero y junio, la demanda de electricidad caía un 16%, con un precio que subía un 38%. Así, en febrero de 2021, el precio promedio mayorista de la electricidad se situó en 28,49 euros megavatio hora (MWh). Siete meses más tarde, se asiste a una subida que parece no tener fin y ese precio se ha multiplicado por 6,7 , de manera que ha llegado este jueves 16 de septiembre a los 188,1 euros el MWh, máximo que pulveriza el anterior de este mismo miércoles (172 euros) y el previo del martes (153 euros).

La explicación que se nos ofrece desde las eléctricas y sus corifeos es que se trata de un problema pasajero, consecuencia del aumento de la demanda derivado de la reactivación económica, lo que ha hecho subir el precio del gas y el coste de los bonos de carbono que tienen que adquirir los productores por su actividad contaminante, por lo que no hay ningún problema sobre el que haya que actuar, de manera que, si ahora ha subido, bajará en cuanto que la economía deje de crecer tanto.

Pero esa explicación es totalmente falsa. Aparte de que la evolución del precio de la luz en España no sigue la evolución de la demanda, como antes hemos puesto de relieve, para desmentir esa hipótesis de los que escriben a sueldo de las eléctricas, se ha de considerar también cómo de 2008 a 2018 la luz subió en España un 66,8% y solo un 28,2% en el conjunto de la Unión Europea, con una evolución de la demanda no tan diferente.

  Y es que los defensores de las eléctricas se basan en dos falacias fundamentales: en la existencia en España de un mercado competitivo de la energía y en la libertad de entrada y salida del mercado según las diferentes tecnologías. Y es que no hay una competencia real sino un mercado oligopólico, con un escaso número de empresas que favorece una constante manipulación de la oferta y la demanda por parte de las cinco empresas que controlan la producción y tampoco hay libertad de entrada y salida en el mercado para que, cuando suba el coste de alguna tecnología, puedan entrar otras alternativas, más baratas, como son las renovables, cuyo pujante crecimiento de los primeros años de este siglo se encargó de parar de cuajo el PP.

Ante unos aumentos tan desmesurados, fruto de la más descarnada especulación con los precios de la energía (similar a la habida en otros momentos con la vivienda u otros productos de primera necesidad), el pasado día 15 de septiembre , el gobierno dictó el real decreto-ley 17/2021,

Las medidas adoptadas por el Gobierno contienen aspectos positivos, como la bajada del impuesto especial sobre la electricidad, si bien es criticable su carácter temporal, la introducción de un suministro mínimo vital para las personas consumidoras vulnerables perceptoras del bono social eléctrico o la intención declarada de rebajar los llamados “beneficios caídos del cielo”, mediante la minoración del exceso de retribución del gas natural. Téngase presente que, según el mecanismo que rige el sistema eléctrico, se retribuye a las energías más baratas, la hidráulica y nuclear, al mismo precio que alcance la energía más cara, el gas natural, por poner un ejemplo a una central hidráulica le cuesta producir un megavatio 3€ y lo está vendiendo a 140€, con un 4100% de beneficio(datos del 2008 según la comisión de la energía, 13 años más tarde los beneficios serán mayores ya que están más amortizadas).

Según ese sistema, se recurre primero a las energías más baratas y a medida que éstas van resultando insuficientes para cubrir la demanda, se echa mano de las más caras, pero retribuyendo a las restantes por el mismo precio que alcance la última en entrar al suministro.

  Así, como alrededor del 80% de la producción eléctrica en España no tiene relación con el precio del gas (se produce por centrales nucleares, hidroeléctricas, solares), cuyo precio debería ser el mismo que hace dos años, puesto que los costes no han variado, este sistema produce el efecto perverso, podría también llamarse atraco legal, consistente en que hace meses ganaban dinero esas centrales a 28,49 euros/MWh y ahora están cobrando cerca de 190€.

 Pero a pesar de lo bienintencionado que pueda resultar Real Decreto-ley, existen razones de varia índole que pueden hacer por completo inútiles todas esas medidas si no se abordan cambios sustanciales en el sector. En primer lugar, la normativa europea en la materia resulta escandalosa y un fraude a las consumidoras , con una energía que se ha de remunerar a todos los productores al precio en que se fije por un mercado oligopólico y pagando por igual sea cual fuere la fuente de producción, pero siempre al precio de la fuente más cara.

  En segundo lugar, en la medida que además esa fuente más cara (el gas natural) continúe subiendo, convertido en objeto de especulación (se compra para ganar con la reventa que se espera hacer a precio más alto), en un contexto de escasez creciente en el suministro, que además importamos y que se puede ver afectado por la situación internacional, su contribución decisiva en el precio final de la electricidad, muy pronto ese aumento especulativo de los precios del gas natural absorberá las bajadas que puedan derivarse de las medidas del gobierno.

Por todo ello, en un contexto de creciente escasez de los recursos energéticos no renovables, en los que tenemos una fuerte dependencia exterior, sumado a la crisis climática derivada del uso de combustibles fósiles, más allá de medidas paliativas que el gobierno pueda tomar, y por necesarias que sean, es urgente acelerar la transición energética hacia fuentes de energía renovables y sostenibles, una transición que no puede estar guiada por el “mercado”, los intereses especulativos y los intereses del oligopolio eléctrico y los grandes capitales, que reduzca el consumo de energía, priorizando su consumo desde criterios sociales y ambientales cumpliendo estrictamente con los compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y promoviendo la soberanía energética a través de la autogestión y la descentralización de la producción y consumo de electricidad, impulsando instrumentos para la intervención pública, a través de empresas públicas y el fomento de la economía social y las comunidades energéticas, y de una fiscalidad redistributiva, todo ello con el fin de asegurar el suministro básico a la ciudadanía, acabar con la pobreza energética y garantizar la equidad y la justicia social durante todo el proceso de transición energética.

Desde CNT Córdoba consideramos que este proceso de transición es inviable si no va acompañado de un cambio radical que acabe con el actual modelo capitalista, dominado por la especulación, la maximización de beneficios a cortísimo plazo y el imperativo de crecimiento continuo, lo que supone igualmente la necesidad de una cambio radical en los actuales tratados de la Unión Europea atravesados por el dogma neoliberal y la falta de legitimidad democrática, repletos de límites a la soberanía popular y que, bajo un nuevo discurso verde, siguen priorizando los intereses de las grandes corporaciones capitalistas europeas frente a la justicia social y el medio ambiente.