Sra. Alcaldesa, Rosa Aguilar:
El pasado día 17 de Febrero, la Confederación Nacional del Trabajo, C.N.T.-Córdoba, convocó frente al Ayuntamiento que usted preside una concentración en protesta por la actitud poco comprometida que entendemos tiene su gobierno municipal con respecto a la búsqueda de soluciones justas y rápidas (no hay justicia si no hay premura) en torno a la exhumación de los fusilados en Córdoba por el fascismo, en concreto la petición de permiso que hiciera en su día Antonio Gutiérrez en relación a su abuelo: Luis Dorado Luque (diputado socialista por Málaga, fusilado en Córdoba en 1936). A esta concentración acudieron otros familiares de víctimas y miembros de la asociación de Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera.
Antonio Gutiérrez tiene una subvención concedida por el Ministerio de la Presidencia para este menester, subvención que han debido prorrogar por el retraso en estos trabajos que comenzaron con la prospección con georadar para localizar la fosa (llevada a cabo por la solvente Sociedad de Estudios Aranzadi), cuyas pesquisas dieron resultados positivos. Según nos transmite el susodicho Antonio Gutiérrez y miembros de la asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, en una reunión mantenida con responsables de su gobierno, éstos impidieron que continuaran los trabajos (hecho que motivó que Antonio Gutiérrez denunciara la inhibición).
Parece ser que el motivo (para nosotras excusa) transmitido por su gobierno es que “hay que esperar al Protocolo de Actuación que prepara el gobierno del Estado” para estos menesteres. Y son excusas para nosotras porque, habiendo profesionales de la arqueología y la antropología (y por tanto asegurándose el trabajo riguroso y científico) no haría falta más que el permiso del Concejal de Cementerios para llevar a cabo la actuación, habida cuenta que exhumaciones de fosas comunes se llevan haciendo por doquier y con el apoyo (o la falta de obstáculos) de gobiernos municipales de distinto color (incluidos del PP), antes y después de la Ley de Memoria, antes y después del Auto del juez Garzón, antes del mencionado Protocolo. El artículo 11 de la llamada Ley de Memoria Histórica incide en ello instando a las administraciones públicas a prestar su apoyo a estas iniciativas.
No entendemos esta demora, que crea incertidumbre, desazón y desamparo en los familiares, máxime cuando la hija del diputado Luís Dorado, aún viva y con 81 años, quisiera poder recuperar los restos de su padre y poder de esta manera “cerrar el luto” y socializar mínimamente su pérdida (que es la de todos). Aunque la petición de exhumación fuera de una sola persona, ello seria suficiente para poner sobre la mesa todo el apoyo público necesario (en este caso sólo el permiso...ni siquiera dinero).
Por ello, solicitamos nos informe de sus pretensiones al respecto para que podamos valorar su postura y con ella la que nosotras por nuestra parte podamos tomar de aquí en adelante. Porque una cosa está clara para nosotras: no cejaremos en denunciar la pasividad, la falta de voluntad política y la falta de sensibilidad hacia estos graves asuntos por parte de su ayuntamiento si no recibiéramos una respuesta por su parte que entendamos mínimamente justa.
Sin otro particular, y esperando sus prontas noticias