Córdoba: 8.000 asesinados esperan justicia 
Más de 70 personas se concentraron ayer ante las puertas del Ayuntamiento de Córdoba reclamando justicia para las victimas del fascismo que siguen todavía en las fosas comunes ante la pasividad de una clase política que prefiere olvidarlos. Los convocados expresaron el desaliento que les produce que un gobierno local, presuntamente “de izquierdas” siga negándose a dar el permiso para la apertura de la fosa del cementerio de la Salud.
“Sólo hace falta voluntad política”, resaltaron las intervenciones, que se quejaban de la desidia y doble moral con la que tanto PSOE como IU están demostrando con la Memoria Histórica.
Los participantes portaron carteles con fotografías y nombres de personas fusiladas y enterradas en la fosa común que comparten con el diputado socialista Luis Dorado Luque, cuyo nieto ha interpuesto ya denuncias contra la paralización que el ayuntamiento ha decretado.“Solo queremos poder cerrar el luto por nuestros familiares”.
En el caso concreto de Luis Dorado, aclararon que no se pide al ayuntamiento ni dinero ni trámite alguno, sino un simple permiso para iniciar los trabajos de excavación. La Ley de Memoria Histórica, establece la obligación de las administraciones públicas de facillitar a los descendientes directos de las víctimas las actividades de indagación, localización e identificación de desaparecidos. Pero lejos de cumplir con estos preceptos, las administraciones, como es el caso de Córdoba, se acogen a cualquier excusa para no remover una cuestión que calculan que no les traerá ningún rédito electoral. Izquierda Unida en este caso, no solo ignora la legalidad, sino que desprecia la avanzada edad de muchos de los que todavía esperan ver los restos de sus padres o madres antes de que acabe su vida.
Carmen Dorado, la hija del diputado socialista asesinado, tiene ya más de ochenta años. Al acto asistieron familiares de otras personas asesinadas y miembros de la Asociación por la recuperación de la memoría histórica de Aguilar de la Frontera.