Foro Mercadona

¿Mercadona trata bien a sus clientes?, ¿incluso los que salen lesionados tras una grave imprucencia?
Aquí existe una clara falta de adopción de medidas de prevención, también para clientes.

JUR 2002\103046
Sentencia Audiencia Provincial  Alicante núm. 111/2002 (Sección 4ª), de 21 febrero
Recurso de Apelación núm. 585/2001.
Ponente: Ilmo. Sr. D. Federico Rodríguez Mira.


Texto:

En la ciudad de Alicante, a veintiuno de febrero de dos mil dos.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Alicante, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados antes citados y

en nombre de s.M. El rey


ha dictado la siguiente

sentencia n° 111/02.


En el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante Dª. María Dolores O. V., representado por el Procurador Sr. N. R., y asistida por el Letrado Sr. T. V., frente a la parte apelada Mercadona., representada por la Procuradora Sra. C. B., y asistida por la Letrada Sra. H., contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n° 1 de Alicante, habiendo sido Ponente el Ilmo. Sr. Presidente D. Federico Rodríguez Mira.

antecedentes de hecho


primero.- Por el Juzgado de Primera Instancia número uno de Alicante, en los autos de juicio de menor cuantía número 217/00, se dictó en fecha 24-05-01 sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"Que desestimo la demanda interpuesta por Dª. m.. Dolores O. V. frente a la mercantil Mercadona, en consecuencia debo absolver y absuelvo a la demandada de los pedimentos interesados de contrario; sin verificar expreso pronunciamiento sobre costas."

segundo.- Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandante, habiéndose tramitado el mismo por escrito ante el juzgado de instancia, en la forma prevista en la L.E.C. 1/2000, elevándose posteriormente los autos a este Tribunal, donde quedó formado el correspondiente rollo de apelación número 585/01, señalándose para votación y Fallo el día 24-05-01.

fundamentos de derecho


primero.- La sentencia objeto de apelación desestimó la demanda formulada por la actora contra la mercantil demandada, en reclamación de daños y perjuicios derivados de culpa extracontractual, después de considerar la Juzgadora de instancia que el accidente sufrido por aquella el pasado día 5-12-98 en el Supermercado de alimentación Mercadona sito en la Avda. ... se debió a caso fortuito, sin intervención de reproche culposo alguno por parte de la demandada.

Esta conclusión no es compartida por la demandante, la cual tacha de errónea la valoración de la prueba realizada por la Juez a quo al no haber tomado en consideración la declaración testifical de la hija de aquella, que presenció los hechos, así como las manifestaciones del propio encargado del establecimiento que vino a reconocer, en horario abierto al público, la reposición de mercancías a través de medias paletas que van metidas dentro del lineal (estantería), todo lo cual viene a avalar la tesis de la reclamante de haber sufrido la caída al tropezar con un palet de reposición de mercancías que se encontraba en el pasillo.

segundo.- En realidad, una vez admitida por ambas partes la certeza de la caída sufrida por la actora en el establecimiento de la demandada, la controversia surgida a propósito de la causa de aquella debe resolverse en favor de la tesis de la hoy apelante. De un lado, porque no es cierto- como adujo la demandada en su escrito de contestación a la demanda - que nunca se proceda en sus establecimientos a la reposición de mercancías con palets en horario abierto al público. La declaración testifical del empleado Sr. López Risueño desautoriza dicha aseveración y en este caso esa circunstancia se refrenda por la declaración de la hija de la actora que presenció los hechos. Por tanto, no es ilógico que la demandante tropezara con un palet de reposición de productos al tratar de alcanzar un bote de tomate de una de las estanterías. Por otra parte, la versión ofrecida por la demandada de admitir tan sólo la presencia de palets de productos expuestos para su venta, perfectamente alineados junto a elementos fijos, sin riesgo alguno para los consumidores, es evidente que no siempre se corresponde con la realidad de los hechos, pues se constata la existencia de otros dispositivos y elementos móviles, durante el horario abierto al público, capaces de generar un riesgo para los compradores. En definitiva, sí procede hablar en este caso de reproche culposo imputable a la demandada puesto que- conforme a la doctrina jurisprudencial aplicable en este particular (Sentencias del T. Supremo de 22 de Abril y 17 de Julio de 1987, 9 de Junio de 1989, 20 de Junio de 1994 entre otras) - se ha podido acreditar la falta de adopción de medidas de prevención necesarias para evitar un resultado dañoso previsible, cuyo origen hay que atribuirlo precisamente a esas deficiencias y no a la circunstancia de caso fortuito apreciada en la sentencia de instancia.

tercero.- En consecuencia con lo expuesto, debe declararse la responsabilidad de la demandada de indemnizar el daño irrogado a la actora de acuerdo con lo establecido en el articulo 1902 del Código Civil. En el presente supuesto dicho resarcimiento está representado, de una parte, por los 234 días que tardó en curar aquella sin precisar estancia hospitalaria, arrojando un total de 738.972 pesetas, resultado de multiplicar aquellos por las 3.158 pesetas diarias fijadas a tal fin en el año 98- fecha de la producción del evento dañoso- por la Resolución de la Dirección General de Seguros de 24-2-98 dictada para la actualización del Baremo de la Ley 30/95 de 8 de Noviembre al que se han sometido ambas partes. Por otra parte, en cuanto a las secuelas que padece la perjudicada con motivo de la fractura de Colles en muñeca derecha y fractura de apófisis estiloides cubital derecha, complicada con Distrofia Simpático Refleja, la prueba pericial practicada en las actuaciones por el Dr. B. S. revela una disminución de la capacidad funcional del 11%, la cual se concilia con los 10 puntos de indemnización por secuela que reclama la actora, los cuales multiplicados por el valor del punto vigente en 1998- 93.165 pesetas en función de la edad de la perjudicada, arrojan una cifra global de 931.650 pesetas. La suma de ambas cantidades, por importe de 1.670.662 pesetas, es la que en definitiva habrá de ser objeto de estimación en la presente alzada, revocando en este sentido el fallo de instancia

cuarto.- Como conclusión de lo razonado, procede estimar en parte el recurso de la demandante y revocar el fallo absolutorio de la instancia, dictando otro en su lugar por el que se acoja en parte el petitum de la demanda y se condene a la demandada a abonar a la actora la suma global de 1.670.662 pesetas, mas los intereses legales que se devenguen desde la presente sentencia; todo ello sin hacer declaración expresa sobre las costas de ambas instancias de acuerdo con lo prevenido en los artículos 394.2 y 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación.

fallamos


Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. N. R. en nombre y representación de Dª. María Dolores O. V. contra la sentencia de fecha 24-05-01 dictada por el Juzgado de lá Instancia n° 1 de Alicante en las actuaciones de las que dimana el presente rollo, debemos revocar y revocamos la citada resolución y en su lugar pronunciar una nueva por la que acogiendo parcialmente la pretensión contenida en demanda, debemos condenar y condenamos a la entidad demandada Mercadona a satisfacer a la actora la suma de 1.670.662 pesetas, mas los intereses legales devengados desde esta sentencia; todo ello sin hacer pronunciamiento expreso sobre las costas causadas en ambas instancias.

En este caso, tras una fuerte lluvia una mujer se cae en las dependencias de Mercadona por estar el suelo mojado. En este sentido Mercadona se defiende con uñas y dientes para no pagar a la clienta ni un euro por los daños causados.

Como se puede comprobar con estas sentencias, lo de Mercadona es sólo publicidad, márketing.

AC 2003\2204
Sentencia Audiencia Provincial  Valencia núm. 554/2003 (Sección 8ª), de 15 septiembre
Recurso de Apelación núm. 516/2003.
Ponente: Ilma. Sra. Dª. Rosa m. Andrés Cuenca.

Texto:

En la Ciudad de Valencia, a quince de septiembre de dos mil tres.

Vistos por la Sección Octava de esta Audiencia Provincial, siendo ponente la llma. Sra. Magistrada Dñª. Rosa María Andrés Cuenca, los autos de juicio Ordinario, promovidos ante el Juzgado de 1ª Instancia número 15 de Valencia, con el número 388/02, por Dñª. María del Pilar, contra Mercadona.; sobre reclamación de cantidad, pendientes ante la misma en virtud del recurso de apelación interpuesto por Dñª. María del Pilar.

antecedentes de hecho

primero la Sentencia apelada, pronunciada por el Sr. Juez de 1ª Instancia nº. 15 de Valencia, en fecha 17 de febrero de 2003, contiene el siguiente:

fallo: «Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda con absolución de los demandados y expresa condena en costas a la actora».

segundo contra la misma, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por Dñª. María del Pilar, admitido en ambos efectos y remitidos los autos a esta Audiencia, se tramitó la alzada, señalando el día 9 de septiembre del presente, para la deliberación, votación y fallo.

tercero se han observado las prescripciones y formalidades legales.

fundamentos de derecho

primero dictada sentencia por el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Valencia, que desestimaba la demanda interpuesta por Dª María del Pilar, en reclamación de daños y perjuicios derivados de caída en establecimiento de la demandada, Mercadona, sito en calle Pedro de Valencia, números 6 y 8, al entender que no se había probado la negligencia de la demandada, no tratándose de actividad de riesgo la desarrollada en el supermercado, frente a dicha resolución recurrió en apelación la demandante, alegando que había quedado probado que la causa de la caída fue hallarse la entrada del local llena de agua y el suelo resbaladizo por la lluvia y entrada de clientes y, en consecuencia, que la demandada no había probado haber apurado las medidas de seguridad necesarias para evitar tales accidentes, por lo que solicitó se revocara la sentencia y se acogiera íntegramente la petición de su demanda, concretada con posterioridad, oponiéndose la parte contraria y quedando planteada la cuestión, en esta alzada, en los términos expuestos.

segundo la Sala tan sólo acepta la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, en cuanto no se oponga a lo que seguidamente se dirá.

Punto de partida de nuestro examen ha de ser la consideración de que cabe partir de la situación de hecho, por ambas partes aceptada, de que la concreción de lo pretendido por la actora no se efectuó, ni siquiera en cuanto a las bases a aplicar, en la demanda, sino en momento posterior, ratificado en audiencia previa, lo que, pese a ser irregular, y oportunamente denunciado en escrito de contestación, no se mantuvo como óbice en aquel acto y, en consecuencia, no es materia a resolver en la alzada, que ha de ceñirse, por imperativo del artículo 465, 4 LECiv ( rcl 2000, 34, 962 y rcl 2001, 1892) a resolver las cuestiones planteadas en el recurso, y en su caso, en el escrito de impugnación, motivo por el cual debemos limitarnos a apuntar la razón de la ausencia de examen de tal cuestión, aceptado por ambas partes que se procediera, por lo expresado, al examen del fondo debatido.

En tal aspecto, sabido es, que la aplicación del artículo 1902 Código Civil ( leg 1889, 27) requiere de una acción u omisión culposa o negligente, de un resultado dañoso o lesivo y de una relación de causalidad entre una y otro ( SS del TS de 6-11-90 [ RJ 1990, 8528] , 26-11-90 [ RJ 1990, 9047] , 7-3-91 [ RJ 1991, 2078] , 14-6-91 [ RJ 1991, 4458] , 7-10-91 [ RJ 1991, 6891] , 21-10-94 [ RJ 1994, 8124] , 7-4-95 [ RJ 1995, 2985] , 20-7-95 [ RJ 1995, 5728] , 7-11-96 [ RJ 1996, 7913] y 7-12-00 [ RJ 2000, 9438] , entre otras), y, si bien, sobre el primero de dichos presupuestos pueden establecerse presunciones, tal posibilidad no es factible respecto de los otros dos requisitos, al incumbir a la actora, en virtud del «onus probandi» tanto en virtud del anterior artículo 1214 del Código Civil cuanto del actual 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la prueba plena de la realidad del daño que reclama y del vínculo de causalidad existente entre la acción u omisión que achaca y la consecuencia padecida. En definitiva, el éxito de la demanda requerirá ineludiblemente que la actora justifique de modo suficiente que ese resultado dañoso es causalmente imputable al demandado y ello en cuanto que el nexo causal requiere una prueba terminante, al ser la base de la culpa, pues en el vínculo entre la conducta del agente y la producción del daño ha de hacerse patente la culpabilidad de aquél para establecer la obligación de reparar, sin que se pueda basar en meras conjeturas o suposiciones sino en una indiscutible certeza probatoria, y esta exigencia de su cumplida justificación no puede quedar desvirtuada por una posible aplicación de la teoría del riesgo, la objetivación de la responsabilidad o la inversión de la carga de la prueba, invocables en la interpretación del artículo 1902 del Código Civil, ya que el cómo y el por qué constituyen elementos indispensables en el examen de la causa eficiente del evento dañoso, al ser un concepto puente entre el daño y el juicio de valor sobre la conducta del que lo causó o entre la acción y el resultado ( SS del TS de 10-2-88 [ RJ 1988, 774] , 27-10-90 [ RJ 1990, 8053] , 23-9-91 [ RJ 1991, 6060] , 20-2-92 [ RJ 1992, 1325] , 3-11-93 [ RJ 1993, 8570] , 23-11-94 [ RJ 1994, 8772] , 16-12-94 [ RJ 1994, 10497] , 24-1-95 [ RJ 1995, 165] , 29-5-95 [ RJ 1995, 4136] , 31-7-99 [ RJ 1999, 6222] y 2-3-00 [ RJ 2000, 1304] , 6-11-01 [ RJ 2002, 237] , y 23-12-02 [ RJ 2002, 10395] entre otras). En ningún caso, como expresa la sentencia de esta Sala de 10 de septiembre pasado, invocando sentencias del TS de 13-12-90 ( RJ 1990, 10002) , 5-2-91 ( RJ 1991, 991) , 23-10-91 ( RJ 1991, 7861) , 24-1-92, 30-5-92, 12-11-93, 5-10-94 ( RJ 1994, 7453) , 14-11-94, 9-3-95, 9-6-95, 27-9-95, 23-12-95 ( RJ 1995, 9434) , 22-1-96, 8-10-96, 15-12-96, 4-2-97 ( RJ 1997, 677) , 13-2-97 ( RJ 1997, 701) , y 28-4-97 ( RJ 1997, 3408) , ello excluye el clásico principio de la responsabilidad culposa, no rigiendo en esta materia una responsabilidad objetiva, sino que es preciso partir siempre de una conducta negligente, en mayor o menor grado, de aquél contra quien se ejercita la acción.

Por otro lado, tal y como indicaba la sentencia de esta misma Sala de 10 de diciembre de 1997, y reitera la de 21-10-02 ( jur 2003, 29519) , con cita de la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 1994 ( RJ 1994, 6390) , no basta en toda situación la simple producción de un resultado dañoso para generar la responsabilidad, pues la inversión de la carga probatoria ha sido conectada por la Juriprudencia con el riesgo o peligro de la actividad que desarrolle el agente ( Sentencias del tribunal Supremo de 8-2 [ RJ 1991, 1157] , 4-6 [ RJ 1991, 4415] y 23-9-91 [ RJ 1991, 6060] , 20 de enero de 1992 [ RJ 1992, 192] ), lo que no cabe afirmar de un comercio o supermercado en sí mismo, salvo que se pruebe, precisamente, por la prueba misma de la causa del hecho por el que se reclama, que se incurrió en actuación negligente.

tercero pues bien, tales precisiones jurisprudenciales sobre la carga probatoria de la relación de causalidad determinan la viabilidad del recurso planteado. Tal y como concisamente expone la recurrente, tras la práctica de la prueba ha quedado acreditado que la causa de la caída de la actora en el interior de uno de los establecimientos de la demandada, en la zona situada entre la p**a de acceso desde la calle y las cajas, fue, precisamente, que el suelo se hallaba mojado, ya que se encontraba lloviendo en abundancia y el trasiego de personas en el momento del accidente era grande, en expresiones recogidas en la propia sentencia, concluyendo el Juzgador «a quo», sin embargo, que compete a la actora acreditar que su caída se debió a un actuar culpable o negligente de la demandada, por lo que desestima la demanda interpuesta, interpretando en forma errónea las normas relativas a la carga probatoria: a la actora compete acreditar, sin duda, la causa de la caída y el resultado, así como la relación de causalidad existente entre ambos, pero, probados éstos, es la demandada la que ha de probar su actuar diligente, sin asomo de negligencia, para evitar este resultado, por mor, precisamente, de la inversión de la carga probatoria aplicable en este tipo de reclamaciones, sea o no una actividad de riesgo, en sí misma considerada la ejercida por la actora; dicho de otro modo, a la actora no le bastaría probar una caída en el local del supermercado para exigir reclamación, sino que ha de ponerse aquélla en relación con una acción u omisión de la demandada, siendo, en este caso, debida su caída a hallarse mojado el suelo del pasillo de acceso por el agua de la lluvia, y competiendo a la demandada acreditar que no existe negligencia por su parte al haberse procedido a adoptar todas las medidas de seguridad necesarias al efecto, siendo esto, precisamente, lo que ha de examinarse en este caso. En tal sentido, resulta significativa la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 31-03-2003 ( RJ 2003, 2839) cuando indica, en supuesto con cierta similitud con el presente que

«Se trataba de suelo húmedo y en esto se hace necesario integrar el "factum", pues en esta situación la caída resultaba del todo posible. Tampoco se demostró que el local estuviera provisto de pavimento antideslizante..., ni tampoco que los demandados llevaran a cabo actuación alguna para no permitir el acceso a la zona por los clientes en tanto no se presentase suficientemente segura, por haber quedado completa y debidamente secada. Mal puede hablarse aquí de total imprevisión en la causación del accidente objeto del pleito, pues la causa de la caída ha quedado debida y suficientemente demostrada, es decir deslizamiento sobre suelo por haber sido fregado pero no secado, al no haberse probado que se hubiera eliminado por completo la humedad, con lo que el nexo causal... se presenta concurrente y sin dejar de lado que correspondía a los demandados la prueba de haber adoptado las correcciones necesarias» que es lo que, en definitiva, ya se ha expresado con anterioridad.

En tal sentido, el propio encargado del establecimiento de la demandada donde se produjo el accidente expresó que el suelo se hallaba resbaladizo porque llovía mucho, y que él mismo, ante tal situación puso una persona constantemente a limpiar (declaración de D. A. Pedrajas) ya que disponen de una máquina que a la vez que limpia absorbe el agua, y pusieron cartones en el propio acceso al local, matizando la empleada Sra. Pilar, al declarar como testigo, que mandó pasar la máquina cada quince minutos por cada p**a, admitiendo (minuto 33 aproximadamente) que había agua cuando la señora se cayó porque estaba lloviendo muchísimo, lo que indudablemente revela que aunque se adoptaron ciertas medidas de prevención del riesgo del suelo mojado, máxime dado el tipo de pavimento ordinariamente existente en dichos establecimientos, por parte del encargado de aquél, fueron insuficientes, dadas las circunstancias de fuerte lluvia y entrada y salida de personas constante, lo que determinó la formación del característico «barrillo resbaladizo» por mezcla de agua y, en consecuencia, la caída de la actora y las lesiones por ella sufridas, debiendo, en consecuencia, acogerse la demanda, en los términos en que se dirá.

cuarto respecto de las consecuencias del siniestro, no existe más acreditación del alcance de las lesiones que la concreción efectuada por la propia demandante, amparada en la documental aportada por dicha parte, no contradicha por prueba alguna de la parte contraria, y, como se ha dicho, no expresamente combatida por aquélla, que se limitó a alegar en su escrito de contestación que el período de curación lo entendía excesivo, y la existencia de otros factores concurrentes, no acreditados; de la documental aportada por la demandante, que ha de surtir plenos efectos, por las razones procésales ya expuestas, está acreditada tanto la fecha de baja como el alta definitiva, pero no los días impeditivos, atendido el propio reconocimiento del esposo de que seguía atendiendo sus ocupaciones habituales y salía cuando era necesario, lo que viene a concretar el médico de cabecera, en informe unido a la demanda, tres meses después del accidente, en «molestias» y continuación de tratamiento antiinflamatorio y venda compresiva; en el escrito de la actora -folio 52- al no haberse hecho anteriormente, se concretan días impeditivos si bien se reconoce que la fecha de retirada del vendaje no se puede concretar, y, en ningún caso, tal circunstancia determina la situación de impedimento necesaria para dar lugar a la indemnización; en definitiva, la totalidad de días de curación han de entenderse como no impeditivos, pues no se ha acreditado lo contrario, y ni siquiera en el parte de urgencias se expresa la necesidad de reposo, y ha de atenderse, en cuanto al importe, al baremo aplicable a accidentes de circulación vigente en la fecha en que se produjo el accidente, que no es el de Resolución de 21-1-02 ( rcl 2002, 264, 369) , publicada en boe 26- 1-02, que invoca la demandante, sino el de Resolución de 30-1-01 ( rcl 2001, 366, 553) , publicada en boe 9-2-01, por ser aplicable en forma analógica, por lo que los 183 días invertidos, según resumen total de la demandante a razón de 22.51 Euros diarios han de suponer un total de 4.119.33 Euros, en cuyo sentido se acoge, en parte, la demanda interpuesta.

quinto la estimación, en parte, de la demanda implica la no imposición de costas en primera Instancia, conforme el artículo 394 LECiv ( rcl 2000, 34, 962 y rcl 2001, 1892) , lo que ha de hacerse extensivo a las costas de esta alzada, según lo dispuesto en el artículo 398, 2 LECiv.

Vistos los preceptos citados, demás concordantes y de general aplicación.

fallo


se estima, en parte, el recurso de apelación interpuesto por Dª María del Pilar representada por el Procurador Sr. Quereda Palop contra la sentencia dictada el 17 de febrero de 2003 por el Juzgado de Primera Instancia 15 de Valencia, en autos de juicio ordinario 388/02 de dicho Juzgado, que se revoca, y, en su lugar, se estima, en parte, la demanda promovida por la recurrente, Sra. María del Pilar contra Mercadona a la que se condena a abonar la cantidad de 4.119'33 Euros (cuatro mil ciento diecinueve euros con treinta y tres cÉntimos) por las lesiones sufridas por la actora, más el interés legal incrementado en dos puntos desde la fecha de la presente resolución hasta su total pago, sin expresa imposición de las costas causadas en ninguna de ambas instancias.

Notifíquese esta resolución a las partes y, a su tiempo, devuélvanse los autos principales al Juzgado de Primera Instancia de origen, con oficio y certificación literal del presente para su ejecución.

Se hace saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el artículo 477,2 3º de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil ( rcl 2000, 34, 962 y rcl 2001, 1892) .

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

publicaciÓN: La anterior Sentencia ha sido leída y publicada por la Ilma. Sra. Magistrada Dñª. Rosa María Andrés Cuenca, de la Sección Octava de esta Audiencia Provincial.

Una clienta se cae en un supermercado Mercadona, pues bien, mercadona cuestiona desde la indemnización concedida, hasta "la caída denunciada por la actora, sembrando dudas sobre las conclusiones fácticas de la Resolución recurrida, dudas aquellas que no pueden prosperar ante el cúmulo de detalles que son aportados por la testigo"[/b]

Mercadona incluso "siembra dudas" sobre las caídas de esta clienta en su supermercado, incluyendo la sentencia lo siguiente:"La responsabilidad de la demandada, deriva como acertadamente se razona en la Sentencia de instancia, en la falta no ya de limpieza, sino en la no observación y cuidado de cuantos elementos puedan producir riesgos a las personas, en este caso clientes, utilizando los medios necesarios para eliminar el riesgo, o en su caso, acotando la zona de riesto, que no puede considerarse nimia, parva o venial, ya que pone en peligro severo contra la integridad de las personas que acuden a un establecimiento público en la plena confianza de no tener que dudar de su integridad.

JUR 2003\256081
Sentencia Audiencia Provincial  Jaén núm. 180/2003 (Sección 3ª), de 30 junio
Recurso de Apelación núm. 198/2003.
Ponente: Ilmo. Sr. D. Jesús María Passolas Morales.

Texto:

En la Ciudad de Jaén, a Treinta de Junio de dos mil tres.-

Vistos en grado de apelación, por la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial, los autos de Juicio ordinario, seguidos en Primera instancia con el núm. 243 del año 2002, por el Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Andújar (Jaén), rollo de apelación de esta Audiencia núm. 198/2003 a instancia de Dª. J., representada en la instancia por el Procurador de los Tribunales D. Juan Pedro Vilches Galisteo, y defendida por el Letrado D. M. Calabrús Marín, contra la entidad mercantil Mercadona., representada en la instancia por la Procuradora de los Tribunales Dª. Rosa María Bueno Rubio y defendida por la Letrada Dª. L. Gimeno Manzano.

aceptando los Antecedentes de Hecho de la Sentencia apelada, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Andújar (Jaén), con fecha Diecinueve de Marzo de dos mil tres.

antecedentes de hecho

primero por dicho Juzgado y en la fecha indicada se dictó Sentencia que contiene el siguiente Fallo: "Que, estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales don juan Pedro Vilches Galisteo, en nombre y representación de Dª. J., contra la entidad mercantil Mercadona, condeno a la demandada a abonar a la actora la cantidad de 19.650'35 euros, más intereses legales, y la absuelvo del resto de las peticiones interesadas en su contra, sin hacer expresa imposición de costas a ninguna de las partes."

segundo contra dicha Sentencia se preparó e interpuso por la Procuradora de los Tribunales Dª. Rosa María Bueno Rubio, en nombre y representación de la entidad mercantil Mercadona., en tiempo y forma, Recurso de Apelación, que fue admitido en ambos efectos por el Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Andújar (Jaén), presentando para ello escrito de alegaciones en el que basa su Recurso.

tercero dado traslado a las demás partes del escrito de Apelación, se presentó por el Procurador de los Tribunales D. Juan Pedro Vilches Galisteo, en nombre y representación de Dª. J., escrito de Oposición al Recurso; remitiéndose por el Juzgado las actuaciones a esta Audiencia, turnadas que fueron, correspondieron a ésta sección, en la que se formó el rollo correspondiente, y al no haberse practicado prueba, ni celebrado vista se declararon conclusas las actuaciones para dictar la Resolución procedente.

cuarto se señaló para deliberación, votación y fallo del presente Recurso el día referido en los Autos, en que efectivamente tuvo lugar.

quinto en la tramitación de este Recurso se han observado las formalidades legales.

Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. JESÚs marÍa passolas morales, que expresa el parecer de la Sala.

aceptando los Fundamentos de Derecho de la Resolución impugnada.

fundamentos de derecho

primero interpone Recurso de Apelación la Sra. Procuradora de los Tribunales Dª. Rosa María Bueno Rubio, en nombre y representación de la Mercantil Mercadona., en sede a error en la valoración de la prueba, indebida aplicación de los artículos 1.902 y 1.903 del Código Civil ( leg 1889, 27) , e infracción del artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( rcl 2000, 34, 962 y rcl 2001, 1892) .

Pues bien, la responsabilidad civil extracontratual o aquiliana fue incorporada a nuestro Código Civil como una de las fuentes de las obligaciones (artículo 1.089 del Código Civil), uno de cuyos supuestos desencadenantes es la existencia de un daño causado mediando culpa o negligencia (artículo 1.902 del Código Civil), siendo que la conexión entre culpa o negligencia y obligación de reparar el daño causado se adaptaba perfectamente al carácter individualista que presidía las relaciones Jurídicas existentes en la etapa codificadora y que, por ello mismo, a medida que evolucionaron los presupuestos de partida, el llamado Derecho Común de la responsabilidad civil ha experimentado una profunda transformación tanto cuantitativa como cualitativa, hasta el punto de convertirse en un genuino derecho de daños, abierto al concepto más amplio de la responsabilidad colectiva y que, en su proyección a ciertos sectores de la realidad, ha tendido a atenuar la idea originaria de culpabilidad para, mediante su progresiva objetivación, adaptarse a un principio de resarcimiento del daño (pro dominato) (stc de 29 de Junio de 2002 SIC). Siendo que la responsabilidad por culpa extracontractual o aquiliana requiere para su apreciación, conforme a reiterada doctrina Jurisprudencial, primero, la existencia de una acción u omisión negligente, segundo, la producción de un daño real y acreditado, y por último la relación de causa o efecto en los citados anteriores, participando de una naturaleza fáctica la acción (u omisión) y el daño causado, y de una naturaleza Jurídica la culpa o negligencia y la relación de causalidad. Pero la muy citada responsabilidad extracontractual no debe circunscribirse a la omisión de las normas más elementales, inexcusables o aconsejadas, sino que se amplia al actuar no ajustado a la diligencia exigible según las circunstancias del caso concreto, de las personas, tiempo y lugar ( S. TS. De 7 de Diciembre de 1987 [ RJ 1987, 9282] . 26 de Julio de 1989 [ RJ 1989, 5779] , 29 de Diciembre de 1993 [ RJ 1993, 10159] , 26 de Septiembre de 1997 [ RJ 1997, 6708] , 7 de Julio de 1997 [ RJ 1997, 5508] y 24 de Julio de 1997 [ RJ 1997, 5766] , entre otras).

Concretándonos al caso que nos ocupa, la recurrente cuestiona la caída denunciada por la actora, sembrando dudas sobre las conclusiones fácticas de la Resolución recurrida, dudas aquellas que no pueden prosperar ante el cúmulo de detalles que son aportados por la testigo, Dª. Angelina, quien ve a la lesionada reclinada en la zona de los yogures, sentándola en una silla, poniéndole crema y una venda, limpiándole manchas diversas incluida una mancha de yogur, existiendo mancha de dicho producto en el suelo aunque no huella del resbalón, circunstancias todas ellas que son analizadas conforme a las reglas de la sana crítica por la Juez "a quo" en uso de la facultad del artículo 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( rcl 2000, 34, 962 y rcl 2001, 1892) , y en unión del resultado de las demás pruebas, como la asistencia médica dispensada ese mismo día; lo que comparte esta Sala.

segundo la responsabilidad de la demandada, deriva como acertadamente se razona en la Sentencia de instancia, en la falta no ya de limpieza, sino en la no observación y cuidado de cuantos elementos puedan producir riesgos a las personas, en este caso clientes, utilizando los medios necesarios para eliminar el riesgo, o en su caso, acotando la zona de riesto, que no puede considerarse nimia, parva o venial, ya que pone en peligro severo contra la integridad de las personas que acuden a un establecimiento público en la plena confianza de no tener que dudar de su integridad. Situación que no puede eludirse por la parte recurrente, y que eludida por omisión, hace que se produzca la responsabilidad por culpa extracontractual, con aplicación por lo tanto del contenido del artículo 1.902 del Código Civil ( leg 1889, 27) , debiendo soportar la reparación del daño causado.

tercero cuestiona la parte recurrente la indemnización concedida, acertadamente por la Juez "a quo" a criterios normalizados de valoraciones objetivas como las contenidas, en la Disposición Adicional Octava de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor ( rcl 1968, 690) , en su redacción dada por Ley 30/1995, de 8 de Noviembre ( rcl 1995, 3046) de ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, bajo el principio de deuda valor, que no nominalista de aplicación no imperativa al caso, y en función tanto a los informes del Doctor A. y Hospital Alto Guadalquivir, valorándose conforme a las reglas de la sana crítica, que también son compartidas, (artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil [ rcl 2000, 34, 962 y rcl 2001, 1892] ), los días de curación y secuelas; y sin que pueda apreciarse la incongruencia o falta de claridad que se manifiesta en el Recurso cuando se concede menor indemnización a la víctima que la solicitada por ella, siendo afirmación doctrinal la que concluye que las Sentencias son claras cuando pueden ser comprendidas sin dificultad alguna y, precisas, si utilizan términos y tratan las cuestiones planteadas en forma directa e inequívoca. Clasificándose la incongruencia, bien por resolución de cuestión extra petita, alterando el Juez o Tribunal los términos del debate ( sstc 29/87 de 06 de Marzo [ rtc 1987, 29] y 142/87 de 23 de Julio [ rtc 1987, 142] ), decidiendo sobre cosa distinta derivada de la modificación, alteración o sustitución del presupuesto de hecho, básico para causa petendi ( stc 125/89 de 12 de Julio [ rtc 1989, 125] ); bien por la omisión de Resolución a cuestiones objeto del debate Judicial, debiendo entenderse no obstante que la Sentencia que estima íntegramente las pretensiones formuladas en la Súplica de la demanda condena al demandado a lo que len ella fue solicitado ( ssts 16 de Febrero [ RJ 1984, 661] y 16 de Junio de 1984 [ RJ 1984, 3246] , 7 [ RJ 1986, 1150] y 20 de Marzo de 1986 [ RJ 1986, 1272] y 26 de Diciembre de 1989 [ RJ 1989, 8873] , entre otras), o bien, por último por conceder más de lo pedido. No siendo incongruente por sí misma, la Sentencia que concede menos de lo pedido ( sts 2 de Noviembre de 1993 [ RJ 1993, 8567] ).

cuarto dado el sentir de esta Sentencia, por imperativo del art. 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( rcl 2000, 34, 962 y rcl 2001, 1892) , habrán de imponerse a la parte apelante las costas del presente Recurso.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

fallamos

Que desestimando el recurso de apelaciÓN interpuesto contra la Sentencia número 57/2003, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Andújar (Jaén), con fecha Diecinueve de Marzo de dos mil tres, en Autos de Juicio ordinario seguidos en dicho Juzgado con el número 243 del año 2002, debemos confirmar y confirmamos dicha Resolución en su integridad. Con imposición de las costas de la alzada al apelante.

Notifíquese la presente Resolución a las partes de conformidad con lo prevenido en el art. 248.4 de la lopj ( rcl 1985, 1578, 2635) .

Comuníquese esta Sentencia por medio de certificación al Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Andújar (Jaén), con devolución de los Autos originales para que se lleve a cabo lo resuelto.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente Juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

Sentencia Audiencia Provincial  Valencia núm. 279/2003 (Sección 7ª), de 30 abril

audiencia provincial de valencia

seccion septima

Rollo de Apelación 293/2003

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Lliria

Juicio de Menor Cuantía 25/2001

don vicente vallet p**a, SECRETARIO DE LA seccion septima DE LA

iltma.audiencia provincial de valencia.

doy fe: Que en las presentes actuaciones se ha dictado la resolución que es del

siguiente tenor literal :

sentencia nº 2 7 9

Ilustrísimos Señores:

Don J. A. lahoz rodrigo

Doña pilar cerdan villalba

Doña M. I. solaz

En la Ciudad de Valencia a treinta de abril de dos mil tres.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia, ha visto el presente recurso de apelación, interpuesto contra la Sentencia dictada el día 12 de diciembre de 2002 por el Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Lliria en el Juicio de Menor Cuantía 25/2001

Juicio de Cognición 644/2000.

Han sido partes en el recurso como apelante Mercadona representada por el procurador Sr. Navas González y asistida por la letrada Sr. Hervás Cantó y apelada Esperanza representada por el procurador Sr. N. Tomás y asistida por la letrada Sra. Rubio Ballester.

Es Magistrada ponente la Ilma. Sra. Dña. M. I. solaz.

antecedentes de hecho

primero.- En dichos autos y en la fecha citada se dictó Sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: "Que estimando Parcialmente la demanda interpuesta por Esperanza , representada por el procurador Sr. N. Tomás y defendido por el letrado Sra. Rubio Ballester, contra Mercadona representada por el procurador Sr. Navas González y defendida por el letrado Sr. Hervás Cantó. Debo condenar y condeno a la demandada a abonar a la actora la suma de un millón quinientas cuarenta y cuatro mil doscientas diez pesetas (1.544.210 pesetas) (9280,89 euros). Dicha cantidad devengará el interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde la fecha de la presente resolución. Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

debo absolver como absuelvo al demandado Mercadona de las peticiones de condena contra él deducidas, imponiendo a la parte actora el pago de las costas procesales causadas"

segundo.- Contra dicha Sentencia, por la demandada se interpuso recurso de apelación, que fue preparado, admitido y formalizado, remitiéndose los autos a esta Audiencia, señalándose el día 15 de abril la deliberación y votación, tramitándose el recurso con observancia de las prescripciones y formalidades legales en materia de procedimiento.

fundamentos de derecho

primero.- Habiéndose ejercitado una acción personal de reclamación de cantidad que trae causa de un supuesto ilícito extracontractual «ex» arts. 1902 del CC acaecido en el supermercado Mercadona sito en la confluencia de las calles Valencia y General Pastor en la Eliana (Valencia) propiedad de la mercantil Mercadona por lesiones causadas por el impacto de un cuchillo que se desplazó desde el mostrador interior de la charcutería hasta una cliente que allí se encontraba, la sentencia estima la pretensión resarcitoria de la cliente lesionada por considerar que existió un riesgo claro y que la demandada no adoptó todas las previsiones necesarias para eludirlo.

Se alza en apelación la demandada reproduciendo el pedimento de su contestación y en concreto la no aplicación de la doctrina del riesgo como único factor de responsabilidad, siendo preciso la existencia de culpabilidad que no existió, actuando el personal con la debida diligencia.

La apelada se opuso al recurso defendiendo la tesis de la sentencia.

segundo.- En cuanto al marco de enjuiciamiento del presente caso debemos reconducirlo al art. 1.902 del CC.

Consideramos que efectivamente, tal como apunta la apelante, la responsabilidad civil derivada de las lesiones producidas a la actora, no es, en principio, un supuesto de responsabilidad por riesgo, sino subjetiva o por culpa (art. 1902 del Código Civil) y, por tanto, se hace necesario probar la culpa o negligencia del titular del establecimiento, en cuyo recinto ocurrieron los hechos, para el éxito de las pretensiones económicas del demandante. A estos fines, no es acertada la aplicación al caso de la doctrina del riesgo y consecuente presunción de culpabilidad de la parte demandada, pues sencillamente, los daños corporales no fueron causados con vehículo, maquinaria, industria o similar o en la realización de una actividad generadora de riesgos, sino por el desplazamiento de un cuchillo desde el mostrador donde se encontraba hacia una cliente que esperaba detrás del mismo, y en todo caso, el sólo riesgo no puede erigirse en fundamento único de la responsabilidad.

Por lo tanto, la responsabilidad interesada sólo puede extraerse de la existencia de una circunstancia anómala y añadida al mero hecho de la inocua actividad comercial, que pueda imputarse a la demandada. En este caso el accidente se produce ciertamente de una forma poco habitual, pero no por ello menos previsible y posible. En el mostrador de la charcutería dedicado a la venta de fiambres, existía una vitrina, y sobre ella una caja de "fuets", lo cual es bastante frecuente, ya que se suelen colocar allí para ser vistos por los clientes con más inmediatez y atraer su atención hacia su adquisición y compra. Al proceder la cliente a coger uno de ellos, la caja por su peso o por su mala ubicación cayó hacia el interior, concretamente hacía el mostrador donde se sirve. Encima de él se encontraba uno de los cuchillos utilizados para el corte de productos, que recibió un impacto. Este impacto produjo un efecto palanca sobre el mismo y lo volteó por el aire hasta la parte posterior de la vitrina donde se encontraba la lesionada, que recibió su impacto en la mano causándole las lesiones que la sentencia describe.

Acreditada al forma de producirse los hechos, consideramos que nada obsta a la procedencia de la reclamación de la actora, que como cliente no debe soportar hechos como el sucedido, nadie espera que al realizar una actividad tan cotidiana, resulte lesionado. En la sucesión fáctica debió asegurarse la sujeción o fijación de la caja de productos que se exhibe en el mostrador, para evitar su caída hacia el exterior o hacia el interior, y lo mismo sucede con la ubicación de los cuchillos, que deberían haber estado dispuestos en un lugar destinado al efecto, mas seguro, ya que dicho efecto palanca o rebote igual se hubiera podido producir por el impacto con cualquier otro producto allí apoyado o con los movimientos del personal que allí despacha o atiende. Es por ello por lo que consideramos que existió una deficiente colocación tanto de la caja como del cuchillo, sucediendo los hechos por causa no imputable a la actora, y necesariamente por causas ínsitas al devenir de la prestación comercial de la demandada de las que debe responder como dueña de la actividad y del establecimiento, máxime habida cuenta de que se trata de un supermercado con continua afluencia de clientes, y por tanto con un continuo uso de los mostradores y acceso a sus servicios y productos, lo que obligaba a extremar cualquier precaución posible acerca de lo referido, en cuanto a su estado y colocación. Parece que es lógico que un elemento o factor de riesgo o peligro no por la escasa posibilidad de ocurrir o suceder, sea imprevisible, y se eluda su vigilancia, cuidado y supervisión, no solo para alertar de cualquier anomalía, sino incluso para impedir hechos como los acaecidos, y piénsese que la caja bien pudo caer por ejemplo hacia el exterior y golpear directamente a la cliente o incluso como mayores consecuencias a un niño pequeño que esperase tras el, situación bastante frecuente. De lo anterior se extrae por tanto que se omitió un cuidado que se hacía exigible para la demandada.

En consecuencia, debemos apreciar una insuficiente diligencia en el actuar de la demandada, que no era suficiente para evitar los peligros que la forma de prestar su actividad podía comportar, y por tanto la existencia de culpa en su obrar.

Cabe pues apreciar cierta falta de diligencia en el comportamiento de la actora, porque una adecuada atención y previsión podría haberle permitido evitar los hechos, lo que le era mayormente exigible no solo por lo ya dicho, sino también por la especial naturaleza de beneficio económico que su actividad de consolidado establecimiento de venta de productos de alimentación y otros le reportaba, por lo que además extraña no hay procedido a la satisfacción extraprocesal del interés reclamado, con independencia de que no ha hecho cuestión alguna respecto a su cuantificación en este recurso.

Por ello entendemos que existen en el presente caso todos los elementos exigidos en el art. 1902 del CC y en consecuencia la obligación de resarcir el daño causado mediante la indemnización oportuna, que no es discutida en esta alzada.

tercero.- Procede, por lo tanto en orden las costas de este recurso acordarse su imposición a la apelante de conformidad con lo establecido en el art. 398.1 en relacion con el art. 394. 1 de la Lec.

Vistos los arts. citados y demás de general aplicación:

fallamos

Desestimamos el recurso interpuesto por Mercadona representada por el procurador Sr. Navas González y asistida por la letrada Sr. Hervás Cantó contra la sentencia de fecha 12 de diciembre de 2002 dictada por el Juzgado de la Instancia núm. 4 de Lliria en el Juicio de Menor Cuantía 25/2001, confirmando la misma e imponiendo las costas de este recurso a la parte apelante.

Así por esta nuestra sentencia, cuya certificación se unirá al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Notifíquese la presente resolución a las partes, y con testimonio de la misma, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia para su ejecución y cumplimiento.

J.A. Lahoz.- P. Cerdán.- M. Ibáñez.- rubricado.

Publicacion.-Doy fé:Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Iltmo.Sr.Magistrado Ponente, estando celebrando audiencia pública la Sección Septima de esta Iltma.Audiencia Provincial, en el dia de la fecha.Valencia a treinta de abril de dos mil tres. V. Vallet.- rubricado.

AUD.Provincial seccion n. 4

palma de mallorca

sentencia: 00175/2004

audiencia provincial-seccion cuarta

palma de mallorca

Rollo: recurso de apelacion 297/2003

Ilmos. Sres.

presidente

D. M. Ángel Aguiló Monjo

magistrados

Dª. María del Pilar Fernández Alonso

Dª. J. María Gelabert Ferragut

s e n t e n c i a nº 175/2004

En palma de mallorca, a trece de abril de dos mil cuatro.

vistos en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial los autos de juicio ordinario nº 193/2002, procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº Nueve de los de Palma, a los que ha correspondido el rollo nº 297/2003, en los que aparece como demandante-apelante Dª. Elvira , representada por la Procuradora Dª. Nancy Ruys van Noolen y asistida del Letrado D. A. Gual de Torrella Feliu, y como demandada-apelante la entidad Mercadona. , representada por el Procurador D. Juan-J. Pascual Fiol y asistido de la Letrada Dª. L. Gimeno Manzano.

es ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª. J. María Gelabert Ferragut.

antecedentes de hecho

primero.- Por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia antedicho en el encabezamiento de la presente, se dictó sentencia de 31 de enero de 2003 cuyo fallo literalmente dice: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Dª. Elvira contra Mercadota, S.A.: 1º) Debo condenar y condeno a dicha demandada a abonar a la actora la suma de catorce mil setecientos treinta y cuatro euros con noventa y seis céntimos (14.734,96 euros), más los intereses legales pertinentes desde la fecha de interposición de esta demanda. 2º) No se hace expresa condena en costas, debiendo satisfacer cada parte las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

segundo.- Contra la anterior resolución se interpuso por la representación de ambas partes recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos y, seguido éste por sus trámites y sin que se interesare el recibimiento del pleito a prueba, quedaron las actuaciones pendientes de votación y fallo.

tercero.- El presente correspondió a esta Sección Cuarta en virtud de reparto efectuado por la oficina correspondiente.

cuarto.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

fundamentos de derecho

primero.- La sentencia recaída en el primer grado jurisdiccional estimó parcialmente la demanda interpuesta por Dª. Elvira contra Mercadona., y condenó a esta última a satisfacer a la primera la cantidad de 14.734,96 €, más los intereses legales pertinentes desde la fecha de interposición de la demanda; sin hacer expresa imposición en cuanto a las costas causadas.

La parte actora interpuso recurso de apelación contra la mencionada sentencia en base a los motivos siguientes: 1) Que la Juez "a quo" comete un error en la apreciación de la prueba, inducida por las imprecisiones y contradicciones existentes en el informe pericial emitido por el Dr. J. Augusto , olvidándose, por ello, de indemnizar a la actora por el acuñamiento mayor del 50% de la vértebra lumbar y por la lumbalgia post-traumática que como secuelas existentes seguirá padeciendo diariamente. 2) Que, en cuanto a la valoración de la secuela de cadera dolorosa, esta parte solicitaba en la demanda que se valorase en 6 puntos, mientras que la Juez de instancia la reduce a 5 puntos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la parte demandada se allanó a la pretensión de esta parte actora, al admitir claramente que debía indemnizarse a dicha actora por la secuela de cadera dolorosa en 6 puntos. En base a todo ello, la parte actora solicita que se revoque parcialmente la sentencia de instancia y que se dicte otra en la que se incluyan como secuelas que sufre la actora la de acuñamiento vértebra lumbar mayor del 50% (que debe valorarse en 12 puntos); y la de lumbalgia post-traumática (que debe valorarse en 6 puntos). Y que, además, la secuela consistente en cadera dolorosa se valore en 6 puntos, en lugar de 5 en los que se valora en la sentencia de instancia.

La entidad demandada también interpuso recurso de apelación contra la sentencia de instancia, por inaplicación en la misma del art. 1968.2º del C.C.; error en la valoración de la prueba practicada; y aplicación indebida de los artículos 1902 y 1903 del C.C.

segundo.- Resulta procedente que por esta Sala se entren a examinar en primer lugar los motivos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, ya que su estimación conllevaría que no fuera necesario entrar a examinar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

El primer motivo del recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada se centra en combatir la sentencia de instancia en cuanto al extremo de la misma que desestima la excepción de prescripción de la acción ejercitada en la demanda.

Conforme señala el Tribunal Supremo la doctrina de este Tribunal, abandonando la rigidez de la interpretación estrictamente dogmática de la prescripción que venía siguiéndose e inspirándose en unos criterios hermenéuticos de carácter lógico-sociológico, siempre más dúctiles y acomodables a las exigencias de la vida real, criterios que el art. 3º.1 del C.C. más que pregonar, impone ha señalado como idea básica para la exégesis de los arts. 1969 y 1973 del C.C., el que siendo la prescripción una institución no fundada en principios de estricta justicia sino en los de abandono o dejadez en el ejercicio del propio derecho y en el de la seguridad jurídica, su aplicación por los Tribunales no debe ser rigurosa sino cautelosa y restrictiva; esta construcción finalista de la prescripción, verdadera "alma mater" o "pieza angular" de la misma, tiene su razón de ser tanto en la idea de sanción a las conductas de abandono en el ejercicio del propio derecho o de las propias facultades, como en consideraciones de necesidad y utilidad social; consecuencia de todo ello, es, que cual tiene igualmente declarado esta Sala reiteradamente, cuando la cesación o abandono en el ejercicio de los derechos no aparece debidamente acreditada y sí por el contrario lo está el afán o deseo de su mantenimiento o conservación, la estimación de la prescripción extintiva se hace imposible a menos de subvertir sus esencias (STS 31-1-1986 y 20-10-1988).

Igualmente ha indicado el Tribunal Supremo que tratándose de lesiones, para la fijación del "dies a quo" del plazo de un año, a los efectos del número 2º del art. 1968 del C.C. ("desde que lo supo el agraviado") y del art. 1969 del propio texto legal ("desde el día en que pudieron ejercitarse"), hay que atenerse al momento en que se conozcan, de modo definitivo los efectos del quebranto padecido según el alta médica, pues sólo entonces está el interesado en condiciones de ejercitar la acción, valorando el alcance efectivo y total del daño y del importe de la indemnización (SSTS, entre otras, de fecha 8-6-1987 y 15-7-1991).

Como igualmente ha indicado dicho Tribunal que la aplicación no rigorista de la prescripción alcanza su más genuina expresión precisamente en el extremo relativo al término inicial a partir del cual ha de iniciarse el cómputo del plazo correspondiente, de forma que la determinación de ese día inicial o las dudas que sobre el particular puedan surgir no deben resolverse en principio en contra de la parte a cuyo favor juega el derecho reclamado, sino en perjuicio de aquella otra que pretende su extinción precisamente con base en la extemporaneidad de la pretensión adversa, sobre la que efectivamente pesa la carga probatoria de los hechos impeditivos o extintivos del derecho en litigio (STS 10-3-1990).

En el supuesto de autos, la Juez "a quo" al resolver la excepción de prescripción de la acción, que opuso la parte demandada, no hace sino aplicar la anterior doctrina del Tribunal Supremo al caso que nos ocupa. Pues lo cierto es que -como indica correctamente la Juez "a quo"- el alta definitiva no la recibió la actora hasta el 13 de marzo de 2001 (hecho probado noveno del último antecedente de hecho). Por ello, interpuesta la demanda el 8 de marzo de 2002 (además de constar otra reclamación extrajudicial por vía fax, admitida por la demandada, de 31 de enero de 2002, que interrumpió a su vez el plazo prescriptito) se cumple el plazo anual del art. 1968.2 del C.C.

Y ello es así, sin perjuicio de lo que se dirá después en cuanto a si por esta Sala se considera que ha quedado acreditado o no el nexo causal entre la segunda y la primera de las caídas que sufrió la actora. Por cuanto lo cierto es que el alta definitiva la recibió la actora, según hemos dicho antes, el 13 de marzo de 2001, y sólo en este momento -como indica la doctrina del T.S.- estaba en condiciones de ejercitar la acción.

Por lo que procede desestimar en este extremo el recurso de apelación interpuesto por la demandada, y, por lo tanto, procede confirmar respecto al mismo la sentencia de instancia.

tercero.- La parte demandada sostiene en su segundo motivo del recurso de apelación que la Juez "a quo" ha incurrido en error en la valoración de la prueba practicada en el procedimiento. Y ello tanto en relación al requisito de culpa o negligencia por parte de dicha entidad demandada, como en cuanto a los días de curación y secuelas.

Respecto al primer punto, alega la entidad apelante que la Juez "a quo" llega a la conclusión de que dicha entidad a través de la conducta omisiva de sus operarios es responsable del accidente, cuando a través de la prueba testifical practicada entendemos -añade la apelante- que no ha quedado acreditada la culpa o negligencia de la misma, sino que, antes al contrario, ha quedado acreditada la culpa de la propia actora en el resultado.

En el antecedente de hecho octavo de la sentencia objeto del presente recurso de apelación se declaran como hechos probados, entre otros, los siguientes: 1) Que el día 24 de marzo del año 2000 Doña. Elvira sufrió un resbalón en el interior de los lavabos públicos ubicados en el centro Mercadona sito en Palmanova. 2) Que la causa de dicha caída fue un charco de agua procedente de un inodoro averiado, sin que constase ninguna advertencia previa al público de inutilización. Tras la caída sufrida por la Sra. Elvira los empleados de la demandada colocaron inmediatamente un cartel de "cerrado por avería".

Los referidos hechos quedaron probados como se señala en el fundamento de derecho primero de la sentencia de instancia: El 1º) Por ser hecho admitido de adverso. El 2º) Por la testifical de D. Carlos Francisco , la primera persona que socorrió a la demandante, trabajador en el mismo centro comercial aunque independiente de la empresa demandada, quien aseveró que estaba encharcado de agua "alrededor de la taza", y por la declaración de D. Mariano , empleado de Mercadona que ha afirmado que él mismo "comprobó que había un charco de agua en el water, una fuga que venía desde la cisterna del inodoro, era una avería reciente", dando aviso inmediato a su coordinador. También ha confirmado lo anterior la nieta de la actora, Sandra , quien habiendo acudido con posterioridad (cuando la avisaron telefónicamente los anteriores de la caída de su abuela), ya encontró el charco en la zona común de los aseos.

La Juez "a quo" en el fundamento de derecho cuarto de la sentencia apelada examina los requisitos que deben concurrir para que pueda apreciarse la responsabilidad extracontractual del art. 1902 del Código Civil. Y hace referencia, también, a la jurisprudencia recaída en relación con la misma. Para, después, en el siguiente fundamento de derecho y haciendo ya referencia concreta al elemento subjetivo o culpabilístico, concluir que como se ha indicado en el hecho probado 2º de esta resolución, la actora ha acreditado sobradamente la conducta culposa de los operarios de la entidad demandada, puesto que existiendo un charco de agua proveniente de un inodoro averiado, sin haber colocado previo cartel de peligro o advertencia, se crea imprudentemente una situación de riesgo de resbalamientos y caídas, como ha acontecido en este pleito.

Según hemos indicado antes en el fundamento de derecho cuarto de la sentencia de instancia se recoge la jurisprudencia recaída en relación a la llamada responsabilidad extracontractual o aquiliana.

En la misma el Tribunal Supremo declara que la jurisprudencia no ha eliminado la exigencia del elemento subjetivo o culposo, para este tipo de responsabilidad aquiliana, sino que carga el acento, con una finalidad social, en la prueba de esa culpa, pero invirtiendo el "onus probando", es decir, atribuyendo la carga de la misma al demandado para que con ello acredite que en el ejercicio de sus actos lícitos obró con toda la prudencia y diligencia precisa para evitar el daño. Siendo doctrina de esta Sala la que el autor de los daños que se acrediten es quien, por una inversión de la carga de la prueba que consagran multitud de sentencias desde la de 10-7-1943, viene obligado a justificar, para exonerarse de la obligación de repararlos, que de otro modo le incumbe a él levantar la justificación cumplida de que en el ejercicio de su actividad obró con toda prudencia y diligencias precisas para evitar tales daños, lo que tiene su fundamento en una moderada recepción del principio de responsabilidad objetiva basada en el riesgo o peligro que excusa el factor psicológico de la culpabilidad del agente, o lo que es igual, que la culpa de éste se presume "iuris tamtum" y hasta tanto no se demuestre frente a la víctima por el autor de los daños, que él obró en el ejercicio de sus actos lícitos con toda la prudencia y diligencia precisa para evitar los daños.

Atendiendo a lo hasta aquí indicado, esta Sala considera que no puede prosperar el motivo de apelación que ahora nos ocupa, por cuanto la Juez "a quo" no ha hecho más que aplicar al caso de autos la referida jurisprudencia. Y ello por cuanto habiendo quedado debidamente acreditado, según se ha dicho antes, que existía un charco de agua proveniente de un inodoro averiado, sin haber colocado previo cartel de peligro o advertencia, la entidad demandada no ha desvirtuado en forma alguna la presunción "iuris tantum" de culpa que se deriva de tales hechos probados, pues no ha acreditado que obrara con toda la diligencia y prudencia precisa para evitar el daño.

cuarto.- La parte demandada, según hemos indicado antes, sostiene también en su recurso de apelación que la Juez "a quo" ha incurrido en error en la valoración de la prueba practicada en el procedimiento, en cuanto a los días de curación y secuelas.

Así se alega en el recurso de apelación que la Juzgadora en el fundamento de derecho sexto de la sentencia establece que "...goza de mayor verosimilitud el informe del Dr. Serafin el detrimento de la pericial...", no estando de acuerdo la parte apelante con tal argumento, no sólo porque el perito designado judicialmente el Dr. J. Augusto no tiene vinculación alguna con las partes, es objetivo e imparcial; mientras que Don. Serafin guarda relación (privada) con la actora. Sino porque, además, tanto el informe como la declaración del perito (experto en operaciones de cadera, tal y como declaró en el acto de juicio) son coherentes con el tipo de lesiones de la actora. En cuanto a los días de curación -añade la parte apelante- no se puede compartir con la Juzgadora que fueran 354 días, puesto que de la prueba practicada no ha quedado acreditado el nexo causal entre las lesiones de la segunda caída (17-8-00) y las lesiones de la primera caída (24-3-00).

La Juez "a quo" examina la cuestión referente al nexo de causalidad entre las lesiones reclamadas y las caídas del 24 de marzo y del 17 de agosto, en el fundamento de derecho sexto de la sentencia apelada, y como indica la parte apelante en su recurso de apelación, del examen comparativo de la prueba practicada en autos y muy en especial de las aclaraciones efectuadas por el perito judicial Don. J. Augusto y del interrogatorio del Dr. Lucio , entiende -dicha Juzgadora- que goza de mayor verosimilitud el informe Don. Serafin en detrimento de la pericial, por los motivos que expone la Juez "a quo" en los apartados A) y B) de dicho fundamento de derecho.

La parte actora acompañó con la demanda bajo el número 3 de los documentos parte del servicio de urgencias de la Policlínica Miramar; con el nº 4, aporto el informe de alta hospitalaria de la Clínica Femenía, de fecha 6 de abril de 2000; y con el número 5, acompañó informe emitido por el médico especialista en traumatología y cirugía ortopédica D. Lucio (de fecha 22 de marzo de 2001). Estos fueron los únicos documentos que aportó la actora con la demanda en relación a sus lesiones. No aporta ninguno (parte de ingreso; informe de alta hospitalaria, etc...) referente a la segunda caída.

En dicho informe, en cuanto a la evolución y tratamientos, Don. Serafin indica: Ingresa para tratamiento médico y control el 24-3-00, en la Clínica Femenía, permaneciendo ingresada hasta el 6-4-00. Acudiendo a tratamiento rehabilitador, para recuperación funcional de la fractura de la pelvis y el cotilo, debido a la debilidad muscular de los miembros inferiores, causada por la atrofia de los mismos, consecuencia del reposo practicado para el tratamiento de la pelvis, sufre el 17-8-00, caída lesionándose en la columna lumbar. Se le diagnostica fractura de L2, procediéndose a ingreso en la Clínica Femenía, siendo dada de alta, para traslado a su domicilio el 24-8-00. Se le aplica corsé ortopédico, durante tres meses, iniciando posteriormente tratamiento rehabilitador, el cual una vez finalizado, se le dio de alta el 13-3-01.

El referido médico Don. Serafin en el acto del juicio manifestó que existía nexo de causalidad entre la primera y la segunda caída: Existía un dolor residual en la cadera, y la segunda caída es consecuencia de dicho dolor residual en la cadera.

El perito designado judicialmente hizo constar en su dictamen, en el apartado nexo de causalidad y consideraciones medico-legales, lo siguiente: 1º/ Bajo nuestro punto de vista, no existe conexión y por tanto nexo de causalidad entre el traumatismo y su consecuencia del día 24-03-2000 y la segunda lesión del 17-08-2000.

2º/ Las lesiones del primer accidente (24-03-2000): a/ Fractura del cotilo a nivel de ceja anterior, b/ fractura de rama isquiopúbica izquierda, son lesiones mínimas y que normalmente en cuatro semanas se autoriza la carga directa con bastones y a las doce semanas están recuperadas. Esto concuerda con que la paciente hace la rehabilitación por su cuenta, es decir, lo que se le recomiendo es la marcha "in creccendo" y 20 lesiones de magnetoterapia y kinesiterapia que autorizó Asisa como antalgico.

3º/ Discrepamos del informe Don. Serafin , cuando dice que "Acudiendo a rehabilitación" la paciente cae el 17-08-00 a/ La paciente no hacía rehabilitación en ningún centro. b/ La paciente nos ha referido en la anamnesis que "se le fueron doblando las rodillas y se arrodilló" sintiendo dolor lumbar. En ningún momento se hace referencia a fallo en la cadera. -b/ La paciente es osteoporótica, y por ello consideramos el aplastamiento vertebral L2 achacable a la osteoporosis por la caída de rodillas.

Como indica la Juez "a quo" en la sentencia de instancia, el perito judicial en el acto de juicio no pudo asegurar cuál fue la causa de la segunda caída, pues de la anamnesis de la actora a fecha 4 de julio de 2002 no ha podido determinar por qué fue "flexionándose de rodillas" hasta llegar a caer, "sintiendo dolor lumbar" pero sin referirse a fallo de la cadera.

quinto.- La existencia de una relación de causalidad entre la primera y la segunda de las caídas precisa de una prueba terminante. Prueba terminante que esta Sala considera que no ha existido en el supuesto de autos, pues el hecho de que cuando se produjo la segunda caída la actora todavía no hubiera sido dada de alta de las lesiones sufridas en la primera y siquiera tratamiento rehabilitador, no puede determinar, sin más, que la segunda caída fuera consecuencia de la primera. Además, debe tenerse en cuenta que en el informe acompañado con la demanda, emitido el 22 de marzo de 2001, Don Serafin atribuye la segunda caída acaecida el 17 de agosto de 2000, a la debilidad muscular de los miembros inferiores, causada por la atrofia de los mismos, consecuencia del reposo practicado para el tratamiento de la pelvis, mientras que en su declaración en el acto de juicio la atribuye a un dolor residual en la cadera, indicando que al sufrir se produce un movimiento instintivo de encogimiento.

Por otra parte y en cuanto a las "imprecisiones y/o contradicciones" que la parte actora imputa en su recurso de apelación al dictamen emitido por el perito designado judicialmente, debemos indicar que dicho dictamen tal como indicó el perito fue emitido en base a la documentación médica y a la información facilitada por la propia actora, ya que con la demanda sólo se aportó la documentación médica a la que antes hemos hecho referencia. Y así el perito explicó en el acto del juicio que si en su dictamen había hecho constar que en la fecha de la segunda caída la actora no hacía rehabilitación, es porque en la documentación facilitada figuraba sólo un informe de seguimiento de fisioterapia 12-05-2000, 20 sesiones Asisa. Como también explicó porque hizo constar que la paciente es osteoporótica.

sexto.- Como hemos dicho antes, la actora cuando sufrió la segunda caída el 17 de agosto de 2000 todavía no había sido dado de alta de las lesiones sufridas como consecuencia de la primera. Sin embargo, no consta en los autos documentación alguna acreditativa de que después de la segunda caída siguiera recibiendo alguna clase de tratamiento médico o rehabilitador que afectara a las lesiones sufridas en la primera caída, refiriéndose únicamente en el informe acompañado con la demanda lo que antes hemos trascrito.

Ante ello, y habida cuenta la falta de acreditación de relación de causalidad entre la 1ª y 2ª caída conforme lo que hemos expuesto en el fundamento de derecho anterior de la presente resolución, los días de baja médica deben establecerse hasta la fecha de la segunda caída; o sea, el 17 de agosto de 2000, al no existir en autos dato alguna que permita determinar otra fecha posterior. Por consiguiente, por los 14 días de estancia hospitalaria, a razón de 52,84 €, la actora debe percibir la cantidad de 739,76 €. Y por los 138 días impeditivos, a razón de 42,93 €, la cantidad de 5.709,69 €.

En cuanto a las secuelas, debe mantenerse lo establecido en la sentencia de instancia sobre las mismas, ya que en ella tan sólo se recoge la secuela de cadera dolorosa en grado medio-bajo, conforme lo señalado por el perito Don. J. Augusto .

septimo.- La estimación del motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en los términos indicados en el fundamento de derecho anterior de la presente resolución, debe implicar, necesariamente, la desestimación del primer motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora referente a que debían incluirse, y, por lo tanto, ser objeto también de indemnización las secuelas derivadas de las lesiones sufridas por la actora en su segunda caída.

Igual suerte desestimatoria debe correr el segundo motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, referente a que la secuela consistente en cadera dolorosa en grado medio-bajo, debe ser indemnizada en seis puntos y no en cinco, según se hace en la sentencia de instancia, al sostener la parte actora-apelante que la demandada se allanó a dicho extremo en su contestación a la demanda. Y ello por cuanto en dicha contestación a la demanda no existe el allanamiento que pretende la parte apelante, ya que la misma debe ser examinada en su conjunto, sin que pueda sacarse del contexto la manifestación hecha por la parte demandada en cuanto a las secuelas, ya que, en todo caso, se remite al resultado del informe médico judicial que se solicita en la repetida contestación a la demanda.

octavo.- Al estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, no procede hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas en esta alzada como consecuencia de dicho recurso (art. 398.2 de la L.E.C.). Y al desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora procede imponer a la misma las costas derivadas de su recurso de apelación (art. 398, en relación con el 394 de la L.E.C.)

En virtud de cuanto antecede,

fallamos

1) Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Dª. Nancy Ruys van Noolen, en nombre y representación de Dª. Elvira , y debemos estimar y estimamos parcialmente el interpuesto por el Procurador D. Juan-J. Pascual Fiol, en nombre y representación de la entidad Mercadona., contra la sentencia de fecha 31 de enero de 2003, dictada por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº Nueve de los de Palma, en el procedimiento ordinario del cual el presente rollo dimana, cuya sentencia, en su consecuencia, debemos revocar y revocamos parcialmente en el único extremo que se indicará a continuación, confirmándola en los demás:

2) Que la cantidad que debe satisfacer la demandada a la actora es la de nueve mil trescientos noventa y cuatro euros (9.394 €).

3) Procede imponer a la actora las costas causadas en esta alzada como consecuencia de su recurso de apelación; y no se hace expresa imposición en cuanto a las causadas por el recurso de apelación interpuesto por la demandada.

Así, por esta nuestra sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

publicacion.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente Dª. J. María Gelabert Ferragut, que lo ha sido en este trámite, en el mismo día de su audiencia pública señalado en el encabezamiento, doy fe.

publicaciÓN : En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

diligencia : Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.