Foro Mercadona

Sentencia Audiencia Provincial  Málaga núm. 187/2005 (Sección 5ª), de 23 marzo
Recurso de Apelación núm. 960/2001

En Málaga, a veintitrés de marzo de dos mil cinco.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial, los autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía procedentes del Juzgado de Primera Instancia número Dos de Antequera sobre reclamación de cantidad, seguidos a instancia de Doña Ángela contra la mercantil «Mercadona»; pendientes ante esta Audiencia en virtud de recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia dictada en el citado juicio.

antecedentes de hecho

primero el Juzgado de Primera Instancia número Dos de los de Antequera dictó sentencia de fecha 26 de julio de 2001 en el juicio declarativo de menor cuantía del que este Rollo dimana, cuya parte dispositiva dice así:

«Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la actora, debo condenar y condeno a Mercadona a abonar a Dª Ángela, la cantidad de un millÓn trescientas treinta y dos mil cuarenta y ocho pesetas, en concepto de indemnización de daños y perjuicios (1.332.048), más intereses legales, abonando cada parte las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad en este procedimiento».

segundo contra la expresada sentencia interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación la representación de la demandada, el cual fue admitido a trámite dándose traslado del escrito en el que constan los motivos y razonamientos del mismo a la otra parte para que en su vista alegase lo que le conviniese. Cumplido el trámite de audiencia se elevaron los autos a esta Audiencia, y tras su registro se turnaron a ponencia quedando pendientes de deliberación y fallo.

tercero en la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. H.H.B. Habiendo tenido lugar la deliberación previa a esta resolución el día veintiuno de octubre de dos mil tres.

fundamentos de derecho

Aceptando los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida.

primero considerando que motiva su recurso la parte apelante en la existencia, en su opinión, de error en el juzgador a efectos de valoración de la prueba practicada, y también de error en la jurisprudencia aplicada. Ni los testigos ni la propia actora inculpan a la hoy apelante, ni la teoría del riesgo o responsabilidad objetiva es aplicable al caso de autos, pues el desarrollo de una actividad comercial no puede calificarse por sí de peligrosa para la integridad física de las personas. Por último impugnó «ad cautelam» la indemnización concedida en cuanto compartiendo la aplicación analógica del baremo de la Ley 30/1995 ( rcl 1995, 3046) , no se acreditan en absoluto las secuelas que se alegan y el Juez asume. La parte apelada pidió la confirmación de la sentencia por sus propios fundamentos de derecho entendiendo que el Juez no aplica la teoría objetivista del riesgo sino claramente invoca un actuar negligente por parte de la demandada. En cuanto a las secuelas la presunción del médico que inicialmente vio a la Sra. Ángela no pasa de ser una mera suposición de futuro que no puede mantenerse por no ser el médico que realizó el seguimiento de la fractura constatada. Los informes aportados al pleito y no impugnados en su momento procesal oportuno llevan al convencimiento de la realidad y entidad de las secuelas.

segundo considerando que la simple lectura de la sentencia ahora revisada lleva a la Sala a entender que, pese a lo que opina la representación procesal de la apelante, el Juez no aplica la teoría del riesgo ni la de la responsabilidad objetiva al caso de autos. El relato de hechos probados que contiene el segundo de los fundamentos jurídicos y que matiza el párrafo segundo del tercero de dichos razonamientos, se asume en su integridad por la Sala y no implica en absoluto que la condena se produzca forzando las teorías reseñadas en función del ejercicio de la actividad comercial en un determinado local abierto al público. Por el contrario lo que se concluye al aplicar a tales hechos el artículo 1902 del Código Civil ( leg 1889, 27) es que hay una directa relación de causa a efecto entre la rotura de una botella, la caída al suelo del líquido que contenía, la tardanza de los empleados de la demandada tanto en avisar a los clientes como en acotar la zona o limpiarla, y la caída de la demandante al resbalar sobre el líquido con las consiguientes lesiones.

tercero considerando que el principio de responsabilidad por culpa que define el mencionado artículo 1902 del Código Civil ( leg 1889, 27) sienta como punto general la necesidad ineludible de que el hecho le haya de poder ser reprochado culpabilísticamente a un eventual responsable, quedando a salvo los varios paliativos de tal principio introducidos por la jurisprudencia, como acentúa el rigor con que debe aplicarse el artículo 1104, exigiendo como regla general el agotamiento de la diligencia, la inversión de la carga de la prueba o presunción «iuris tantum» de que medió culpa del agente, y más destacadamente la responsabilidad por riesgo, todo ello en beneficio del perjudicado y requerido por la realidad social a través del cauce del artículo 3.1 del Código Civil ( sentencias del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 1982 [ RJ 1982, 5538] , y 6 de mayo [ RJ 1983, 2672] y 13 de diciembre de 1983 [ RJ 1983, 6935] ) para incardinar una conducta como culposa no solamente debe atenderse a la diligencia exigible según las circunstancias de las personas, tiempo y lugar, sino además al sector de la vida real en que la conducta se proyecta ( sentencia del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1983 [ RJ 1983, 1573] ), siendo el requisito de la previsibilidad esencial para generar culpa extracontractual, siendo ello preciso porque la exigencia hay que considerarla en la actividad normal del hombre medio en relación con las circunstancias, desde el momento en que no puede estimarse previsible lo que no se manifiesta con constancia de poderlo ser ( sentencia de 11 de mayo de 1983 [ RJ 1983, 2683] ) de tal manera que la doctrina más moderna ha acuñado el principio de la causabilidad adecuada, de forma que para la determinación de la existencia de relación o enlace directo entre la acción u omisión y el daño o perjuicio producido, exige para apreciar la culpa del agente, que el resultado sea una consecuencia natural, adecuada y suficiente de la determinación de la voluntad, debiendo entenderse como consecuencia natural aquella que propicia entre el dato inicial y el resultado dañoso, una relación de necesidad conforme a los conocimientos normalmente aceptados, debiendo valorarse, en cada caso concreto, si el acto antecedente que se valora como causa, tiene virtualidad suficiente para que del mismo se derive, como consecuencia necesaria, el efecto lesivo producido; considerándose por la Sala enjuiciadora, a la vista del material probatorio de una y otra instancia, que la conducta negligente, omisiva, que trata de imputarse a la propietaria del supermercado ha quedado suficientemente constatada: a la comprobación de lo que había ocurrido no siguió un inmediato actuar como la recogida del líquido o la señalización de la zona que permitió en el tiempo transcurrido que la Sra. Ángela -de avanzada edad- se escurriese y cayese al suelo con tan mala fortuna que al apoyar para levantarse el brazo izquierdo notó -junto a los dolores más generales de cadera y columna- un intenso dolor en la muñeca que, tras inflamarse y motivar una visita al hospital se diagnosticó como fractura distal del radio con afectación de la articulación. Surge así como causa eficiente del daño el incumplimiento de la obligación de mantener limpia la zona por parte de los empleados de la demandada desde el momento en que conocieron el riesgo creado. Y sin que el ofrecimiento probado de cantidad menor por la demandada a la actora sea el fundamento de la condena, sino solo un dato más en la formación del convencimiento judicial.

cuarto considerando que, aceptada por ambas partes la aplicación del baremo del automóvil por analogía, se centra este último motivo del recurso en las secuelas constatadas. Se niega por la demandada la existencia de secuela alguna sobre la base de discrepancia entre la demanda y los informes que la acompañan y el añadido de que en el parte de curación inicial se decía que la «evolución debe ser satisfactoria y la curación sin secuelas». A falta de prueba pericial contradictoria que bien pudo practicarse durante el proceso, es lo cierto que a la Sala, como al Juez, le merece mayor credibilidad el informe elaborado por la Dra. María Inés, experta en valoración del daño corporal, que se aportó con la demanda y que en su día no fue impugnado ni cuestionado por la hoy apelante. Tampoco en este particular puede prosperar el recurso.

quinto considerando que la desestimación íntegra del recuso y la aplicación a esta alzada del artículo 398 de la Ley Procesal ( rcl 2000, 34, 962 y rcl 2001, 1892) llevan a la condena de la apelante al abono de las costas de la apelación.

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación.

fallamos


Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de la entidad «Mercadona» contra la sentencia dictada en fecha veintiséis de julio de 2001 por el Juzgado de Primera Instancia número Dos de Antequera en sus autos civiles 191/2000, debemos confirmar y confirmamos íntegramente dicha resolución dando por reproducidos cuantos pronunciamientos contiene en su parte dispositiva y condenando expresamente a la parte apelante al abono de las costas causadas en esta alzada. Notifíquese esta resolución en legal forma haciendo saber a las partes que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.

Esta trata de un coordinador que se pasó con unos clientes que les imputó verbalmente un robo en el establecimiento, sin probarlo. Como es obvio los clientes no se quedaron de brazos cruzados y pusieron la correspondiente denuncia por injurias.

Recurso de Apelación núm. 71/2006.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Juan A. Jover Coy

AUD.Provincial seccion n. 4

murcia

sentencia: 00012/2006

Rollo Apelación Juicio Faltas 71/06

s e n t e n c i a num. 12

En la ciudad de Murcia, a dos de febrero de dos mil seis.

El Iltmo. Sr. D. Juan A. Jover Coy, Magistrado de la Audiencia Provincial de Murcia, ha visto en grado de apelación las presentes actuaciones de orden penal, rollo nº 71/2006, dimanantes del juicio de faltas nº 77/2005, tramitado con arreglo a las normas del Libro VI de la Ley de Enjuiciamiento Criminal según la reforma operada por Ley 10/92 de 30 de abril, en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Yecla por una falta de injurias contra J. Francisco y Pilar en virtud del recurso de apelación interpuesto por J. Francisco contra la sentencia de fecha 29/9/2005 dictada en el referido juicio de faltas.

antecedentes de hecho

primero.- El Juzgado de Instrucción nº 1 de Yecla dictó sentencia el 29/9/2005 declarando probados los siguientes hechos: "Único.- Son hechos probados y así se declara, que el día 26 de abril de 2005 sobre las 13:20 horas, Angelina se encontraba con su hermana S. comprando en el establecimiento "Mercadona" sito en la avenida La P. de Yecla, cuando al encontrarse pagando en la caja se les acercó el encargado de la tienda, J. Francisco y mostrándole una caja de parches adelgazantes, que previamente Angelina había dejado en una estantería, le dijo "que no los quieres, esta vez no te ha salido bien la jugada" refiriéndose a que en otras ocasiones se había llevado el mismo producto sin haberlo pagado. Acto seguido Angelina se dirigió en compañía de su hermana S. hacia la sección de perfumería al objeto de aclarar lo sucedido, reconociendo que habían dejado la caja de parches en un lugar distinto del habilitado para su venta, pero que no habían abierto la caja y que el motivo de haberla dejado era porque no la querían, manifestándole la encargada de la sección de perfumería, Pilar, que había sido ella quien dio aviso a J. Francisco al sospechar que Angelina y su hermana querían llevarse el producto sin pagar".

segundo.- El fallo de dicha resolución expresamente disponía: "Condeno a J. Francisco como autor de una falta de injurias, a la pena de multa de 15 días, con una cuota diaria de 6 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa impagadas y al pago de las costas.

Absuelvo a Pilar de la falta en virtud de la cual se iniciaron las presentes actuaciones, con declaración de oficio de las costas causadas a su instancia en el presente procedimiento"

tercero.- Contra la referida resolución se interpuso en legal forma recurso de apelación por J. Francisco fundamentándolo en síntesis en vulneración del principio de presunción de inocencia. Y observados los trámites de los artículos 795 y 796 en relación con el 976 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se elevaron las actuaciones a esta Audiencia Provincial, formándose el correspondiente rollo y quedando los autos vistos para sentencia.

cuarto.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales

hechos probados

primero.- Se aceptan los hechos declarados probados por la sentencia apelada, debiendo tenerse por reproducidos.

fundamentos de derecho

Se aceptan los de la sentencia apelada.

primero.- El recurso de apelación interpuesto por J. Francisco se basa en vulneración del principio de presunción de inocencia, ya que, según la representación del apelante, la prueba practicada no podía justificar la condena impuesta.

Basta con examinar el acta del juicio de faltas para comprobar que declararon Angelina, J. Francisco y S., y cualquiera de esas declaraciones bastaba para desvirtuar el principio de presunción de inocencia, que sólo protege al acusado impidiendo su condena cuando no haya pruebas válidas y suficientes. Y el Sr. J. Francisco reconoció haber dicho en voz alta "no ha salido bien la jugada".

Por otra parte el que los testimonios carezcan de objetividad y de valor no pasa de ser una alegación interesada del apelante, que no puede prevalecer frente a la apreciación y valoración de la prueba llevada a cabo tanto por la Juez de Instrucción, como por el Ministerio Fiscal, sin que sea función de los empleados de establecimientos abiertos al público reprochar determinadas conductas de los clientes, con el consiguiente escarnio que tal actitud comporta.

Por todo ello es procedente desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia apelada.

segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 239 y 240-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se declaran de oficio las costas de esta alzada.

Vistos los artículos citados, sus concordantes y demás de aplicación.

En nombre de S.M. el Rey

fallo

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto J. Francisco contra la sentencia de 29 de Septiembre de 2005 dictada por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Yecla en el juicio de faltas nº 77/05 de que dimana este rollo nº 71/2006, debo confirmar y confirmo dicha resolución, declarando de oficio las costas de esta alzada.

Sentencia a la que se refiere la noticia anterior.

Recurso de Apelación núm. 2231/2002.

Ponente: Ilmo. Sr. D. J. Andrés Escribano Parreño

En la ciudad de Valencia, a diecinueve de noviembre de dos mil dos.

El Ilmo. Sr. D. J. Andrés Escribano Parreño, Magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, constituido en Tribunal Unipersonal, ha visto en grado de apelación los presentes autos de Juicio de Faltas nº 14/2002, correspondiente al Rollo nº 2231/2002, sobre vejaciones, procedentes del Juzgado de Instrucción, nº 2 de Sagunto.

Han intervenido en el recurso, como apelante D. F. S. M., y como apelado la Letrado Dª L. G. M., en nombre y representación de D. Abel V. C. y el Ministerio Fiscal.

antecedentes de hecho

primero.- Por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, nº 2 de Sagunto, con fecha 2 de abril de 2002 se dictó sentencia en la meritada causa, declarando probados los hechos siguientes: "Queda probado que el día 3 de agosto de 2001, sobre las 18:35 horas, cuando D. F. S. M. se encontraba comprando en el supermercado Mercadona de Sagunto, se percató de que tres personas le observaban, y cuando acababa de rebasar la línea de cajas tras haber abonado su compra, D. Abel V. C., encargado, acompañado por las tres personas mencionadas, se dirigió a D. F. S. M. y delante de los demás clientes del establecimiento, le dijo que se sacara todo lo que llevaba debajo de la chaqueta, y al contestarle éste último que no llevaba nada, D. Abel V. C. le dijo que se levantara la camiseta a las buenas o a las malas, lo que hizo finalmente, si bien, al observar D. Abel V. C. que no llevaba nada y que los bultos que sobresalían se debían a un problema de salud de D. Francisco S. M., le pidió varias veces disculpas".

segundo.- La parte dispositiva de la referida sentencia recurrida es del tenor literal siguiente: "que debo condenar y condeno a D. Abel V. C. como autor penalmente responsable de una falta de vejación injusta, prevista y penada en el art. 620.2 del Código Penal, a la pena de multa de diez días a razón de seis euros diarios, quedando sujeto en caso de impago de la misma, a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, imponiéndole el pago así mismo de las costas causadas en el juicio.".

tercero.- Notificada dicha sentencia a las partes, por el arriba indicado se interpuso recurso de apelación ante el órgano judicial que la dictó. Formalizado el recurso ante el Juzgado de Instrucción, dio este traslado a las demás partes por un plazo común de diez días. Transcurrido dicho plazo y fijado domicilio para notificaciones, fueron elevados los autos originales a esta Audiencia Provincial con todos los escritos presentados y recibidos los mismos fueron repartidos por los servicios comunes al Magistrado que suscribe y, remitido el asunto a la Secretaría de la Sección Segunda de esta Audiencia Provincial, se formó el correspondiente rollo, señalándose el 15 de noviembre de 2002, para su estudio y resolución.

cuarto.- En la tramitación de ambas instancias se han observado las prescripciones legales.

hechos probados

Se aceptan los hechos declarados probados en la sentencia apelada, que han quedado anteriormente transcritos.

fundamentos juridicos

primero.- La Sala, en el presente recurso de apelación ha procedido al estudio de la causa cuya sentencia es objeto de deliberación, examinándose los argumentos impugnatorios expuestos por las partes apelantes en esta alzada, en el ejercicio de su derecho fundamental contenido en el artículo 24.1 de la Constitución Española, en el que se comprende la utilización de los medios de impugnación y de las diversas instancias previstas en el ordenamiento jurídico, de suerte que el acceso al recurso de apelación, en los términos establecidos por la Ley, constituye un instrumento procesal del que podrán servirse las partes para obtener la resolución judicial definitiva que garantiza el citado precepto constitucional.

segundo.- A la vista del contenido del recurso se evidencia que el mismo se contrae a la no declaración en la sentencia de responsabilidad civil, por la que ahora solicita una indemnización de un millón de pesetas; tal como reconoce el denunciado en su escrito de oposición del recurso. En éste se dice que por primera vez se solicita tal cantidad, pero ello es cierto sólo en parte, pues como se refleja en el acta el denunciante, además de pedir la pena que la ley marque, dijo "así como daños y perjuicios", luego la reclamación económica ya estaba formulada aunque sin concretar cantidad alguna, lo que sí hace al interponer el recurso, por lo que la petición debe ser valorada.

tercero.- Examinada la sentencia se evidencia que el Juez "a quo" no hizo pronunciamiento alguno sobre la petición del denunciante por daños y perjuicios, ni en la fundamentación ni en el fallo, a favor de que aquél mantenía la acusación por la responsabilidad penal y la civil, al no intervenir el Ministerio Fiscal en el juicio.

El hecho de que el perjudicado no hubiera cuantificado el perjuicio sufrido no impide que ahora se valore dado que ha sido objeto del recurso, y ello porque la condena lo fue por una falta de vejación injusta, lo que normalmente no genera daños materiales pero sí morales. La víctima ya dijo en su denuncia "pasando mucha vergüenza y sufriendo una crisis nerviosa", y en la vista dijo "sintió mucha vergüenza y humillación"; lo que evidencia el perjuicio moral reclamado que debe ser objeto de reparación. Así de lo actuado resulta que los hechos por los que ha recaído sentencia condenatoria se realizaron en un lugar público, concretamente en un conocido supermercado, existiendo en ese momento clientes alrededor y personal de las cajas, tal como resulta en sus declaraciones como testigos, teniendo el denunciante que levantarse la ropa delante de todos ellos. A lo que hay que añadir el motivo de ello, esto es, la insinuación de que había cogido objetos que ocultó para no abonar su importe; lo que si bien es necesario a veces por los numerosos hurtos en supermercados, se debe de hacer con prudencia y en un local anejo por discreción del sospechoso, lo que aquí no ocurrió.

Por todo ello procede la estimación del recurso, en el sentido de añadir al fallo que la indemnización a abonar al perjudicado es de quinientos euros.

cuarto.- En cuanto a costas, no apreciándose temeridad, procede declarar de oficio las correspondiente a la alzada.

fallo

Que se estima el recurso de apelación interpuesto por D. F. S. M., contra la sentencia dictada con fecha 2 de abril de 2002 por el Ilmo. Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, nº 2 de Sagunto, en los autos de Juicio de Faltas nº 14/2002, de que estas actuaciones traen causa, en el sentido de completar el fallo condenando a D. Abel V. C. a que indemnice a D. F. S. M. en quinientos euros, con el interés legal, por el daño moral sufrido. Permaneciendo los demás pronunciamientos condenatorios de la sentencia, y declarándose de oficio las costas de esta apelación.

Hay muchísimas sentencias de clientes (sobretodo clientas mayores) que han tenido verdaderos problemas con Mercadona, verdaderos porque son accidentes bastante aparatosos en sus supermercados.

Mercadona, que indica hasta la saciedad que "el cliente es el jefe", miente ante la opinión pública tal y como lo hace cuando anuncia que trata bien a sus trabajadores/as. Del mismo modo que está sobradamente acreditado por sentencias de acoso laboral, y otras muchas vulneraciones de derechos fundamentales a sus trabajadores/as, pasa lo mismo con los clientes. Mercadona no trata especialmente bien a sus clientes,  y eso lo acredita las múltiples sentencias que tiene en contra, donde no le dan la razón ante clientas (la mayoría son clientas, como en la mayoría de supermercados) que han tenido accidentes en el super y la compañía sólo se limita a recurrir sentencias, esgrimir argumentos de que la caída fue su culpa, o sencillamente esgrimir que usar sus supermercados implica de por si un riesgo para los clientes de cara a los accidentes que hay de vez en cuando en sus instalaciones.

Lo que está en negrita y en rojo es la cantidad de tonterías que esgrime Mercadona para no hacerse responsable de los accidentes y problemas que tienen sus clientes en Mercadona a la hora de comprar.


Sentencia Audiencia Provincial  Murcia núm. 180/2006 (Sección 4), de 27 junio
Recurso núm. 9/2006.

AUD.Provincial seccion n. 4
murcia
sentencia: 00180/2006
AUDIENCIA PROVINCIAL murcia. SecciÓn cuarta
apelaciÓn civil. Rollo nº 9/06
Iltmos. Sres.:
D. C.M.M
Presidente
D. J.A.J.C
D. J.G.L
Magistrados
s e n t e n c i a nº 180

En la ciudad de Murcia, a veintisiete de junio de dos mil seis.

La Sección Cuarta de esta Audiencia Provincial ha visto en grado de apelación los autos de Juicio Ordinario procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Murcia y seguidos ante el mismo con el nº 8/05, -rollo nº 9/06-, entre las partes, actora, Dª. Pilar, mayor de edad, vecina de Murcia, con domicilio en calle000 nº NUM000, con D.N.I. nº NUM001, representada por el Procurador Sr. A.M. y dirigida por el Letrado Sr. G.R.; y demandados, D. J.F., con D.N.I. nº NUM002, en rebeldía, y Mercadona., con domicilio social en Tavernes Blanques (Valencia), calle Valencia nº 5, con C.I.F. nº A- 46.103.834, representada por la Procuradora Sra. M.A.A. y dirigida por la Letrada Sra. G.M.. Versando sobre reclamación de cantidad derivada de culpa extracontractual.

Los referidos autos penden ante esta Audiencia Provincial en virtud de recurso de apelación interpuesto por Mercadona contra la sentencia de 27 de julio de 2005, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Murcia; siendo ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. J.A.J.C, que expresa el parecer de la Sala.

antecedentes de hecho

Primero.- La expresada resolución contiene el siguiente fallo:

"Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador M.-A. A.M. en nombre y representación de Pilar, se condena solidariamente a J.F., y a la sociedad Mercadona. al pago a la actora de la cantidad de veinte mil setecientos cincuenta y siete euros y cincuenta y tres centimos de euro (20.757,53 ?); con imposición de costas a la parte demandada".

Segundo.- Contra dicha sentencia interpuso Mercadona recurso de apelación, que tras tenerse por preparado fue formalizado conforme a lo dispuesto en los artículos 458 y siguientes de la Ley de Enjuic. Civil.

Tercero.- Seguidamente se remitieron las actuaciones a esta Audiencia Provincial, donde se formó el correspondiente rollo, con el nº 9/06, y se señaló el día 22 de junio de 2006 para que tuviera lugar la votación y fallo del recurso, tras lo cual quedó éste visto para sentencia.

Cuarto.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

fundamentos de derecho

Primero.- Dª. Pilar interpuso demanda de Juicio Ordinario solicitando que se condenara a D. J.F. y a la mercantil Mercadona a que abonaran a Dª. Pilar la cantidad de 20.757,53 euros, en concepto de indemnización por los días de curación, secuelas e incapacidad permanente parcial para su trabajo, más intereses.

Exponía la representación de la actora que el 6 de julio de 2001, sobre las 13'30 horas, cuando Dª. Pilar se encontraba haciendo la compra en el establecimiento Mercadona, de la calle Cisne, de Murcia, El Ranero, fue arrollada por D. J.F., empleado del referido establecimiento, que iba corriendo por el pasillo donde estaba la actora y le enganchó la pierna, lanzándola al suelo.

La Sra. Pilar fue examinada por el Médico Forense en el expediente de Juicio de Faltas nº 1.638/01 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Murcia, apreciándosele lesiones consistentes en fractura-aplastamiento de la 11ª vértebra dorsal, de las que tardó en curar 119 días, precisando reposo y antiinflamatorios, y durante los que estuvo incapacitada para sus ocupaciones habituales, y como secuela le quedó dorsalgia ocasionada por "fractura acuñamiento de vértebra dorsal menor al 50%", que el propio médico forense valoraba en ocho puntos, añadiendo el facultativo que, según su criterio, las secuelas suponían una incapacidad permanente parcial para la profesión de peón agrario.

El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia estimando la demanda, al considerar que se había probado la realidad de la caída de la Sra. Pilar, así como que la misma fue provocada por D. J.F., y las consecuencias lesivas de la mencionada caída, concurriendo el nexo de causalidad entre la conducta del agente y el daño padecido por la demandante.

Todo ello hacía aplicables los artículos 1.902 y 1.903 del Código Civil.

Y en relación con el importe de la indemnización entendió el Juzgado que era procedente ajustarse al Sistema para la valoración de los daños y perjuicios derivados de accidente de circulación, como solicitaba la actora.

Segundo.- El recurso de apelación interpuesto por Mercadona se basa en error en la valoración de la prueba y en aplicación indebida de los artículos 1.902 y 1.903 del Código Civil.

Según la representación de la apelante, en modo alguno cabe concluir que el Sr. J.F. arrollara a la actora al ir corriendo por el pasillo; sin embargo, no sólo los testigos J.A. y Flora apoyaron la versión de la demandante, sino que desde la denuncia de 17 de octubre de 2001, que dio lugar al Juicio de Faltas nº 1.638/01 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Murcia, viene manteniendo la Sra. Pilar la misma versión de los hechos, apoyada por informes médico-forenses.

Aunque D. J.F. no hubiera ido corriendo por el pasillo, la caída de la Sra. Pilar se produjo por la intervención directa de éste.

También cuestiona la apelante tanto la tardanza en acudir al médico (15 días) como la relación de causalidad entre la caída en el establecimiento y las lesiones.[/color]

En cuanto a la tardanza, habida cuenta de la naturaleza de la lesión, afectante a una vértebra dorsal por aplastamiento, es lógico que, al no remitir las molestias, la lesionada acudiera al médico y descubriera entonces la verdadera entidad de las lesiones. Y la innegable inmediatez temporal unida a la inexistencia de otras circunstancias concurrentes, apoyan de manera suficiente la relación causa-efecto apreciada por la Juez de Primera Instancia.

Tampoco está de acuerdo la apelante con que se aplicara el factor de corrección del 10% por perjuicio económico, añadiendo que la actora no acreditó que sus ingresos económicos anuales fueran de 22.569,50 euros.

Es evidente que en el presente caso, al no tratarse de un accidente de tráfico, el baremo derivado de la Ley 30/95debe considerarse meramente orientativo. Además, la conclusión del Médico Forense respecto a la incapacidad permanente parcial de Dª. Pilar, carece de mayor sustento probatorio, y lo que resulta de las actuaciones es que la Sra. Pilar tardó cuatro meses en curar, y su trabajo era el de peón agrícola con carácter fijo discontinuo.

De lo anterior resulta que la indemnización fijada por el Juzgado debe considerarse excesiva, tanto en lo que se refiere al factor de corrección, como a los conceptos indemnizables, al haberse aceptado sin más la aplicación automática del baremo relativo a los accidentes de circulación. En efecto, no sólo los ingresos acreditados por la Sra. Pilar son notablemente inferiores a lo concedido por el Juzgado, sino que la incapacidad permanente parcial no está suficientemente contrastada, y se refiere de manera exclusiva a la profesión de peón agrario (folio 14).

Teniendo en cuenta todo lo dicho y aplicando lo dispuesto en el artículo 1.103 del Código Civil, que faculta a los Tribunales a moderar la responsabilidad procedente de negligencia, se estima procedente sustituir la cantidad de 20.757,53 euros por la de 13.838,35 euros.

Tercero.- La estimación parcial del recurso hace procedente que no se haga especial declaración respecto a las costas causadas en ambas instancias.

Vistos los artículos citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

En nombre de S.M. el Rey :

f a l l a m o s

que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por Mercadona, representada por la Procuradora Sra. M.A.A., contra la sentencia de 27 de julio de 2005, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Murcia en autos de Juicio Ordinario nº 8/05de los que dimana este rollo, -nº 9/06-, debemos revocar y revocamos dicha resolución en los siguientes pronunciamientos: a) sustituyendo la indemnización de 20.757,53 euros por la de 13.838,35 euros, y b) dejando sin efecto el pronunciamiento sobre costas.