Solo la derogacion de las leyes privatizadoras y el blindaje de la sanidad pública evitarán el desmantelamiento que preparan.
Un año después del inicio de la pandemia y trágicamente instalados en la tercera ola, los peores augurios se han confirmado. Mientras la mayoría de la población andaluza condena la gestión de la crisis y el sistema sanitario público está en shock, lo que podía haber sido una oportunidad para rescatar la sanidad pública se ha convertido desgraciadamente en negocio y lamentable espectáculo.
De un modo premeditado, los déficit estructurales de medios personales y técnicos del SAS no han sido corregidos provocando una falta de respuesta a las necesidades sanitarias de la población. Especialmente grave sigue siendo la situación de la Atención Primaria, su clamorosa insuficiencia de medios materiales y humanos logra su máxima expresión en la atención telefónica (si es que se logra la hazaña de que alguien responda al teléfono). Este modo de asistencia está ocasionando situación de desamparo y frecuentes errores diagnósticos con graves consecuencias para los pacientes junto con grandes dosis de estrés para el personal sanitario. Todo ello, unido a las enormes listas de espera debido a la escasez de recursos, está produciendo aumentos en la morbilidad y en la mortalidad por patologías diferentes de la COVID, que son perfectamente evitables. Esta ausencia de soluciones del sistema público unida a las listas de espera han dado un nuevo empujón a miles de personas hacia los seguros privados que están frotándose las manos ante el negocio que se les abre ante sus ojos.
Todo esto ocurre, además, cuando se hunden las condiciones de vida de cientos de miles de personas: se esperan nuevos recortes en las ya muy precarias pensiones públicas y se extiende la tragedia del paro masivo con su cortejo de desahucios, hacinamiento, cortes de luz, agua y gas por impagos y desesperación cotidiana en los barrios obreros, precisamente en los que se ceba más la pandemia de la Covid 19.
Al mismo tiempo, con la excusa del virus, han militarizado nuestras calles y ciudades, y el control social de la población es un hecho que se ha incorporado a nuestra normalidad cotidiana con escasa respuesta por la ciudadanía. Curiosamente hay disponibilidad económica para todo este despliegue, pero no para proveer a los centros sanitarios públicos de los recursos necesarios (espacios, personal, líneas telefónicas, equipos técnicos, de protección individual, etc..) para atender adecuadamente esta pandemia. Todo ello mientras la miseria se adueña de la vida de millones de personas. Queremos medidas sanitarias y sociales, no medidas militares por muy millonarias que estas sean.
Mientras el gobierno central «más progresista de la historia» mantenga las leyes privatizadoras, como son la ley 15/97 y el artículo 90 de la ley General de Sanidad, continuará el desmantelamiento de la sanidad pública y el lucro privado. En efecto, absolutamente nada del masivo transvase de dinero público al capital realizado en Andalucía como por ejemplo la millonaria rehabilitación de hospitales innecesarios como el hospital militar de Sevilla, aumento de los convenios con hospitales privados, las derivaciones a la sanidad privada de las listas de espera sin optimizar los recursos públicos existentes, el despilfarro de las vacunas (el tristemente famoso “culillo” del consejero) por no tener las jeringas adecuadas, nada de todo lo anterior es ilegal ya que está sostenido por leyes de ámbito estatal que lo permiten. La única forma de recuperar el sistema sanitario público es obligar a todos los partidos a blindar la sanidad contra el ánimo de lucro, y potenciar la atención primaria y la salud pública. Todo lo demás es puro espectáculo para autocomplacencia.
Ahora anuncian 8.000 millones de euros de los fondos de la UE, dicen que «para reforzar los servicios públicos», cuando lo previsto es que se destinen a la «colaboración público-privada». Ese eufemismo, que ya conocemos bien, significa que, si no lo evitamos, la sanidad pública seguirá agonizando, mientras que las grandes corporaciones serán las principales beneficiarias del fondo europeo de recuperación económica. Un inmenso bazar está en marcha. Llevamos muchos años denunciando la privatización de la sanidad y a sus responsables, y la «izquierda del capital» se niega a eliminar las causas. No podemos seguir haciendo mala medicina. Hay que actuar sobre las causas de raíz y abrir un debate en todo el Estado sobre el modelo sanitario que queremos, que debe empezar por garantizar la asistencia sanitaria de calidad para todas las personas, democratizando el sistema y centrándolo en los determinantes sociales, económicos y ambientales de la enfermedad.
El domingo 28 de febrero nos vemos en las calles:
●Frente a la privatización, sanidad pública.
●Por la derogación de las leyes privatizadoras (15/97 y artículo 90 LGS). Rescate de todo lo privatizado
●No al cierre de centros sanitarios
●Por un sistema sanitario gestionado democráticamente centrado en la prevención y en la salud colectiva