Las consecuencias sociales, económicas y sanitarias de la pandemia del COVID-19 están teniendo un enorme impacto sobre la case trabajadores y los sectores sociales más precarios y empobrecidos. Esta situación es especialmente dramática en zonas como Andalucía, y muy especialmente en Córdoba, dónde ya padecíamos altos niveles de precariedad, paro, pobreza y exclusión social que esta crisis está agravando dramáticamente.
No en vano, la destrucción de empleo y los ERTEs se han cebado especialmente con Andalucía, dónde el aumento del desempleo dobla las cifras a nivel estatal, acumula casi la mitad de la destrucción de empleo del mes de marzo, evidenciando la elevada temporalidad del empleo en Andalucía y su extrema dependencia de sectores como el turismo, la hostelería y los servicios. Andalucía concentra siete de los diez barrios más pobres del país, concentrándose en Córdoba una buena parte de ellos, barrios dónde la crisis provocada por el COVID-19 está teniendo consecuencias dramáticas, y dónde las medidas tomadas por las administraciones son claramente insuficientes.
Desde las Marchas de la Dignidad volvemos a alzar la voz como hicimos en la anterior crisis de 2011 de cuyos efectos aún no nos hemos recuperado, y cuyas consecuencias, traducidas en precarización del empleo, empobrecimiento y recortes y debilitamiento de los servicios públicos que nos han situado en la peor situación para afrontar la actual pandemia. La reivindicación de PAN, TRABAJO, TECHO y DIGNIDAD es de nuevo más necesaria que nunca.
Pensamos que los movimientos sociales, políticos y sindicales debemos dar una respuesta conjunta ante la actual situación que evite que esta nueva crisis la siga pagando la mayoría social en beneficio de las grandes empresas y las élites. Y también para que la reconstrucción posterior no se traduzca en nuevos recortes de derechos, empobrecimiento y degradación de los servicios públicos. Una reconstrucción que debe hacerse con criterios de justicia social y ambiental, reparto de la riqueza y del trabajo, con solidaridad internacional y apostando por el fortalecimiento de los servicios públicos.
En este sentido, los colectivos y organizaciones que suscribimos nos comprometemos al apoyo mutuo y la solidaridad para dar respuesta a las agresiones a nuestros derechos que ya se están produciendo, en el ámbito laboral y social, así como a apoyar e impulsar iniciativas solidarias con los colectivos sociales que más lo necesitan, sin olvidar la responsabilidad que las administraciones públicas tienen en satisfacer estas necesidades.
Ante la actual situación, desde la Marchas de la Dignidad reclamamos:
1. Creación de una Renta Básica Universal e incondicional. Nos parece esencial garantizar la subsistencia de todas las personas, sobre todo de quienes trabajaban sin contrato y que han resultado despedidas por la crisis, o que han visto reducidas sus jornadas de trabajo y sus salarios. En la misma situación se encuentran aquellas personas que realizan tareas de cuidados sin retribución. La universalidad y la incondicionalidad son requisitos imprescindibles para evitar que nadie quede sin unos ingresos mínimos garantizados.
2.Suspensión del pago de hipotecas, alquileres y suministros básicos para todos los hogares que no puedan hacer frente a los mismos, no solo durante el tiempo que dure la emergencia actual, sino de cara a la situación social que se producirá tras la misma. La Junta de Andalucía y los Ayuntamientos en coordinación con el gobierno central deberán aumentar las líneas de ayuda al pago de alquileres y suministros básicos sin limitaciones presupuestarias de ningún tipo y garantizar a todas las personas sin recursos y/o en riesgo de exclusión el acceso al mantenimiento de elementos esenciales para la subsistencia tales como alimentos, techo, luz, agua y gas.
3. Paralización de toda la actividad productiva no esencial, sin que la carga de esta paralización vuelva a recaer en el trabajador. Los permisos durante el tiempo necesario serán retribuidos por las empresas. Prohibir el despido y declarar la nulidad de los despidos realizados desde la declaración del estado de alerta mientras dure la situación de emergencia, como única forma de evitar los abusos de las empresas, y derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012. Prórroga de todos los contratos temporales que se extingan durante la crisis. Del mismo modo, todos los planes de apoyo a empresas deberán estar vinculados al mantenimiento de los empleos.
4. Implementación de una reforma fiscal progresiva, con impuesto especiales ej. para las grandes superficies, operadores de telefonía, farmacéuticas y otras empresas que hayan visto aumentar sus beneficios a raíz de esta situación. Reforma fiscal que aumente la imposición de las personas con más ingresos, y de las grandes empresas, banca y operadoras tecnológicas, implantando medidas para luchar contra la evasión fiscal. A nivel andaluz, Junta de Andalucía y Ayuntamientos deben proceder en el mismo sentido derogando las reformas fiscales de carácter regresivo de los últimos años, recuperando impuestos como el de sucesiones y donaciones .
5. Refuerzo y consolidación del empleo público: exigimos al Gobierno de la Junta de Andalucía que no se aumenten las horas por empleado (ej. docentes) como medida de recorte del gasto público, que se lleven a cabo las oposiciones programadas, en cuanto sea posible, y se convoquen nuevas eliminando restricciones en la tasa de reposición para dotar a los servicios públicos del personal suficiente especialmente en sanidad, servicios sociales y educación. Además, desde el gobierno andaluz, deben eliminarse la subcontrataciones y privatizaciones encubiertas, facilitando la incorporación de plantillas al sector público, con especial vigilancia a las condiciones de trabajo y abusos por parte de las grandes empresas de la subcontratación y a la no destrucción de empleo en las actuales circunstancias.
6. Plan de empleo. El gobierno andaluz, junto a Ayuntamientos, y en coordinación con el gobierno estatal y la UE debe implementar un plan de empleo sin restricciones presupuestarias con envergadura y capacidad de revertir la destrucción de empleo en Andalucía, a la vez que pueda servir como vector de industrialización y creación de empleo de calidad, en sectores que se han demostrado vitales para una sociedad como el cuidado, la atención a la salud, el medio ambiente y la agricultura, la educación, y los sectores estratégicos. (energía, telecomunicaciones, transporte, etc)
7. Creación de un plan de garantía laboral con una estricta vigilancia sobre condiciones de abuso e irregularidad, incrementando los medios de las Inspecciones de Trabajo. Las empresas deben acogerse a las vías legales para finalizar su actividad temporalmente si están dentro de los sectores decretados para su cierre, de manera que sus plantillas tengan garantizadas su situación legal y puedan cobrar las prestaciones correspondientes. De la misma forma se debe aumentar la vigilancia de en el cumplimiento de las condiciones sanitarias y de seguridad en los trabajos esenciales.
8. Exigimos que las personas jornaleras estén en viviendas dignas y con espacio suficiente de habitabilidad, acceso al agua potable, aseos y comunicación con tiendas de alimentación y supermercados. Y en caso de distancias considerables con las poblaciones cercanas, que se habiliten sistemas para suministros de alimentos y otros productos necesarios para estas personas que permitan evitar dichos desplazamientos considerados peligrosos.
9. Reclamamos la regularización urgente de la población inmigrante que haya solicitado permiso de residencia, garantizando sus derechos y la no discriminación. Exigimos el cumplimiento del derecho a la sanidad universal publica de calidad y gratuita ya y el cierre definitivo de los CIE y la liberación de sus internos. De la misma forma, reclamamos que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud de las personas presas.
10. Derogación de la Ley 15/97 y nacionalización de todos los medios y recursos de la sanidad privada, laboratorios y empresas que producen medicamentos y elementos de protección para combatir la pandemia, o que puedan ser reconvertidas para tal fin. De la misma forma debe revertirse al sector público las residencias de ancianos, evitando que los cuidados sean meramente objeto de especulación y negocio.
11.Refuerzo de los servicios de atención a las víctimas de violencia de género y aumento de los recursos destinados a tal fin adaptándolos a la actual situación de confinamiento, evitando que las víctimas deban convivir con sus agresores.
12. Reducción del gasto militar a fin de reorientarlos hacia partidas destinadas al cuidado de la vida: sanidad, atención a la dependencia, educación, medio-ambiente, protección civil, etc. Supresión de los costosos programas de armamento y reconversión de la industria militar.
13. Vigilancia y actuación contundente contra las extralimitaciones y abusos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La declaración del estado de alarma no debe ser excusa para la suspensión de la obligación de las FSE de actuar conforme a la ley, al contrario se debe ser especialmente vigilante desde el gobierno y el poder judicial contra cualquier posible abuso de poder. Ni podemos ni debemos permitir que el mantenimiento de las “leyes mordaza” sirvan para el recorte de derechos y libertades básicas y el establecimiento de un auténtico estado policial. Por ello exigimimos su inmediata derogación sin que sirva de excusa la situación de alarma.
14. Una pedagogía y educación que incidan especialmente en la importancia de las libertades públicas, que sitúe como anomalía la excesiva presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Una sociedad verdaderamente libre y avanzada debe incidir en esos valores y la comunicación que estamos recibiendo con lenguaje bélico y militar, para referirse a aspectos laborales, profesionales o sociales, deforman la realidad y crean conceptos erróneos, que estimamos hay que corregir. La educación tiene una importante labor y debe ser ese ámbito donde se cultiven los valores democráticos, solidarios, de libertad y que nos orienten hacia una cultura de paz.
Desde las Marchas de la Dignidad-Córdoba nos sumamos de igual forma a las
reivindicaciones y campaña pública del Plan de Choque Social.