PROCEDIMIENTO DE DENUINCIA:

Una vez que el trabajador ha tomado conciencia de su situación laboral y cree posible demostrar que se encuentra en situación de falso autónomo formando parte de una empresa, puede encauzar sus reivindicaciones tratando de pactar con el empresario una solución negociada a la situación para que éste realice un contrato laboral.

A continuación se describe de forma esquemática y orientativa cuál es el procedimiento, los plazos y las pruebas a aportar para denunciar una situación de falso autónomo y exigir el reconocimiento de una relación laboral en régimen general, tanto estando dentro como fuera de la empresa.

CASO I. EL TRABAJADOR SE ENCUENTRA EJERCIENDO SU ACTIVIDAD

Es la situación más favorable para denunciar. Se recomienda para trabajadores que lleven más de un año en situación de falso autónomo dentro de la misma empresa. El trabajador se encuentra prestando servicios para la empresa y  recurre a la Inspección de trabajo y Seguridad Social. El escrito de denuncia deberá obtener:

Datos de identificación personal del denunciante y su firma  los hechos presuntamente constitutivos de infracción hecha y lugar de su acaecimiento identificación de los presuntamente responsables demás circunstancias relevantes.

Para ello podrá utilizarse el modelo de denuncia que se ofrece en la página web (http://www.informacionlaboral.es/denunciasinspecciondetrabajo.htm):

La Inspección de Trabajo acude a la empresa (suele demorarse un mínimo de 20 días y hasta tres meses o más como media, según nuestras últimas noticias) y realiza un informe que constata la  situación del conjunto de la empresa, es decir, tanto del trabajador como de sus compañeros. Si el informe dictamina que existe una relación laboral camuflada bajo una relación mercantil (es decir, un falso autónomo) se obliga al empresario a dar de alta al trabajador en el régimen general y a  pagar a la Seguridad Social las cuotas de todos los trabajadores en esta situación dentro de la empresa correspondientes a los últimos 4 años más los recargos y multas correspondientes. Estas cuotas se calculan en función de la retribución que se entiende que el trabajador ha recibido a través de las facturas más la parte proporcional a las pagas extraordinarias y en caso de que no haya recibido pagas extras se entiende que están prorrateadas en las facturas).

La empresa está obligada a incorporar a los falsos autónomos al Régimen General de la Seguridad Social, es decir, como empleados. A continuación, sin embargo, el trabajador suele ser despedido por la empresa. Entonces éste puede denunciar a la empresa por despido improcedente al Juzgado de lo Social y podrá acceder a una indemnización de 45 días laborables por año trabajado. Este cauce es muy sencillo, ya que el trabajador se ahorra tener que aportar al juez las pruebas de su condición laboral ante un juzgado al existir un informe del inspector de trabajo que acredita esta situación. El procedimiento de denuncia en el Juzgado de lo Social se explica detalladamente más abajo. Como se ha dicho antes, el inspector no suele ocultar el motivo de la visita e investiga también si se producen otras irregularidades, comprobando también la situación del resto de los trabajadores. Suele revisar el estado de las cuentas del estudio, contratos, cotizaciones y realiza entrevistas entre los trabajadores para comprobar su situación laboral.

Aportación de pruebas

Las pruebas fundamentales que demuestran esta situación laboral son:

Las facturas periódicas con el mismo o similar importe. Respecto al concepto de la factura no es

importante como prueba.

En el caso de que al trabajador le facturen cada mes a nombre de una empresa (por ejemplo con dos empresas alternativamente) se entiende que el trabajador está prestando servicio a un grupo de empresas, en este caso hay que denunciar a todas las partes que intervienen en la relación.

Otras pruebas que se pueden presentar en la denuncia:

El cumplimiento de un horario fijo , estar sujeto a permisos y licencias (para faltar un día, etc…), acordar los períodos de vacaciones con el empresario, pactar los días de asuntos propios o los festivos, no ejercer la profesión por otros cauces, trabajar con medios que no son propiedad del trabajador (un puesto fijo dentro del estudio con mesa y ordenador, recibir correos a nombre del trabajador, mantener entrevistas con comerciales o clientes a nombre de la empresa de manera regular y reiterada, recibir por medios escritos instrucciones específicas sobre el trabajo a desarrollar por parte del empresario, disponer de una cuenta de correo o teléfono dentro de la empresa.

Pruebas, en definitiva, que demuestren que el trabajador se encuentra desempeñando una relación laboral y no empresarial bajo el paraguas organizativo de la empresa.

El empresario, por su parte, tratará de reunir pruebas y testimonios que demuestren lo contrario. De este modo, las empresas suelen emplear un contrato de arrendamiento de servicios preexistente o que previamente hacen firmar al arquitecto y procuran destruir por todos los medios las pruebas que pudiera presentar el trabajador. A veces tratan de coaccionar al trabajador obligándole a firmar escritos en los que se compromete a no denunciar a la empresa o en los que afirma ser un trabajador autónomo. Estos escritos jamás deben firmarse y deben guardarse para aportarlos como prueba en contra de la empresa.

CASO II. EL TRABAJADOR YA NO EJERCE PORQUE HA SIDO DESPEDIDO

El segundo caso plantea la acción una vez que el trabajador se encuentra fuera de la empresa. Se trata entonces de demostrar que existía una relación laboral y que el despido es improcedente.

En este caso, al no encontrarse el trabajador ejerciendo dentro de la empresa, ya no puede solicitar una Inspección de Trabajo y, por lo tanto, la demostración se hace más difícil. La denuncia ante el Juzgado de lo Social es la vía que debe seguirse para reconocer sus derechos. Esta denuncia debe ejercerse en los veinte días siguientes a la comunicación de despido. Sin embargo, antes de acudir al juzgado de lo social es obligatorio realizar un intento de conciliación en el SMAC. Este es un requisito previo y obligatorio para la tramitación de cualquier procedimiento ante el Juzgado de lo Social, con el que se pretende llegar a un intento de transacción satisfactoria para ambas partes, antes del procedimiento judicial propiamente dicho. En el momento de la presentación se registra lapapeleta de conciliación y se asigna fecha en el plazo máximo de 15 días para la celebración de la conciliación entre ambas partes, haciéndose entrega en ese momento de la célula de citación. La presentación de esta papeleta en la SMAC paraliza el plazo inicial de denuncia y lo amplía por veinte días. La demanda o papeleta debe estar firmada por el demandante, pudiendo ser presentada por cualquier persona, que deberá acreditarse con su DNI y firmar la cédula de citación en el momento de su entrega. Si no se recoge por el trabajador o por su representante, se le citará por correo con acuse de recibo. También se citará al demandado (empresario) con acuse de recibo.

El acto de conciliación el empresario no se quiere arriesgar a un juicio que le exija el pago de las cotizaciones sociales y trata de llegar a acuerdo realizando una oferta económica al Trabajador a cambio de que éste renuncie a plantear la demanda. En la SMAC, la Autoridad Laboral cita a las partes para una avenencia pudiendo haber:

Acuerdo: En el caso del despido consistirá en la reincorporación al puesto de trabajo o indemnización, incluyendo los salarios de tramitación, si procede. En los demás casos, se acordará aquello que se pacte aquello lo que se pacte.

Falta de acuerdo: El trabajador debe presentar demanda ante el Juzgado de lo Social en los días que falten para los 20, en los casos de despido, sanción o movilidad geográfica o modificación sustancial de las condiciones de trabajo una vez descontados los transcurridos desde el despido hasta la presentación de la demanda de conciliación.

La presentación de la papeleta de conciliación suspende los plazos de caducidad. El cómputo de la caducidad se reanuda al día siguiente de intentada la conciliación o transcurridos 15 días desde su presentación sin que se haya celebrado. En todos caso, transcurridos 30 días sin celebrarse el acto de conciliación se tendrá por terminado el procedimiento y cumplido el trámite. Lo acordado en el acto de conciliación tendrá fuerza ejecutiva entre las partes intervinientes sin necesidad de ratificación ante el Juez o Tribunal. Al acto de conciliación pueden comparecer las partes por si mismas, en su propio nombre y derecho, si son personas físicas o mediante representantes, en este caso pueden otorgar su representación mediante poder notarial, por comparecencia ante un secretario judicial o mediante representación otorgada ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Si son personas jurídicas mediante sus representantes legales, los cuales también pueden conferir su representación por los mismos medios.

El solicitante puede desistir de su solicitud en cualquier momento del procedimiento.

Si no hubiera acuerdo, el trabajador puede proceder a interponer demanda en el Juzgado de lo Social, tal y como se explica más arriba. Si existe informe de la Inspección de Trabajo, éste será una prueba fundamental, ya que al inspector se le presupone una presunción de certeza que es muy tenida en cuenta por los juzgados.

Sin embargo, cuando la Inspección de Trabajo tiene noticia de que se ha iniciado un proceso judicial, suele inhibirse de dar dictamen hasta la resolución del mismo.

Una vez fallado el juicio, si éste resulta favorable al trabajador, puede remitirse la sentencia a la Inspección de Trabajo para que ésta redacte informe y obligue al empresario a pagar la cuotas de la Seguridad Social. Por último, el Trabajador puede iniciar el laborioso e incierto camino de reclamar a la Seguridad Social la devolución de las cuotas que realizó como autónomo. Es importante que el trabajador tenga en cuenta, antes de denunciar a la Inspección de Trabajo, si no pretende llegar a Juicio y está más interesado en llegar a un acuerdo económico previo con la empresa. En este caso, debe ir al Acto de Conciliación con la cifra de indemnización que pretende reclamar y tiene que valorar la posibilidad de no denunciar en la Inspección de Trabajo, ya que esta medida disuade al empresario de plantear una conciliación.

Plazos y costes

Los plazos para accionar por despido son 20 días hábiles desde la fecha en que se comunica la extinción de contrato. Por tanto es importante demostrar cuál fue la fecha de notificación de despido o demostrar que hasta ese día se estuvo en el centro de trabajo. Estos 20 días se interrumpen durante 15 días cuando se presenta la papeleta de conciliación. Los despidos tienen preferencia en el Juzgado de lo Social precisamente por la situación de incertidumbre en la que se encuentra el trabajador. Los plazos desde que se interpone la solicitud a la SMAC y hasta que se resuelve el juicio son:

- Desde que se efectúa el despido, se presenta papeleta y se realiza el acto de conciliación pueden transcurrir 20 o 25 días

- si no ha habido acuerdo y se interpone la demanda en el Juzgado de lo Social transcurren unos 3 meses más hasta que se realiza la vista del Juicio.

- Tras la vista transcurren 20 o 30 días hasta el Fallo.

En total transcurren unos 5 meses durante los cuales el trabajador puede seguir trabajando como autónomo sin que ello exima al empresario del pago de indemnizaciones correspondientes. Eso sí, si el Trabajador realiza actividad durante este período, pierde la posibilidad de reclamar el Salario de Tramitación, que es aquel que le corresponde desde que se efectúa el despido hasta que se efectúa el Fallo en el Juzgado de lo Social, en caso de ganar el Juicio. La empresa va a intentar ahorrarse el máximo dinero posible y, si consigue demostrar que durante el proceso el trabajador ha estado facturando, suele librarse de pagarlo. Para poder conseguir el importe del salario de tramitación completo es preferible no estar trabajando, ni por cuenta propia ni por cuenta ajena, durante el proceso.

REFERENCIA LEGAL

REAL DECRETO 2756/1979, de 23 de noviembre, por el que se regula el Instituto de

Mediación, Arbitraje y Conciliación ( BOE de 5 de diciembre ).

LEY de Procedimiento Laboral, texto refundido aprobado por Real Decreto.

Legislativo, 2/1995, de 7 de abril ( artículos 63 al 68 ).

Ponemos nuevamente de manifiesto la denuncia pública que estamos realizando desde la Sección Sindical de Arqueología-CNT sobre la encomienda de determinados servicios propios de la Junta de Andalucía, que ésta debería ejercer con personal funcionario o laboral, a personas físicas que trabajan como autónomos y no tienen vinculación laboral con la administración autonómica. Hablamos del caso de los Arqueólogos Inspectores y nos fijaremos en el caso de Córdoba, aunque este fenómeno es extensible al resto de las provincias.

Podéis encontrar en el siguiente enlace los datos que vamos a exponeros. Debéis picar en Cultura, posteriormente en Delegación Provincial de Cultura de Córdoba, y una vez aquí picar a la derecha en Adjudicaciones. Aquí encontraréis todas las contrataciones realizadas por la Delegación de Cultura de Córdoba y entre ellas la de los Arqueólogos Inspectores que vienen desarrollando desde hace unos años su actividad en este organismo.

http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action

Actualmente en la Delegación Provincial de Cultura de Córdoba se ha encomendado esta función a tres arqueólogos inspectores con las siguientes características:

APOYO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA URBANA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. Procedimiento de adjudicación: Negociado sin publicidad. Fecha de la resolución: 12/08/2009. Importe de la adjudicación: 60.000,00 €. IVA INCLUIDO. Adjudicatario: RODERO PÉREZ, SANTIAGO.

ASESORAMIENTO E INSPECCIÓN DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS EN CÓRDOBA. Procedimiento de adjudicación: Negociado sin publicidad. Fecha de la resolución: 12/08/2009. Importe de la adjudicación: 60.000,00 €. IVA INCLUIDO. Adjudicatario: MORENO ALMENARA, MAUDILIO. (En este caso concreto consta también que para el año 2.008 la adjudicación fue por un precio de 31.800 €, IVA Incluido, igualmente mediante el procedimiento negociado sin publicidad, con fecha de resolución de 10/10/2008 y bajo la denominación de Control y asesoramiento de intervenciones arqueológicas en Córdoba).

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA URBANA DE CÓRDOBA. Procedimiento de adjudicación: Negociado sin publicidad. Fecha de la resolución: 31/07/2009. Importe de la adjudicación: 60.000,00 €. IVA INCLUIDO. Adjudicatario: PALOMINO GUERRERO, DAVID.

El puesto que ocupan es de máxima responsabilidad, realizando tareas de gestión del patrimonio arqueológico y firmando documentos que son vinculantes en el desarrollo de las actividades arqueológicas (órdenes durante el desarrollo de la misma, diligencia de finalización, etc), constando como arqueólogos inspectores en las resoluciones de autorización de las actividades arqueológicas que firma el Director General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía.

¿Alguien entendería que cualquier otra función inspectora de la Administración, por ejemplo un Inspector de Trabajo, se encomendara a una persona que trabaja como autónomo y por tanto no pertenece a esa Administración, ni tan siquiera se le reconoce su tiempo de servicio a efectos de concurso-oposición? Pues parece que el patrimonio arqueológico sí puede ser inspeccionado por personas que trabajan como autónomos. Otro tema es cómo han llegado a ocupar ese cargo y quién los ha designado.  La selección de los candidatos es una incógnita ya que el procedimiento lo permite, negociado sin publicidad, es decir el órgano de contratación selecciona a tres candidatos, no sabemos en función de qué criterios,  de los que se escoge a uno sin que tampoco sepamos por qué es el elegido.

Para sustentar nuestra denuncia pública sobre la incompatibilidad que supone asignar la función inspectora de las actividades arqueológicas, cargo de máxima responsabilidad, a personas físicas que trabajan como autónomos, al margen de ser elegidas con un procedimiento nada transparente y sin apostar por el sistema de acceso a la Función Pública mediante riguroso procedimiento, marcado por el respeto de los principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia y publicidad,  y dotando o ampliando la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Cultura para desarrollar estas funciones, haremos referencia al Primer Borrador del Texto Articulado del Reglamento General del Patrimonio Histórico de Andalucía de fecha 30 de enero de 2009.

La disposición final segunda de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para su desarrollo y ejecución; en ese sentido, este borrador de reglamento surge de la necesidad de refundir en un solo cuerpo normativo las normas reglamentarias que, hasta la fecha presente, venían desarrollando parcialmente distintos aspectos del régimen jurídico del Patrimonio Histórico de Andalucía: el Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que se aprobó el Reglamento de organización administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía; el Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprobó el Reglamento de protección y fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía y el Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprobó el Reglamento de Actividades Arqueológicas.

En el referido borrador, en su artículo 254 dice que el personal encargado de la actividad inspectora será ejercido por funcionarios de los Cuerpos Facultativos Superiores. En el artículo 255 se dice que gozarán en el ejercicio de sus funciones de la consideración de agente de la autoridad. El caso específico de los inspectores de actividades arqueológicas se recoge en el artículo 266 que dice textualmente:

“Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 257 del presente Reglamento, y conforme a lo previsto en el artículo 56 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía,  serán funciones específicas del personal inspector, en relación con cada actividad arqueológica, las siguientes:

a) Inspeccionar el adecuado desarrollo de los trabajos según el proyecto autorizado, así como el cumplimiento de las condiciones de la autorización y de la legislación aplicable, girando las visitas que estime oportunas y permaneciendo en el yacimiento todo el tiempo que sea necesario para cumplir su función.

b) Controlar los descubrimientos de materiales arqueológicos y paleontológicos, pudiendo comprobar en cualquier momento las tareas de realización del inventario correspondiente, y la utilización del Libro Diario, así como el modo científico de practicar los trabajos.

c) Proponer cuantas medidas considere convenientes para la conservación preventiva del yacimiento o de los bienes muebles objeto de la actividad arqueológica por circunstancias sobrevenidas no previstas en el proyecto de actividad arqueológica.

d) Servir de órgano de comunicación con la Dirección General competente en materia de patrimonio histórico y con la Delegación Provincial.

e) Proponer al órgano autorizante la revocación de la autorización de la actividad arqueológica, cuando considere que los trabajos no se desarrollan conforme al proyecto autorizado, o se han incumplido las condiciones de la autorización o la legislación aplicable”.

En la disposición adicional quinta de este borrador, que se refiere a la Relación de Puestos de Trabajo, se dice que por la Consejería competente en materia de Administración pública de la Junta de Andalucía, a propuesta de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, se procederá a la adecuación de la relación de puestos de trabajo de esta última, particularmente en lo relativo a la Inspección del Patrimonio Histórico y la Dirección de la Red de Espacios Culturales de Andalucía y su Registro, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 10 del Decreto 390/1986, de 10 de Diciembre, por el que se regula la elaboración y aplicación de la Relación de Puestos de Trabajo.

Y después de todas estas argumentaciones, nos hacemos una pregunta: ¿Cómo es posible que un cargo de máxima responsabilidad y que toma decisiones vinculantes sobre la gestión del patrimonio arqueológico pueda estar ocupado por personas que no pertenecen a la Función Pública, que no han sido elegidas por un riguroso procedimiento de oposición basado en los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, y que desempeñan su labor como autónomos sin pertenecer a la Administración que tiene las competencias en materia de patrimonio arqueológico?

El TSJA suspendió recientemente de forma cautelar un contrato de la Consejería de Innovación por el que desviaba trabajo de sus funcionarios a la empresa pública Sadesi. Suspende cautelarmente la resolución de 27 de febrero por la que se encomienda a sadesi sociedad mercantil adscrita a la Consejería de Innovación, la operación y soporte de sistemas de gestión empresarial implantado a la Agencia de Cooperación al Desarrollo de la Consejería de Presidencia. La suspensión se basa en la atribución de potestades públicas a mercantiles. Lo que supone una dejación de responsabilidades de la AP, que puede poner en riesgo la calidad de los servicios públicos y la variación de contenido a las funciones y atribuciones de los funcionarios públicos.

En este caso el juez consideró que se podía hacer el mismo trabajo por parte de la Consejería sin aumentar el gasto. Por otra parte la Cámara de Cuentas de Andalucía detectó numerosas irregularidades en este tipo de contratos (http://www.cunoticias.com/search.php?q=sadesi). Esta dejación de funciones a través de Empresas Públicas es práctica habitual de la Junta (http://www.abc.es/20091116/nacional-politica/despilfarro-epoca-crisis-20091116.html).

También y ¿cómo no?, esta situación de afecta a los puestos de responsabilidad pública en la gestión del Patrimonio. El asunto más grave es el de los Arqueólogos-inspectores de la Delegaciones de Cultura. Técnicos que con un contrato mercantil realizan funciones propias de funcionarios públicos. Funciones de una alta responsabilidad  cuya atribución a personal no laboral y sin relación con la administración hemos denunciado en repetidas ocasiones desde CNT-Arqueología. En este caso el asunto es más grave, puesto que no se trata de empresas, sino de técnicos cuya función estable es enmascarada en un contrato de servicios mercantiles. Pero también es la situación de las Asistencias Técnicas en Medina al-Zahra y en el Museo.

Esta sentencia ratifica nuestras sospechas de flagrante ilegalidad sobre estas situaciones laborales. Desde CNT-Arqueología vamos reclamar una explicación coherente al Delegado de Cultura, y si esta no es satisfactoria, emprenderemos acciones sindicales y judiciales  de denuncia de  las contrataciones mercantiles para labores propias de funcionarios de las  AAPP.

La empresa eligió al personal antes de que la Junta le diera la gestión de Medina Azahara

La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales inició los procesos para seleccionar al personal de la nueva sede institucional de Medina Azahara antes de que la Consejería de Cultura le encomendara la gestión de estas instalaciones y la contratación de su personal.

De la encomienda de la gestión no hay constancia oficial hasta el 31 de julio pasado. Ésa es la fecha de la orden por la que se autoriza el traspaso de competencias por parte de la consejera de Cultura, Rosa Torres. Sin embargo, esta operación no entraría en vigor hasta unos días después. No fue hasta el 12 de agosto cuando el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó la delegación en la citada empresa pública de «la realización de programas, organización de actividades y gestión de espacios del conjunto arqueológico de Medina Azahara, así como la dinamización de éste», según reza la orden.

Sin embargo, antes de que se formalizara la encomienda de la gestión, la empresa pública tramitó ofertas para trabajar en el conjunto arqueológico e incluso se realizaron pruebas y entrevistas a los candidatos preseleccionados por el Servicio Andaluz de Empleo. Éstos optaban a contratos para seis meses, si bien el comité de selección les indicó que existía la posibilidad de convertir esos contratos en indefinidos con posterioridad. Entre el personal seleccionado hay afiliados y ex cargos del PSOE, así como parientes de éstos. La opacidad que ha presidido el proceso ha sido denunciada por los sindicatos CSI-CSIF y CNT.

Según ha podido saber ABC de fuentes de toda solvencia, las primeras ofertas se tramitaron en el SAE el 10 de julio pasado, es decir, veinte días antes de que la Consejera diera carta de naturaleza legal al traspaso de funciones. En concreto, buscaba a cubrir unos puestos de técnico de información turística en el conjunto arqueológico de Medina Azahara.

La encomienda en la gestión venía acompañada de la transferencia de 2,49 millones de euros. Se tramitaron al menos seis ofertas al SAE antes de recibir el encargo oficial de la gestión.

Cuantiosos ingresos. Al hacerse pública la encomienda, la Junta autorizó el pago del 50 por ciento de la anualidad de cada año. Para lo que resta de 2009 -en teoría, la empresa no asumió la gestión de la sede institucional hasta agosto- son 1,2 millones de euros, y al año siguiente, se eleva a 1,28 millones de euros.

En la orden se autorizaba a la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales a «realizar las contrataciones necesarias para la debida gestión de los trabajos encomendados, teniendo en cuenta el marco de financiación del presupuesto técnico de actuación», se asegura.

Nada se apuntaba, en cambio, acerca de la forma en la que se tenía que seleccionar al personal, dejando así manos libres a la empresa pública para que lo hiciera como estimara oportuno. Se han realizado cerca de una veintena de contratos, entre los que aparecen un miembro de la lista electoral del PSOE a la Alcaldía en 2007, que ha sido nombrado director de Comunicación del complejo, así como la prima y la esposa del ex delegado de Innovación de la Junta, Andrés Luque.

Fuentes de la Consejería defienden que los contratos se hicieron siguiendo el convenio colectivo y fueron informados de ellos el comité de empresa.

A. R. V. CÓRDOBA  Lunes , 23-11-09

Fuente ABC Córdoba:  http://cordoba.abc.es/cordoba/cordoba.asp

COMENTARIO

Esta noticia, como la del día anterior, si bien saca a la luz pública un tema importante de presumible corrupción en la Administración Pública Andaluza, nos parece un tanto tendenciosa. Carga las críticas contra el PSOE, cuando lo que subyace es una forma de establecer clientelas con dinero público, fórmula que no es, ni mucho menos privativa de este partido político. Consideramos muy positivo que estas prácticas sean aireadas, pero vemos con preocupación su instrumentalización  con fines claramente pre-electorales. No es sólo en estas contrataciones dónde los criterios y procedimientos son personales, sectarios  y contrarios a los principios de igualdad de oportunidades. Los contratos del convenio entre la GMU-UCO,  y antes de éstos los dos contratos fijos del Servicio de Arqueología de la Gerencia Municipal, la mayor parte de las contrataciones y adjudicaciones de la Delegación de Cultura (Arqueólogos Inspectores, contratos temporales  en Madinat al-Zahara, en el Museo Arqueológico, en la RAYA -hoy RECA-), también lo fueron en su día de adjudicación digital. Por lo que podemos saber la mayor parte de las contrataciones en Museos o centros patrimoniales dependientes de entidades locales están bajo sospecha de prácticas poco claras. Salvo los contratos de “funcionario” con oposición pública abierta, todas las formas y modalidades de contratación de las AAPP en Arqueología y Patrimonio se ha realizado con procesos de selección y valoración “poco claros”, por decirlo suavemente. Y aún en estos casos las redes clientelares intentan, y en demasiadas ocasiones consigue, que a pesar de superar las pruebas de acceso, los “no deseados” no consiguen el puesto de trabajo.

Por eso, nuestra valoración de todo esto es otra y muy distinta a la expuesta en este artículo. El de la Arqueología un sector en el que el trabajo o bien está sujeto a un control administrativo directo (concesión de permisos de Intervención, visado de los Proyectos e Informes etc..), o bien es la Administración la que genera directamente el empleo.  Es un sector donde se han creado clientelas muy claras e interdependientes (Desde la Delegación, desde la Universidad, desde el Ayuntamiento), en las que los límites entre lo público y lo privado, lo personal y lo público no están definidos. Es un sector dónde nunca ha existido contestación, ni la menor crítica.  Esto es lo que explica que ahora, como antes, no se tenga el menor escrúpulo contratar digitalmente, ¿Qué prevención ha de tenerse?, si así se ha hecho siempre.  Ahora los agraciados son individuos cercanos al PSOE (en otras ocasiones lo fueron cercanas a la UCO o al Ayuntamiento o al Delegado o el Inspector de turno), nos da igual que sean de este partido o de otro, de esta u otra clientela. Lo que no nos da igual es que este sistema se perpetúe sin contestación. ¡El que se mueve no sale en la foto!. La precariedad y el miedo a la denuncia, un miedo casi atávico a señalarse, es lo que pretendemos combatir. Pues bien NOSOTROS NOS ESTAMOS MOVIENDO,  y  no todo lo que podemos, esta es una carrera de fondo. Hay que conservar el aliento y seguir moviéndose, ahora y cuando el PP esté en el Palacio de San Telmo. La denuncia, por parte de un sindicato o de un particular, a una situación de clara irregularidad debería de ser algo normal, y no salir del ámbito puramente laboral.  Pero las coas no son así, y mucho menos en este sector, dónde los caciques no están acostumbrados a escuchar más que el sí señor, así se hará.

La figura fraudulenta del “Falso Autónomo” consiste en mantener dentro de la estructura organizativa de la Empresa a un trabajador no contratado, al cual se le encomiendan tareas propias de la Empresa. Redacción de Proyectos, Dirección de obra, o tareas administrativas derivadas de las actividades empresariales. Y todo sin derecho a Seguridad Social,  ni otra clase de cobertura social, sin derecho a paro o baja por enfermedad y sometido a la voluntad de su jefe en cuanto a vacaciones, horas extra, horarios, exclusividad, propiedad intelectual, etc. En otras palabras, consiste en encubrir un relación laboral empleado-empleador, simulando una relación mercantil empresario-cliente. Esta modalidad de infra-empleo afecta tanto a empresas como a administraciones públicas. Es una modalidad de relación laboral ilegal y fraudulenta. El fraude no solo se comete con el trabajador, sino que se extiende a la Administración Pública puesto que el empresario no cotiza a la SS por el trabajador.
Legalmente esta figura se encuentra claramente diferenciada del Trabajador Autónomo en cualquiera de sus variantes, ya que todo trabajador autónomo (incluido el Autónomo Económicamente Dependiente TRADE) debe cumplir  unos requisitos fundamentales:

No tener a su cargo trabajadores o subcontratar a terceros.

Disponer de toda la infraestructura y material propio. Es decir contar y aportar todo el material y medios necesarios para la ejecución de la actividad (esto es, trabajar en su local o en su domicilio, con su equipo y sus medios. Aportar cámara fotográfica, nivel, jalones y  cintas métricas y todo lo necesario para una Actividad Arqueológica).

Autonomía funcional plena. Es decir desarrollar la actividad con criterios organizativos propios (no depender jerárquicamente de un jefe ni estar integrado dentro de la jerarquía de una empresa, ni sometido a un horario).

No realizar su actividad de forma indiferenciable al personal laboral dependiente de su cliente. Es decir no realizar la misma actividad que los trabajadores contratados en la empresa para laque presta servicios.

Mantener la propiedad intelectual del trabajo realizado. En una relación laboral, el empleado realiza un trabajo cuya propiedad, tanto intelectual como material, no le pertenece. Esta característica, la ajenidad del trabajo, no existe en los autónomos, los cuales son propietarios intelectuales del trabajo que realizan.

Asumir el riesgo de su actividad, percibiendo por ello la contraprestación económica pactada en función del riesgo, el resultado previsto y la demora en el pago. Lo que significa que es el autónomo el que fija los honorarios y plazos del el servicio a prestar.

En resumen, todo lo que entendíamos como los derechos y obligaciones de un Profesional Liberal.  Una figura con una relación libre y autónoma con el cliente, asociado en un colegio profesional para defender sus intereses corporativos. Un técnico independiente, que no trabaja para una única empresa y con una cartera de clientes más o menos amplia. En resumen, un profesional que establece relaciones laborales directas, con contrataos mercantiles, o mediante hojas de encargo visadas por un Colegio Profesional.

Gracias a las políticas de autoempleo la figura del autónomo se ha venido degradando cada vez más. Tanto Gobierno, como Patronal y Sindicatos Gubernamentales han apostado muy fuerte por este tipo de relaciones laborales de infra-empleo. El autónomo ya no es el arquitecto (que firma proyectos millonarios), ni el abogado (que mantiene un bufete), sino el transportista que pierde su contrato laboral y se ve obligado a ofrecerse con su vehículo, el fontanero que se ofrece con sus herramientas, etc.. Es decir los jornaleros  con sus herramientas en la plaza esperando a que venga el terrateniente a darles trabajo.

Esta situación laboral se ha sancionado legalmente con la Ley de autónomos dependientes (20/2007, de 11 de Julio). En esta Ley se define el Autónomo Económicamente Dependiente TRADE (…)Aquéllos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir de él, al menos, el 75 por ciento de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales  (artículo 11.1). Es decir los trabajadores que dependen económicamente de un único cliente. Pero además tiene que cumplir con los requisitos anteriores:

No tener a su cargo trabajadores. No ejecutar su actividad de manera indiferenciada  con los trabajadores contratados. Disponer de infraestructura productiva y material propios. Desarrollar su actividad con criterios organizativos propios. Percibir una contraprestación económica en función de lo pactado con el cliente y asumiendo el riesgo.

La ley no considera autónomo dependiente a quién tenga un local o un despacho público, o a los profesionales que ejerzan su profesión conjuntamente.

Deberá además tener un contrato escrito en el que se detalle las características del servicio, los honorarios y la relación laboral; contrato que deberá inscribirse en una oficina pública (Ley 20/2007, de 11 de Julio. Título II, Capítulo III). Contratos que dejan absolutamente indefenso al trabajador, puesto que en materia de de jornada, salarios vacaciones (o cese voluntario de la actividad como se llaman eufemísticamente en la ley, que por cierto establece un mínimo de 18 días anuales), horas extra (o 30% del tiempo pactado para la realización del servicio). Esto, y toda la regulación la laboral las deja al albur de acuerdos entre el trabajador y la empresa, sin establecer unos mínimos legales (salvo vacaciones y horas extra).

Desde nuestro punto de vista esta situación de autónomo dependiente puede ser legal, pero es absolutamente inmoral. Porque el autónomo económicamente dependiente (TRADE) es un trabajador por cuenta ajena que se ve obligado a aportar sus herramientas de trabajo, y al que se le niegan o dificultan legalmente  las coberturas sociales de un trabajador contratado.

Pero si es inmoral este tipo de relaciones, hay otras aún peores que no solo son inmorales sino fraudulentas. Y esta es la figura del falso Autónomo. Porque un falso autónomo es aquel trabajador que realiza todas las funciones y tiene todas las obligaciones de un trabajador contratado, pero mantiene una relación de Autónomo con la empresa. Es decir, trabaja para una sola empresa, con un horario fijado por la empresa, tiene un sueldo periódico fijado por la empresa, aunque no una nómina sino una serie de facturas como autónomo, las vacaciones y periodos de descanso son fijados por la empresa etc. El lugar de trabajo son las oficinas de empresa, o el que fije ésta. Las herramientas y materiales son facilitados por la empresa… es decir es un trabajador por cuenta ajena que hace las mismas funciones que un trabajador contratado,  pero al que no se le paga seguridad social, ni  seguros de accidente,  ni las horas extra, ni las vacaciones, ni las pagas extraordinarias. Es un trabajador que cobra solamente las horas trabajadas calculadas en función del servicio prestado, y al precio que fije la empresa. Que tiene que pagarse la seguridad social y al que en caso de quedarse sin trabajo no le cubre ninguna prestación social. Es, digámoslo claro, un jornalero que trabaja a destajo.

Nos ponemos en contacto con usted para hacerle llegar nuestra preocupación y malestar ante las noticias que hemos tenido relacionadas con la puesta en marcha de la Nueva Sede del Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra y la consiguiente dotación de puestos de trabajo que esta nueva infraestructura ha llevado aparejada.

Según tenemos entendido la Consejería de Cultura en lugar de optar por poner en marcha esta nueva infraestructura mediante la dotación de nuevos empleados públicos, que han accedido a la Función Publica mediante riguroso procedimiento, marcado por el respeto de los principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia y publicidad (art. 55 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público), de dotar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del propio Conjunto, o ampliarla según las nuevas necesidades, se ha optado por el enchufismo, recurriendo para ello a la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales y realizando una serie de contrataciones a través de esta empresa, mediante un procedimiento totalmente opaco, llamando a una serie de “agraciados” para su preceptiva entrevista y definitiva selección, a través de una oficina del SAE.

Según parece han sido un total de 16-18 plazas las que se han asignado de esta manera, todas estas personas han sido contratadas por la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, “saltándose a la torera” el art. 70 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, que prescribe que el personal de las agencias públicas empresariales será seleccionado mediante convocatoria pública, basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

A pesar de que uno de los objetivos principales de la página web de esta Empresa Pública es publicitar las ofertas de empleo de la misma (http://www.epgpc.es/), ninguna oferta ha sido debidamente publicitada. El vigente convenio colectivo de esta Empresa Pública señala en su art. 11.2 que para la contratación indefinida, las bases de cada convocatoria se publicarán con al menos diez días de antelación, en la web de la Empresa y en otros medios. Parece ser que para evitar este trámite los contratos serán inicialmente de 6 meses, para una vez superados los mismos poder hacer indefinido a este personal, sin pasar por el trámite de la publicidad.

A esto hay que sumar que, a la hora de contratar este personal, en muchos casos, parecen haber pesado  más las afinidades políticas, parentales y de amistad con la agrupación local del PSOE que la validez o experiencia como profesionales del Patrimonio Histórico.  Sabemos que al menos los tres puestos de mayor responsabilidad están ligados fuertemente a la corporación local del PSOE, uno de ellos es ex director del Área de Cultura del Ayuntamiento, los otros dos están ligados tanto política como familiarmente a altos cargos de esta corporación, lo que parece indicar que sólo gente cercana al PSOE, y en algunos casos militante, puedan tener acceso a estos puestos técnicos, no políticos, y, sobre todo, pagados con dinero público.

Según parece, éste es sólo un ejemplo más de la política general de la Junta de Andalucía, de un tiempo a esta parte, numerosos casos como este ocurren cada día y van vaciando de competencias y presupuesto a la Administración Pública, traspasando las mismas a las Empresas Públicas, Fundaciones, Organismos autónomos etc. Los cuales se nutren por un personal seleccionado, en la mayoría de los casos mediante procedimientos, posiblemente legales, pero indudablemente carentes de cualquier atisbo de ética.

Desde la Coordinadora de Arqueología de la CNT Córdoba, queremos manifestar nuestra disconformidad con este sistema selectivo, abogamos por los principios constitucionales de mérito y capacidad, e instamos a los representantes de la administración, en este caso al Delegado de Cultura de la Junta de Andalucía a que nos explique como se ha llevado a cabo la selección de estos 16-18 puestos de trabajo, por qué dicha oferta no ha sido debidamente publicitada y cuales han sido los criterios de baremación empleados para dicha selección.

Secc. Sindical ARQUEOLOGIA CNT-CÓRDOBA

C/ Historiador Domínguez Ortíz, nº 7,

Teléfono 975 254 367

email arqueologia@cordoba.cnt-ait.es