Las denuncias presentadas por FJI-Precarios, desde 2006, ante la Inspección de Trabajo han concluido en actas de liquidación de cuotas a la Seguridad Social por fraude de más de 2 millones de euros por incumplimiento del Estatuto del Personal Investigador en Formación (RD 63/2006) y por encubrimiento de puestos de trabajo en más de 200 becas de investigación.

Desde el año 2000, la Federación de Jóvenes Investigadores-Precarios (www.precarios.org) ha venido denunciando la precariedad laboral y el fraude asociados a la financiación mediante becas de los recursos humanos en el ámbito de la I+D+i. Desde entonces, las acciones reivindicativas de la FJI-Precarios se han centrado en reuniones con los distintos Gobiernos Centrales para sustituir el sistema de financiación mediante becas por otro dirigido a la contratación del personal de investigación. No fue hasta febrero de 2006 cuando se aprobó una normativa que, si bien no satisfizo al completo las exigencias de la FJI-Precarios, marcó un antes y un después en la regulación de las ayudas a la investigación para financiar los Recursos Humanos: el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) (1).
Dado que el ámbito de aplicación del EPIF no incluye a la totalidad de las ayudas para Recursos Humanos ni contempla la contratación desde la etapa inicial de la carrera investigadora, en enero de 2008 la FJI-Precarios puso en marcha la campaña “No más becas por trabajo” (www.precarios.org/No+BecasxTrabajo). Esta iniciativa aborda de forma específica el fraude a la Seguridad Social asociado al encubrimiento de puestos de trabajo mediante becas (cuestión ampliamente reprendida por los Tribunales de Justicia) de investigación, así como al incumplimiento del EPIF.
La minuciosa labor desarrollada en esta campaña ha conducido a la interposición de más de 20 denuncias ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por unas 200 becas de investigación fraudulentas. Una parte de estas denuncias están motivadas por el fraude a la Seguridad Social generado por incumplimiento del EPIF. Es el caso de 150 becas de investigación convocadas por el antiguo Ministerio de Educación y Ciencia, Consejerías de Educación de Castilla-León, Andalucía y Canarias, instituciones dependientes del Ministerio de Economía y Hacienda y fundaciones privadas. Estas denuncias han dado lugar a actas de liquidación que ascienden a un millón de euros. Por otro lado, se ha denunciado el fraude relacionado con 50 becas de investigación convocadas por fundaciones privadas que encubrían puestos de trabajo y que ha dado lugar a actas de infracción y de liquidación que suman más de un millón de euros.
En promedio, el fraude a la Seguridad Social destapado por las denuncias de la FJI-Precarios es de unos 10.000 euros por beca. Teniendo en cuenta un estudio encargado en 2006 por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que estimaba en 150.000 el número de becarios en España y que la gran mayoría encubría puestos de trabajo (2), se puede intuir que el fraude a la Seguridad Social vinculado al mal uso de de las becas podría ser multimillonario. A día de hoy, las becas de formación o prácticas dirigidas a titulados universitarios han substituido prácticamente a la contratación en prácticas. Así, las becas se han convertido en la principal vía de acceso al mercado laboral en España del capital humano mejor formado: titulados universitarios. La inserción laboral mediante becas conlleva no sólo fraude a la Seguridad Social sino además irregularidades laborales al carecer de derechos laborales, salud laboral además de las prestaciones por desempleo.
En una coyuntura como la actual, en la que se plantea la reforma del sistema de pensiones o el retraso de la edad de jubilación, resulta irresponsable por parte de los Gobiernos Central y Autonómicos no tomar medidas para erradicar esa extendida práctica de encubrir puestos de trabajo mediante becas. Dicha praxis retrasa la ya tardía incorporación al
mundo laboral de los titulados universitarios y en consecuencia la edad de inicio en las cotizaciones a la Seguridad Social.
Por ello, reclamamos al Gobierno del Partido Socialista cuatro medidas para erradicar este fraude:

1.- Que la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación incluya en su articulado el establecer que todas las ayudas a la investigación para los recursos humanos vayan dirigidas de forma obligatoria a la contratación de todo el personal de investigación. De esta forma, además de ofrecer un marco laboral más adecuado para el desarrollo de la carrera investigadora, se evitarán problemas legales a los Centros de Investigación relacionados con irregularidades laborales.
2.- Cumplir su programa electoral 2008 sobre mejoras en la calidad del empleo joven (3). Esto implica modificar la normativa vigente que regula las prácticas no laborales de estudiantes en empresas a fin de suprimir la extendida práctica de fraude a la Seguridad Social.

3.- Dotar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de personal y recursos necesarios para realizar campañas anti-becas en empresas e instituciones públicas.

4.- Instar al sector público a liderar las políticas de recursos humanos dirigidas a los jóvenes en las que se fomente la contratación en sustitución de las becas.
La FJI-Precarios continuará persiguiendo todas las acciones que supongan un fraude sin descartar acudir a la vía penal contra los responsables de los centros que reincidan en conductas irregulares.

(1)http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/03/pdfs/A04178-04182.pdf
(2) El sistema de becas en la primera inserción y su relación con el empleo Red2Red Consultores. -Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Subdirección General de Información Administrativa y Publicaciones, 2006 Colección Informes y Estudios. Serie Empleo Vol. 30 ISBN 84-8417-231-7

(3) http://www.psoelaguancha.com/assets/docs/000000118784.pdf Consulta el informe: http://www.precarios.org/tiki-read_article.php?articleId=206 Campaña No + becas x contratos http://www.precarios.org/tiki-index.php?page=No+m%C3%A1s+Becas+por+Trabajo

Me parece interesante la reformulación de la definición de “Arqueólogo” que hace Manuel J. Torres (arqueólogo de Jaén) por cuanto la visión que de esta profesión pervive en nuestra sociedad no se ajusta en nada a la realidad que vivimos los que a ella nos dedicamos.

El Manifiesto se puede descargar en formato word desde el siguiente enlace:

http://www.iuventa.org/index.php/Empezar-descargamiento/Documentos/70-MANIFIESTO-DE-UN-ARQUEOLOGO.html

MANIFIESTO DE UN ARQUEÓLOGO

“Ah, tu eres de los de la brochita”, “que guay, como Indiana Jones” o “arqueólogo, ¿de los que paran las obras?”. Estos y otros comentarios, que no nombro porque sería interminable la lista de típicos tópicos sobre la arqueología y sobre los arqueólogos, forman parte del pan de cada día en la vida de un arqueólogo. Por eso en este manifiesto, que no es otra cosa que una serie de reivindicaciones por parte de un humilde arqueólogo, intentaré esbozar de manera amena y sencilla en que consiste el trabajo en arqueología y el papel del arqueólogo en la sociedad. De manera que no puedo, ni quiero empezar de otra forma que agradeciendo a Iuventa y a Rafael Cámara a título personal, el hecho de apostar por el patrimonio arqueológico  giennense y por dar cabida a tanta gente como yo que luchamos y sufrimos desde nuestra “fidelidad patriótica” para con nuestra desdichada ciudad.

¿Qué es un arqueólogo? Pues….esta es la pregunta del millón. Atendiendo a la definición que aparece en el diccionario de la RAE es aquel profesional que se dedica a estudiar las antiguas civilizaciones a través de los monumentos y objetos que han perdurado en el tiempo. Siendo así es comprensible la visión estereotipada que existe sobre este trabajo, somos las personas que extraemos objetos que luego serán exhibidos en los museos. Esta falacia conceptual no es otra cosa que la herencia que aún arrastramos del arqueólogo del s. XIX, donde el único interés que tenía esta ciencia (que en el s. XIX era considerada como una disciplina de la historia) era exhumar tumbas egipcias o ciudades enteras como Troya o Pompeya, donde alcanzar la gloria mediática. Ya que este pensamiento es un anacronismo que no encaja en la sociedad actual, una definición que se asemeja más al arqueólogo del s. XXI es la persona que tiene como función documentar de manera científica cualquier vestigio histórico que pueda ser dañado o eliminado debido a los nuevos planteamiento urbanísticos o constructivos, y posteriormente establecer la protección necesaria y una difusión adecuada para el conocimiento de la historia de un lugar, que pueda ser accesible al resto de la sociedad.

De manera que, nuestro trabajo va íntimamente ligado a la construcción, y con este párrafo espero dejar lo suficientemente claro el hecho de que NO PARAMOS LAS OBRAS. Es decir, para que un promotor pueda construir en una parcela situada en el casco urbano o en una Zona Arqueológica como Marroquíes Bajos, necesita un informe arqueológico favorable que le permitiría construir legalmente. Por tanto, la excavación arqueológica forma parte de la dinámica de un proyecto constructivo que necesita una memoria de la actividad que aconseje excavar para poder solicitar la licencia de obras. Pues bien, dicho esto, en algunas ocasiones si paramos las obras, o mejor dicho, ralentizamos el ritmo constructivo. ¿Por qué? Porque simplemente aparecen restos arqueológicos en parcelas que no estaba previsto dicha presencia y se hace imprescindible documentar los vestigios encontrados, ya que como he explicado con anterioridad ese es nuestro trabajo. ¿Ha quedado claro?

Siendo así, que el arqueólogo no es otro aspecto más de la sociedad actual, cuya finalidad es documentar y proteger un bien intangible como es nuestra historia, y un bien tangible como es el patrimonio heredado de ésta. Somos unos trabajadores más dentro del ámbito laboral, con un horario establecido, con una formación necesaria para ejercer dicha profesión y con un reconocimiento social que brilla por su ausencia, y que deja patente la disfunción  de valores que existe en nuestra sociedad, y en su élite política en particular. Un arqueólogo es aquella pieza del engranaje constructivo que sobra, que incluso llega a molestar, que se le ignora hasta límites insospechados, y al que nunca se le reconoce el esfuerzo que realiza para con la comunidad, en pro de que ésta conozca su pasado, y aunque suene a frase políticamente correcta, pueda afrontar su presente.

Pues bien, no todo es culpa de las áreas políticas o económicas de la sociedad (recuerden la famosa frase “… menos arqueología y más ladrillo…”), sino que nosotros mismos hemos sido incapaces de ofrecer una imagen cercana y afable al resto de la gente. Hemos vivido y explotado hasta la saciedad el halo de misterio del arqueólogo aventurero, conocedor de los entresijos de las historias más increíbles y “encontrador” de tesoros que tiene que repartir con el resto de acompañantes, Esta actitud está cambiando, aunque hay que reconocer que esta barrera es algo que el mundo profesional de la arqueología esta superando y al que el mundo académico se aferra como un señor a su feudo. Y digo el mundo profesional, porque en Jaén hemos tenido varios ejemplos de arqueólogos profesionales que nos han abierto, de manera desinteresada, las puertas de sus intervenciones arqueológicas (después de pelear con las distintas administraciones) para que la gente de a pie tenga derecho a conocer su pasado y el patrimonio arqueológico de su ciudad. Algunos ejemplos de ello, fueron las visitas guiadas al solar de la futura Ciudad de la Justicia (excavación arqueológica que supuso un punto de inflexión en la arqueología de Jaén) llevadas a cabo por Vicente Barba o en la reciente visita al lienzo de muralla calcolítica excavada por Antonio Crespo.

A modo de conclusión, quería expresar la satisfacción que me produce poder escribir este texto, ya que creo que ayuda a comprender de primera mano, y de forma breve, la visión del arqueólogo visto desde un arqueólogo.

Desvede la Sección sindical de  de Arqueología de CNT-Córdoba denunciamos GRAVES DEFICIENCIAS EN EL NUEVO REBLAMENTO:

• Denunciamos la falta total de debate con los profesionales del sector para la elaboración del nuevo Reglamento, parte afectada a los que no se ha tenido en cuenta en ningún momento.
• Denunciamos la discrecionalidad y los baremos que se establecen para autorizar desde la Administración  el ejercicio de la profesión, que va a dificultar sobre manera poder trabajar en este sector. La formación precisa para dirigir excavaciones arqueológicas sólo puede basarse en el título de licenciad@, si no se quiere caer en discrecionalidades y feudalismos, para lo cual se debe exigir calidad en la formación universitaria.
• En todo caso se podría exigir a la dirección de una intervención arqueológica una experiencia siempre que hubiera la posibilidad de las codirecciones (y que para éstas fuera sólo necesario la titulación académica).
• En este sentido, defendemos la posibilidad de poder tener el mismo arqueólogo/a dos codirecciones o direcciones simultáneas, y dos autorizaciones de excavación en reserva mientras se finaliza la documentación de la última intervención.
• Denunciamos que el Reglamento pueda aplicarse con carácter retroactivo cuando perjudica al afectado, es decir, a aquellos o aquellas que han sido autorizados repetidamente en el pasado para realizar la dirección de excavaciones arqueológicas.
• Reivindicamos la presencia del interesado (directores y codirectores) en las reuniones de las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico (así como de representantes de asociaciones, Colegios y sindicatos).
• Reivindicamos la eliminación de fórmulas aplicadas por la Administración como la de los “falsos autónomos”, contratos fraudulentos por Obra y Servicio, Concesiones Administrativas…(en los casos de inspección y cualesquiera otra función) y que las plazas públicas que se oferten de arqueólogos sean a través de concurso público, con publicidad y siguiendo  criterios de igualdad, mérito y capacidad pertinentes en cualquier convocatoria pública.
• Reivindicamos la obligatoriedad de contar en las excavaciones arqueológicas con peones que acrediten su formación y/o experiencia en el campo de la arqueología a través de Escuelas Taller, Casas de Oficio, Talleres de Empleo, contratos laborales o experiencia en este sector, que deberá quedar reflejada en el Libro Diario de excavaciones de manera obligatoria como integrantes del equipo de excavación. Esta obligatoriedad de figurar en el Libro Diario como componentes del equipo de excavación se extenderá a los alumnos en prácticas, voluntarios y a todo el personal contratado a este fin, sirviendo como acreditación de experiencia.
• Denunciamos que el Libro Diario de excavaciones deba estar firmado por el director/a de la excavación en cada una de sus páginas en blanco, previa a la intervención, porque permite que bajo su firma y responsabilidad se incorporen consideraciones ajenas a la dirección.
• Exigimos que las órdenes emanadas de los arqueólogos inspectores, responsables de seguridad y salud, o cualesquiera otra persona con autoridad sobre la intervención arqueológica, sean rubricadas en el Libro Diario por esos mismos responsables.
• La Administración pública  competente debe velar por el cumplimiento de los honorarios mínimos establecidos por los Colegios de Licenciados y Convenios laborales para el ejercicio de la profesión, vetando aquellos proyectos que no lo garanticen.
• La Administración será la última responsable, en el caso de una destrucción o documentación inadecuada del Patrimonio Arqueológico, cuando no haya ejercido convenientemente su función inspectora.
• Denunciamos el desprecio que el nuevo Reglamento tiene hacia el estudio y conservación del material óseo encontrado en excavaciones arqueológicas, ya que éste, por sus características y aporte de información, debe estudiarse y conservarse siempre.
• Exigimos el acceso público a la documentación y expedientes de la Consejería de Cultura, sin ningún tipo de trabas y dilaciones injustificadas.

Secc. Sindical ARQUEOLOGIA CNT-CÓRDOBA

DOCUMENTACIÓN:

DECRETO 168/2003 de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas

PRIMER BORRADOR DEL TEXTO ARTICULADO

BORRADOR DE ORDEN POR LA QUE ESTABLECEN LOS CONTENIDOS Y ESTRUCTURA

ALEGACIONES

TEXTO FIRMAS

NOTICIAS

El Gobierno andaluz modifica los reglamentos de Patrimonio Histórico y Actividades Arqueológicas

http://utrempresa.com/noticia/12692

El gobierno andaluz traba la investigación arqueológica

http://www.arqueologiamedieval.com/noticias/4104/

Arqueólogos andaluces, contra el nuevo reglamento de actividades arqueológicas

http://www.tiempodehistoria.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1426

El Consejo modifica los reglamentos de Patrimonio Histórico y Actividades Arqueológicas

http://www.teleprensa.es/almeria-noticia-194320-El-Consejo-modifica-los-reglamentos-de-Patrimonio-

Hist26oacute3Brico-y-Actividades-Arqueol26oacute3Bgicas.html

Arqueólogos de Huelva y Sevilla negocian un nuevo reglamento que no “asfixie” su profesión

http://www.huelvainformacion.es/article/ocio/257381/arqueologos/huelva/y/sevilla/negocian/nuevo

/reglamento/no/quotasfixiequot/su/profesion.html

Los arqueólogos andaluces temen que el nuevo reglamento empeore sus condiciones

http://www.diariodecadiz.es/article/ocio/495095/los/arqueologos/andaluces/temen/nuevo

/reglamento/empeore/sus/condiciones.html

Arqueólogos andaluces temen que el nuevo reglamento de la Junta empeore, aún más, sus condiciones laborales

http://www.diariobahiadecadiz.com/detalle-noticia-2711

ASPHA SE REUNE CON LA COMISIÓN PERMANENTE DE REPRESENTANTES DE ARQUÉOLOGOS DE ANDALUCÍA

http://arqueologosdecadiz.wordpress.com/2009/08/19/aspha-se-reune-con-la-comision-permanente-de-

representantes-de-arqueologos-de-andalucia/

EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº  Tres DE CÓRDOBA ESTIMA LA DEMANDA INTERPUESTA POR EL DELEGADO DE LA SECCIÓN SINDICAL DE CNT EN EULEN, S.A.

CNT VENÍA DENUNCIADO PUBLICAMENTE LA SITUACIÓN DE EXTREMA PRECARIEDAD EN LA CONTRATA DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.

El juzgado de lo social nº 3 de Córdoba ha emitido la sentencia 270/09 estimatoria de la demanda por cesión ilegal de trabajadores interpuesta el pasado mes de diciembre, por el delegado de la sección sindical de CNT en EULEN y trabajador de la contrata de mantenimiento y jardinería de esta empresa en la Universidad de Córdoba.

La sentencia declara “que ha existido cesión ilegal de mano de obra y en consecuencia declaro que entre la Universidad de Córdoba y el actor existe relación laboral de carácter indefinido y jornada de 35 horas semanales con efectos del 1 de septiembre de 2008”

Esto obliga a la UCO a la incorporación del compañero como trabajador de la misma.

Así mismo considera que en el desarrollo del trabajo de la contrata “el control diario era asumido por la Universidad de Córdoba, que era quien aportaba las herramientas necesarias para el desarrollo de la misma, abonando un precio por tiempo de trabajo y empleados y reteniendo la facultad de dar instrucciones sobre el modo de ejecución del mismo” , entendiendo que “la presencia del personal responsable de EULEN era , poco más o menos , que anecdótica”.

Desde CNT se venía denunciando la situación de extrema precariedad en que se encontraban los trabajadores de esta contrata de mantenimiento y jardinería de la UCO, con salarios base por debajo de los 600 € , incumplimientos en materia de prevención de riesgos y situaciones contractuales precarias, con trabajadores que tras más de 7 años de trabajo para la UCO apenas cuentan con antigüedad de unos pocos meses.

Esto se conseguía a través de la utilización de sucesivas contratas, la última de ellas EULEN, cuyo único objetivo era ahorrar costos laborales e impedir cualquier vinculación laboral de estos con la Universidad., mientras en la realidad estos trabajadores han trabajado siempre a las órdenes de los responsables de la UCO.

Desde CNT se han solicitados varias reuniones con el Rector de la UCO, con anterioridad al juicio, a fin de abordar la situación de esta contrata lo que ha sido rechazado sistemáticamente por el Rector, por lo que se han venido celebrando acciones de protesta en distintos actos universitarios, así como campañas informativas en el propio Campus de Rabanales.

Para CNT esta sentencia viene a dar la razón judicialmente a las demandas planteadas y a cuestionar el sistema de contratas de la UCO, siendo un primer paso para acabar con estas situaciones.

Desde CNT se va a animar al resto de trabajadores de las contratas de la UCO en idénticas condiciones a denunciar estas situaciones y a organizarse para acabar con la precariedad y la explotación en la Universidad de Córdoba.

La sentencia completa se encuentra a disposición de quien la solicite

Última hora: Actuando como lo que son, caciques, el Rectorado aún no ha hecho efectiva la sentencia. Simplemente no se lo creen, y aún se atreven a desafiar las decisiones Judiciales.