Archivo para Septiembre, 2011

El inicio de la Edad Oscura para el Patrimonio Arqueológico de Córdoba: Se disuelve el Convenio de Arqueología y el especulador Sandokán aboga por la total desregularización de la construcción privada.

Posted by coordinadora on Jueves, 29 Septiembre, 2011

0000929678_230x230_jpg000[1]Una escueta noticia da cuenta del cese del convenio UCO-GMU.

Abstención en el convenio con la UCO. Todo salió adelante por unanimidad, excepto el cierre del convenio de arqueología con la UCO, en el que se abstuvieron PSOE e IU. Tejada criticó que “no se hayan planteado alternativas” y dijo “que los trabajos arqueológicos son necesarios, si no se pararían obras”. Martín afirmó que habrá reuniones con la UCO y que “IU no pagó la liquidación del 2010 ni el primer y segundo trimestre del 2011″.29/09/2011 diariocordoba.com

Al menos podrían haber tenido la dignidad de votar en contra. O plantear alguna alternativa, no se puede destruir el patrimonio arqueológico impunemente. La legislación autonómica impone la realización de Intervenciones arqueológicas, con las que demasiadas veces se ha justificado la destrucción.  ¿Se van a imponer los criterios de los especuladores?….

En la misma reunión un especulador que  se opone a que se multe a los que levantan casas sin permisos, esto es, a él mismo, y que adeuda casi 40 millones por infracciones urbanísticas, intenta que no se note demasiado porqué está allí (y cierra la boca). Pero habla ante los medios, y de qué forma.

Propone la  legalización de las cerca de 10.000 construcciones ilegales que hay en la capital. Incluidas aquellas que están en terrenos inundables y que se vieron arrasadas por las últimas crecidas del Guadalquivir. ¿Incluirá su lista las construcciones ilegales en la zona del Plan Especial de Madinat al-Zahra?. Nos preocupa mucho el futuro de la arqueología en esta ciudad, y de su Patrimonio en general. Todo parece apuntar que se avecina un proceso de desregularización que dé vía libre la especulación. El proceso ya se ha iniciado en el casco Histórico.  En este proceso el patrimonio será una víctima más, como los espacios verdes, los equipamientos, etc….

La imagen que nadie podía imaginar hace solo diez meses se hizo ayer realidad. El empresario y concejal de Unión Cordobesa, Rafael Gómez, imputado en el caso Malaya y deudor de unos 30 millones al Ayuntamiento de Córdoba, se sentó en el Consejo Rector y la Comisión de Licencias del órgano local de desarrollo urbanístico de la ciudad. Entre los asuntos prioritarios que piensa plantear, se encuentra la total legalización de las cerca de 10.000 viviendas irregulares que hay en la capital. Incluidas aquellas que están en terrenos inundables y que se vieron arrasadas por las últimas crecidas del Guadalquivir.

Así lo anunció su partido hace dos días. Y así lo recordó ayer el propio Gómez. “Considero que todos los partidos hemos dicho que debíamos arreglar el tema de las parcelaciones con la ley en la mano. Y cumplir con esa inquietud que tienen tantas familias”, insistió antes de entrar en la primera de las reuniones en la Gerencia Municipal de Urbanismo. Sandokán anunció también que se opondrá a la imposición de multas a los parcelistas ilegales. “Hay mucha gente que está en jubilación o que tiene 400 o 500 euros de paga y que le meten una multa en un momento dado de ciento y pico mil euros. Eso no tiene ni pies ni cabeza porque han hecho las viviendas y ahora se les multa. Mire usted, no hubiese usted dejado que se hiciesen”. En todo caso, una vez que empezó la reunión, Gómez no abrió la boca para plantear el tema de las parcelas. En su turno de palabra, Gómez se limitó a decir: “Vengo a servir a Córdoba” y a restar importancia a sus pleitos personales.

Y es que, a una escala económica mucho mayor que la de los parcelistas ilegales, Sandokán comparte un problema muy similar con ellos. Él mismo construyó donde no podía. En concreto, cuatro hectáreas de naves ilegales en la sede de su empresa Arenal 2000. Una de las primeras cosas que hizo Sandokán tras recoger su acta de concejal, fue pedir el expediente completo de la multa de 24,6 millones, que lleva años enfrentándole en los tribunales con el Consistorio.

El portavoz del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, dijo ayer que “los cordobeses que le votaron lo hicieron en base a unas propuestas altamente irrealizables”, como es la completa legalización de las parcelas. Torrico insistió en que Unión Cordobesa tiene derecho, “democrático y legal” para hacer “las propuestas que considere oportunas”. A pesar de que Sandokán afirma que entre los planes del PP también está la legalización, Torrico señaló que sus propuestas en la GMU nada tienen que ver con las de Unión Cordobesa .elpais.com


La UCO destaca sus logros tras perder el apoyo municipal en arqueología

Posted by coordinadora on Miércoles, 28 Septiembre, 2011

La UCO destaca sus logros tras perder el apoyo municipal en arqueología. La Universidad de Córdoba (UCO) sacó ayer pecho y destacó, a través de dos notas de prensa, sus logros científicos, después de que el Ayuntamiento haya decidido no prorrogar un convenio con la institución académica en materia de arqueología. Así, la Gerencia de Urbanismo aprobará hoy que se suspenda, por motivos económicos, el acuerdo con la UCO, por el que este organismo municipal ha desembolsado en la última década 6 millones —a un ritmo de 600.000 euros anuales—.

En los comunicados hechos públicos por la Universidad se destaca, por un lado, que la UCO es, por detrás de la Autónoma de Madrid, la más productiva científicamente según el ránking elaborado por la Universidad Rovira i Virgilli, que, entre otros aspectos, analiza la ratio de publicaciones científicas en revistas de impacto por profesor.

En este sentido, el profesorado de la UCO aparece como el segundo más productivo con la publicación de 0,75 artículos en revistas relevantes por año e investigador. Concretamente, el informe de la Rovira i Virgilli utiliza para medir esa productividad la Web of Knowlegde (WOK), una base de datos bibliográfica que recoge las revistas más relevantes del ámbito de las ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades. Incluye unas 12.000 revistas y 46 millones de documentos agrupados en 256 categorías temáticas.

Exposición

En la otra nota, la UCO anuncia la exposición «Arqueología en la calle. Diez años haciendo historia», organizada por el grupo de Investigación Sísifo, en la que mostrará el resultado del trabajo realizado por sus investigadores en la última década.

Cuarenta paneles enseñarán al público de todas las edades los vestigios encontrados detallando su importancia y explicando de manera divulgativa las claves de las diferentes excavaciones.

De esta forma, los visitantes podrán reconstruir buena parte de la ciudad a lo largo de su historia. Los más pequeños contarán para ello con una guía particular: Claudia, una comadreja que en formato cómic ofrecerá las explicaciones.

La muestra será inaugurada el 4 de octubre en la plaza de las Tendillas y se mantendrá hasta el día 16.

abc.es

 

El titular no se ajusta a la noticia. Ésta se reduce a que el Grupo de Investigación Sisifo, del Área de arqueología de la UCO anuncia una exposición divulgativa  “Diez años haciendo historia”, sobre las actividades del convenio UCO-GMU. Una buena iniciativa de divulgación, pero que en modo alguno justifica, ni explica el modelo de Gestión que este Convenio mantuvo durante 10 años. Y es que es muy difícil de justificar que de casi 1 millón de mts2 de arrabal excavados o inspeccionados, no se conserve prácticamente nada.  Una Gestión que es responsabilidad directa de la GMU (a través de su oficina de arqueología), y de la UCO (a través del convenio UCO-GMU).  

En otro comunicado de prensa los responsables del convenio extinguido justifican una  labor de investigación,  con los méritos genéricos de toda la Universidad. Una burda justificación,  que quizás esconda la carencia de resultados científicos.

Pero siendo justos el Convenio ha realizado una muy buena labor de empresa de gestión de servicios arqueológicos, que ha trabajado de forma muy eficaz. Ha  liberado ingentes cantidades de suelo de las cautelas arqueológicas, de forma rápida y enérgica. Permitiendo la construcción sin trabas arqueológicas ni retrasos, ahorrando mucho dinero  a los constructores y promotores.  Ahorro, en ocasiones directo, al asumir de oficio las direcciones y aportar a los técnicos.  Pero no se puede construir y a la vez conservar. Pero no se puede liberar tan rápidamente tal cantidad de suelo y a la vez investigar.  Por lo tanto sus  resultados científicos no van más allá de los obtenidos por cualquier empresa de gestión.

Ha supuesto, sobre todo un ahorro sustancial para los promotores públicos. Ha sido, sobre todo, una herramienta eficaz y barata de  liberación de suelo.  Ahora que no hay suelo que liberar, se prescinde de ella. Ahora sería un buen momento para procesar la ingente cantidad de datos recuperados, pero eso no lo va a pagar el Ayuntamiento.  No lo pagaría en circunstancias normales, menos aún en momentos de crisis estructural como esta.


Urbanismo pone fin al convenio para investigación arqueológica

Posted by coordinadora on Martes, 27 Septiembre, 2011

Urbanismo pone fin al convenio para investigación arqueológica. Redefinirá el acuerdo para captar fondos de otras administraciones. Martín asegura que supone un desembolso anual de 600.000 euros. SE FIRMO EN EL 2006 Y DEBIA PRORROGARSE A FINAL DE AÑO. ISABEL LEÑA 27/09/2011

La Gerencia de Urbanismo ha decidido poner fin al convenio que firmó en mayo del 2006 con la Universidad de Córdoba para colaborar en la investigación arqueológica. El consejo rector que se celebrará mañana se pronunciará a favor de rescindir el acuerdo, ya que, en caso contrario, se prorrogaría. La intención de Urbanismo es reunirse con la UCO “y sumar la colaboración de más instituciones para seguir con la actividad arqueológica”, según expresó ayer su presidente, Luis Martín, que aseguró que “hay que redefinirlo” y “fijar otros fines”, ya que “supone un gran esfuerzo económico”, que cifró en 600.000 euros anuales. Aunque el convenio se firmó el 3 de mayo del 2006, su origen se remonta al 2001. Precisamente este año se conmemoran diez años de cooperación, que, según Martín, han supuesto una inversión de 6 millones de euros, cantidad “con la que ya hemos contribuido con amplitud a los estudios de arqueología”.

Urbanismo prefiere “esperar la respuesta de todas las administraciones”, entre ellas la Junta, antes de seguir adelante, ya que “si no quieren colaborar es difícil que llevemos todo el peso sobre nuestra espalda”. Entre los objetivos está impulsar los parques arqueológicos.

Fuentes de la UCO aseguran que hay previstas reuniones para abordar el futuro del convenio y que el objetivo es recuperarlo adaptándolo a las necesidades actuales. Por su parte, el portavoz de IU y anterior presidente de Urbanismo, Francisco Tejada, afirma que el convenio no genera tanto gasto –unos 350.000 euros al año– y teme que su fin suponga la eliminación de puestos de trabajo, ya que hay un equipo de arqueólogos que se encarga de “dirigir los trabajos arqueológicos y hacer el seguimiento” en obras municipales y privadas –colectivos sociales–.

Por otro lado, el consejo rector aprobará de forma provisional la modificación de ficha del Plan de Protección del Conjunto Histórico que permitirá convertir en hotel la Casa de los Burgos; y de manera definitiva la que posibilitará las obras del aparcamiento e instalaciones deportivas del Seminario de San Pelagio, para lo que el Obispado acaba de solicitar la licencia de obras. También dará luz verde a la cesión a la UCO de parte de los jardines de Juan Carlo I para un aparcamiento y a un convenio con Emacsa y Citynet para usar la red de saneamiento para instalar fibra óptica.

diariocordoba.com

Urbanismo denuncia un acuerdo con la UCO sobre arqueología. Luis Martín asegura que hay que buscar más colaboración porque la GMU no puede asumir el gasto

El Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo (GMU) aprobará mañana denunciar un convenio de colaboración que mantiene con la Universidad de Córdoba (UCO) desde hace diez años sobre investigación arqueológica. Se trata de un trámite que permite que el acuerdo deje de tener vigencia, ya que el objetivo de la Gerencia es establecer un nuevo marco de colaboración en el que haya más administraciones implicados, porque, según apuntó el presidente de la GMU, Luis Martín “nosotros ya hemos contribuido bastante”. En el documento, según la información facilitada por la Gerencia, se establece una aportación de 600.000 euros anuales, por los que en este tiempo la empresa municipal ha aportado seis millones de euros. Martín explicó que el último convenio firmado fue en 2006 y que, en principio, se prorroga cada tres años, aunque esa cuestión también la quieren modificar.

Fuentes de la UCO apuntaron ayer a este periódico que no se pretende acabar con el acuerdo, sino que para los próximos días están previstos encuentros para buscar fórmulas de colaboración. Según las mismas fuentes el problema es que “el convenio ha caducado” pero se mostraron convencidos de que se pondrá en marcha uno nuevo. Los pilares fundamentales del acuerdo entre ambas instituciones es la formación de investigadores y profesionales de la arqueología y su inserción laboral, así como la difusión y divulgación del patrimonio arqueológico a la sociedad.) Así, por ejemplo, se realizan actuaciones en aquellas parcelas del casco urbano, así como atención gratuita y de oficio a determinados colectivos o particulares, cuyos proyectos vengan marcados por un alto componente social.

También relacionado con la UCO, el Consejo Rector de la Gerencia aprobará hoy la cesión de una porción de los Jardines Juan Carlos I a la Universidad para que construya unos aparcamientos. Se trata de unos terrenos de algo más de 900 metros cuadrados de titularidad municipal que precisamente fueron cedidos por la institución académica al Consistorio. La naturaleza jurídica de esta finca municipal es la de dominio público y uso público, y la Gerencia ha dado el visto bueno a la concesión administrativa a favor de la UCO, de manera directa y gratuita, el uso de esta porción de suelo por un tiempo de 75 años.

eldiadecordoba.es

 La eliminación del Convenio parece definitiva, algo muy negativo para esta ciudad. No está nada claro que se firme uno nuevo, lo que sí está claro es que la Universidad es un colaborador necesario en cualquier proceso urbanístico que afecte al Patrimonio.  Nada apunta hacia una revisión de los modelos de gestión  anteriores.  Modelos que han supuesto, entre otras cosas la destrucción sistemática de los arrabales hispanomusulmanes.

El anterior presidente de Urbanismo, Francisco Tejada  teme que suponga la eliminación de puestos de trabajo. Un temor que suponemos retroactivo, puesto que la eliminación ya se ha producido de forma sustancial.

Para la UCO  el problema es que “el convenio ha caducado”, sin tener en cuenta que caducó varias veces y varias veces  se prorrogó. Y se limita a verter frases vacías de pura retórica demagógica: “ la formación de investigadores y profesionales de la arqueología y su inserción laboral, así como la difusión y divulgación del patrimonio arqueológico a la sociedad”.

Pero lo que nos preocupa es que en la misma noticia se incluyan modificaciones del Plan Especial de Protección del Casco Histórico. Puesto que es una intención clara de esta corporación fomentar el negocio inmobiliario en el Casco y la modificación del PEPCH a tal efecto.

 Modificaciones de las que la primera beneficiaria será la Universidad. El actual gerente lo tiene claro “hay que innovar ficha para poder desarrollar el planeamiento o hay que hacer estudios de detalle para que sea viable la actividad inmobiliaria en el casco histórico” cordobainformacion.com. Si a esto unimos las opiniones vertidas desde la UCO “se realizan actuaciones en aquellas parcelas del casco urbano”, tenemos la misma fórmula del convenio anterior. Destrucción del patrimonio en aras del ladrillo, ahora en el Casco Histórico, y como con en el convenio extinguido, con la connivencia de la Universidad.


UN PRIMER PASO PARA DESMANTELAR EL CONVENIO GMU-UCO

Posted by coordinadora on Martes, 27 Septiembre, 2011

GMU denunciará el convenio con la UCO sobre catas arqueológicas para redefinirlo

La pretensión de la GMU al denunciar dicho convenio, suscrito hace diez años, es negociar la redacción de un nuevo acuerdo, con la idea de que se impliquen en el mismo otras instituciones, para de esta forma poder rebajar la aportación municipal, que se sitúa en torno a los 600.000 euros al año.

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba tiene previsto aprobar en su convocataria de este próximo miércoles la denuncia del convenio de colaboración suscrito en su día con la Universidad de Córdoba (UCO) para la financiación de catas arqueológicas en la ciudad, con objeto de redefinir su contenido.

Así lo ha avanzado este lunes en rueda de prensa, el presidente de la GMU y teniente de alcalde delegado de Urbanismo del Consistorio cordobés, Luis Martín, quien ha explicado que la pretensión de la GMU al denunciar dicho convenio, suscrito hace diez años, es negociar la redacción de un nuevo acuerdo, con la idea de que se impliquen en el mismo otras instituciones, para de esta forma poder rebajar la aportación municipal, que se sitúa en torno a los 600.000 euros al año.

En concreto, según ha detallado Martín, el objetivo es “redefinir las actuaciones de este convenio”, que se ha venido prorrogando por acuerdo entre las partes y que a la GMU le estaba suponiendo hasta ahora “un gran esfuerzo económico”.

Por otro lado, el consejo rector de la GMU también incluye en el orden del día de su sesión de este próximo miércoles la aprobación provisional del expediente relativo a la Casa de los Burgos, para la construcción de un hotel, estando también previsto que se apruebe el expediente del Seminario de San Pelagio, para permitir que el Obispado de Córdoba construya un centro de mayores y un aparcamiento.

Ello supondrá llevar a cabo dos modificaciones del Plan Especial de Protección del Casco Histórico (Pepch) de Córdoba, lo que viene a confirmar, en opinión de Martín, la necesidad de revisar el mencionado Pepch, que precisa “una relectura”, ya que en el casco histórico, ante muchas actuaciones, “o hay que innovar ficha para poder desarrollar el planeamiento o hay que hacer estudios de detalle para que sea viable la actividad inmobiliaria en el casco histórico”.

Por último, en la próxima convocatoria del consejo rector de la GMU también se prevé aprobar la cesión, por parte de la ciudad a la UCO, de una parte de los jardines Juan Carlos I, ubicados en la parte trasera del Rectorado, para facilitar con ello la construcción de un aparcamiento.

cordobainformacion.com

La noticia es escueta: la GMU  “ denuncia” del Convenio con la UCO  para ahorrarse su financiación, y abrirlo a otras entidades cofinanciadoras. A la espera de datos  más concretos, cuánto hay detrás de ella. Hoy los 600.000 euros anuales de financiación suponen  un gasto inasumible, hace pocos años era un ahorro sustancial. Con técnicos con contratos temporales prorrogados indefinidamente, muy por debajo del costo de mercado.  Técnicos a los que se les ha sacado el jugo y se les ha dejado en la calle.

Con el tiempo una cosa ha quedado meridianamente  clara, como dice delegado de Urbanismo del Consistorio cordobés Luis Martín, es un convenio para la financiación de catas arqueológicas en la ciudad,  y no el gran “Convenio para el desarrollo  de la Investigación Arqueológica en la ciudad de Córdoba y en su término municipal”. Hecho que reiteradamente hemos denunciado (un servicio de excavaciones municipales, que poco o  nada tiene que ver con la Investigación).

Cuando se habla de redefinir su contenido, no se está hablando de redimensionar (eufemismo utilizado para referirse al despido de los técnicos), cosa que ya se ha hecho. Esperamos noticias, pero sea como sea,  y a pesar de todo la arqueología de Córdoba ha perdido mucho con este Convenio.  Y por lo que vemos va a perder aún más.


Para la reflexión. Avance del artículo: Córdoba, una arqueología en precario (II).

Posted by coordinadora on Domingo, 25 Septiembre, 2011

En el próximo número de ANTIQUITAS se publicará el artículo:

“Córdoba, una arqueología en precario (II). La arqueología de mercado, el mercadeo del Patrimonio Histórico y su tutela y  la destrucción de los Arrabales Occidentales de Córdoba”

 

“Este artículo es el complemento a otro anterior publicado en esta misma revista por la Sección Sindical de Arqueología de CNT-Córdoba. Un esfuerzo colectivo, realizado desde la reflexión libre, por comprender y explicar la realidad actual de la Arqueología cordobesa. Si en el primer artículo, tras una breve introducción a modelos y situaciones previas, analizamos las consecuencias del particular modelo de gestión del patrimonio que se aplica en esta ciudad  (centrados en la valoración de los resultados científicos y la dimensión social), ahora, tomando como ejemplo el documento de Solicitud de Bien de Interés Cultural para los Arrabales Occidentales realizado por la Plataforma Ciudadana Contra la Destrucción del Patrimonio Cordobés (documento elaborado por l@s arqueólog@s del sindicato CNT-Córdoba como miembros de esta Plataforma, en la que se integró la Sección Sindical) reflexionamos sobre la destrucción de este yacimiento arqueológico único, la mentalidad mercantilista que ha propiciado esta pérdida (y las distintas responsabilidades públicas y privadas en ello) así como la necesaria implicación de la ciudadanía para revertir esta situación calamitosa.”

 Os adelantamos el capítulo de conclusiones:  CONCLUSIONES: “Algo falla””

 

Tenemos miedo a perder el trabajo

Pero no tenemos miedo a perder la vida.

 Unas cuantas mentiras son todas las certezas

de que disponemos para vivir.

 Ya nos hemos matado bastante,

salva tu vida, se está muriendo.

 Orihuela (“Algo falla”, Todo el mundo está en otro lugar, 2011. Ed.Baile del Sol. Tenerife)

 

 Una de las Noticias con las que se conformó la página web de la Plataforma Ciudadana Contra la Destrucción del Patrimonio Cordobés señalaba las responsabilidades en la destrucción de los Arrabales Occidentales: 

 “¿Y quiénes son los responsables? Sin duda tod@s los cordobeses tenemos un grado de responsabilidad (por desconocimiento, desinterés, desidia…) pero qué duda cabe que a mayor poder mayor responsabilidad:  ¿dónde está la Consejería de Cultura, dónde el Ayuntamiento y la Gerencia de Urbanismo, dónde el Convenio Gerencia-UCO? ¿Quién ha levantado la voz?”.

 Efectivamente, decir que tod@s somos responsables o que Estoloarreglamosentretodos.org es querer distraer, confundir, mentir. Porque si bien todo ciudadano tiene un grado de responsabilidad ¿cómo comparar éste con el de las administraciones, las instituciones, las constructoras, los medios de comunicación, mucho más poderosos?. Es como querernos responsabilizar de la llamada crisis económica (por esclavizarnos con una hipoteca) en lugar de señalar a  la Banca (por sus grandes robos), las multinacionales (con sus monopolios y rapiñas) y los gobiernos (con sus despilfarros y engaños): ¿No están ellos para ser los representantes? ¿no son ellos los que saben y por eso dirigen?. Y si no lo son y no saben ¿para qué sirven?.

 No es el momento de pedir responsabilidades, pero sí lo es para desmontar la versión simplista e intencionada, las mentiras hechas de medias verdades, que concentra  la responsabilidad de la destrucción del patrimonio arqueológico en un indefinido “de todos los cordobeses”, o en un interesado:  “arqueólogos envilecidos por el beneficio económico”  (aunque de hecho existan). Por ejemplo, a “todos los cordobeses” o “a todos los arqueólogos” se les viene señalado  como responsables por diversos miembros de la Universidad de Córdoba y del convenio que ésta tiene concertado con la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), destacando que los arqueólogos (que durante estos últimos años han dirigido las actividades arqueológicas de carácter preventivo desarrolladas en la ciudad , contratados como autónomos o por empresas de arqueología) rubricaron con su firma la destrucción de los restos hallados.

 Olvidan intencionadamente desde estos púlpitos que las propuestas de conservación que, preceptivamente, se han de incluir en los informes-memorias de dichas intervenciones, nunca han sido vinculantes para la administración autonómica (última instancia decisoria en estas competencias) siendo siempre una mera recomendación que no ha tenido, en ningún caso, el peso que debería en las deliberaciones de la Comisión Provincial de Patrimonio, por no citar los casos en los que esta comisión técnica ha sido desautorizada o, al menos, soslayada por el/la Delegado/a de turno.

 Olvidan intencionadamente que la precariedad imperante en el sector de la arqueología tiene su reflejo en las relaciones clientelares que estos trabajadores tienen con las empresas que monopolizan el mercado, contratados como falsos autónomos, temporales precarios, con contratos fraudulentos y, en fin, en una inestabilidad laboral e inseguridad vital por encima de la de cualquier otro sector del mundo del Trabajo.

 En el entramado de la arqueología cordobesa son las empresas de arqueología las que, generalmente, tienen en sus manos las relaciones mercantiles con los promotores y constructores y, por tanto, responden ante ellos de los resultados de los procesos liberalizadores de suelo que ofertan, colocando a los arqueólogos en el papel de herramientas necesarias, dictándoles en la mayoría de los casos las recomendaciones de preservación de los hallazgos de acuerdo con los intereses del contratante (de facto, la eliminación de los restos). Estas empresas acabaron en gran medida con el ejercicio libre de la profesión que se venía ejerciendo en la ciudad hasta ese momento y, por ende, con la ya escasa independencia de la que gozaban los profesionales de este sector.

Porque las empresas de arqueología se crearon, en gran medida,  al hilo del inusitado crecimiento urbanístico e inmobiliario que experimentó la ciudad con motivo de la entrada en vigor del actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Estas estructuras empresariales nacían con la intención de ofrecer un servicio integral a los promotores inmobiliarios que construían en la ciudad y que necesitaban, por la normativa patrimonial vigente, realizar intervenciones arqueológicas en aquellos solares que iban a promover (el servicio consiste, generalmente, en gestionar la intervención desde la fase inicial de redacción del proyecto, tramitación administrativa, ejecución de la intervención y entrega de la memoria de resultados para la obtención de la correspondiente resolución administrativa que libera el solar y faculta la construcción de la edificación proyectada). Los administradores y gerentes de estas empresas habían sido con anterioridad, en su mayoría, profesionales libres que ahora veían la posibilidad de incrementar sus beneficios ofreciendo al promotor inmobiliario, no sólo sus servicios como arqueólogos, sino todas las herramientas necesarias para la ejecución integral de la actividad: operarios, maquinaria, topografía, dibujo, seguridad y salud, etc.

 De esta forma se crearon muchas empresas en muy poco tiempo, lo que no repercutió  en una mayor calidad del trabajo realizado, antes al contrario, se entró en un proceso competitivo galopante con el objetivo de ser más eficaces de cara a los promotores y constructores, y poder captar de esta forma una mayor carga de trabajo: más rapidez, menos conservación…y menos sueldos. Tanto los directores de las actividades arqueológicas como los operarios que son contratados por estas empresas han sufrido de esta guisa un claro retroceso en sus condiciones laborales, ya que la competitividad degenera necesariamente en un abaratamiento de los costes de producción y, por ende, desde la mentalidad estrictamente empresarial y capitalista que se aplica, en los sueldos de los trabajadores (nunca en los pingües beneficios finales que obtienen los empresarios). Esta situación  “se encuentra en las antípodas de toda regulación y dignificación profesional. La gravedad de la situación llega al punto de que las empresas, o cualquier otro tipo de figura bajo la que se halle una relación entre empleador y empleado, son las que en muchos casos adquieren una posición victimista, como si las deficiencias en el trabajo no fueran su responsabilidad o como si no fueran ellas las que estipulan las condiciones de contratos denigrantes y las que ejecutan despidos arbitrarios.” (MOYA, 2010, 11).

 Igualmente, la independencia de los arqueólogos directores  que trabajan para estas empresas se ve mermada tanto a la hora de ejecutar el proyecto autorizado como en las propuestas de conservación de los restos arqueológicos excavados (que deben plasmar en la memoria de resultados) cayendo necesariamente en la disyuntiva de seguir las directrices que marca la empresa para la que trabaja, siempre afín a los intereses del promotor inmobiliario que ha contratado la actividad, o contravenirla. De esta forma, sin tener el arqueólogo director las competencias sobre el destino final de los restos arqueológicos, se le hace participar con su firma en el proceso de destrucción de los restos patrimoniales que había excavado.

 Si el arqueólogo no actúa rubricando la destrucción de los restos arqueológicos se arriesga a salir necesariamente del mercado laboral, algo que por dignidad profesional se le podría pedir…pero no, desde luego, por aquellos agentes más poderosos y por tanto más responsables, que tienen más posibilidades para poder cambiar una situación que no sólo no cambian (o intentan cambiar) sino que fomentan.

 Porque, como decimos, este tipo de comportamiento no es exclusivo de las empresas de arqueología, lo es de todas las administraciones que incluso cooperan “para ocultar la verdadera magnitud de algunas agresiones y/o silenciar errores, cuando se han cometido auténticos crímenes contra el Patrimonio” (ORIHUELA, 2000: 171). Lo tiene también la Universidad.

 De hecho, en múltiples informes emitidos y rubricados nominalmente por los miembros del convenio de la Universidad de Córdoba y la Gerencia de Urbanismo (UCO-GMU) encontramos las mismas recomendaciones destructivas expresadas bajo una misma fórmula que se reproduce repetitiva y mecánicamente, informe tras informe:

“consideramos que, en este solar, no existen elementos arqueológicos que por sus características recomienden proceder a su conservación una vez documentados científicamente y agotada la secuencia estratigráfica, por lo que es procedente autorizar su desmantelamiento y conceder la correspondiente licencia de obras, condicionada a la realización de un seguimiento arqueológico.”

La standarización de esta fórmula  muestra claramente que es la misma mano la que se antepone a la firma del director de la actividad. Al igual que ocurre en las medidas redactadas por las empresas de arqueología, para el convenio GMU-UCO la liberación del suelo de las trabas administrativas prima sobre la conservación.  Sólo cuando el proyecto de construcción lo hace viable los restos se condenan a soportar una losa de cimentación cuyo peso muele literalmente cualquier vestigio antrópico que allí se encuentre, privando a la sociedad de su contemplación y rentabilización social, cultural y económica.

La tentativa de responsabilizar de la destrucción del patrimonio arqueológico al eslabón más débil de la cadena: el arqueólogo contratado y precario (sea directamente por la constructora-promotora o por empresas de arqueología intermediarias), a parte de ser una maniobra de distracción sobre el verdadero problema, es una falacia que, una vez más, pone de manifiesto la intención de mantener a la profesión dentro de unas redes clientelares, de relaciones que afianzan el control de la profesión en manos de unos pocos (como ocurría hasta los años 90 del pasado siglo, casi en exclusividad, por parte de la Universidad)…aunque esos pocos vayan cambiando o ampliando su lugar de poder: Universidad y/o administraciones y/o constructores y/o empresas de arqueología.

Por otro lado, dentro de las administraciones, culpar en exclusiva a la Consejería de Cultura como única responsable en la materia, como hace sistemáticamente algún que otro responsable en la gestión del patrimonio de la ciudad desde la Universidad (ver VAQUERIZO, 2011), es “tirar balones fuera”. Una operación maniquea y de distracción que expresa una falta de autocrítica sonrojante. Ello es, una vez más, reducir una realidad compleja a un análisis simplista y por tanto erróneo, ya que si bien la responsabilidad última sobre la tutela y protección patrimonial recae en la Consejería de Cultura  de la Junta de Andalucía (administración que tiene competencias exclusivas  fruto de una legislación y normativas abundante y suficiente: no radica ahí el problema), son más los agentes que participan de este proceso, como estamos viendo: Ayuntamiento y Universidad, a parte de las empresas de arqueología y los  técnicos. 

Esta situación no es más que la consecuencia de un cambio sustancial en la mentalidad colectiva de todos los agentes implicados en la Gestión del Patrimonio.  Cambio provocado por una mutación clave: la creación “artificial” de un nuevo Sector Productivo destinado a la gestión de un servicio comercial. Decimos “artificial” puesto que el servicio surge únicamente por la existencia de trabas legales a la ocupación del suelo urbanizable. Es por tanto un servicio el arqueológico ligado directamente al mercado del suelo, en el que se han impuesto valores exclusivamente comerciales y de mercadeo.

La “arqueología de gestión” se ha transformado en “arqueología comercial”, en la venta de un producto,  en un servicio especializado que permite liberar suelo urbanizable. Es decir: “gestionar, ejecutar y tramitar eficientemente la liberación del suelo, siendo el tiempo y la eliminación de las trabas administrativas los parámetros para evaluar la calidad de su trabajo en el mercado” (DÍAZ, 2000: 13-14). Liberar el suelo de las cautelas legales significa que el conocimiento científico,  la conservación, y la difusión de un Bien Patrimonial son meras trabas a superar: un problema a superar, y no una riqueza sociocultural que genera algunos problemas (que hay que superar).

Por tanto, si la destrucción del patrimonio reporta beneficios,  es asumida por todos (y decimos TODOS)  como un mal necesario para el mercado, y por tanto plenamente justificado.

Los responsables de la tutela patrimonial sólo añaden a este planteamiento que  esta  destrucción no sea traumática y que se realice sin vulnerar la normativa legal: el ya célebre “que la destrucción de nuestro patrimonio sirva para su mejor conocimiento” lanzado por el arqueólogo responsable de la GMU.

Sin duda esta es la consecuencia de un proceso perverso: la Administración Autonómica establece cautelas legales (amplias y suficientes) para el estudio, protección y difusión del Patrimonio Arqueológico. Esto genera un mercado comercial que a su vez  promueve un cambio de mentalidades. El cambio de mentalidad tiene  graves consecuencias: la permisividad en lo referente a la destrucción de gran parte de ese Patrimonio que se pretende conservar y, de paso,  la precarización laboral de los técnicos.

En el “mejor” de los casos este “nuevo modelo” se basa en “pedir la rentabilidad de un conjunto de bienes no para protegerlos, sino para que sean absorbidos por el capital privado. En la medida que el capital no va a aceptar gestionar un Patrimonio que sea deficitario, se está ofertando al capital aquel patrimonio que ya genera o es susceptible de generar beneficios, con lo cual, lo único que se conseguirá es que aquellas parcelas del Patrimonio que ya son hoy medianamente atractivas en su consumo, pasarán a manos del capital privado, y todos sabemos cómo se maneja el capital con los recursos para ampliar sus márgenes de beneficios…” (ORIHUELA, 2000: 172) con lo que la paradoja se acrecienta.

Recapitulando y llegando al final: la ampliación del mercado del suelo propició la aparición de empresas de arqueología  que en poco tiempo acapararon el servicio. Y lo hicieron porque, según los parámetros de este mercado, ofrecían un producto de mayor calidad y más competitivo. Esto es, liberaban más suelo, lo hacían más rápidamente y  ofrecían más garantías a las inversiones de los promotores urbanísticos. Y esto fue posible porque la mentalidad comercial liberó a estas empresas de la traba que suponían la aplicación de los estándares de calidad asumidos hasta este momento por la profesión, o bien porque esta traba fue desde el principio inexistente. De esta manera, la correspondencia entre arqueología y mercado inmobiliario es total, y es tan clara su finalidad (liberar suelo) que varias empresas constructoras crearon filiales de arqueología para liberar el suelo de sus propias construcciones… y de paso ampliar su negocio[1].

 Pero la irrupción de las empresas en el mercado no fue la causa del problema, sino la consecuencia. Esta tendencia mercantilista ya existía desde mediados de los años 90 del siglo XX, tan solo se agudizó por la ampliación del suelo urbanizable. No ha sido la lógica tendencia hacia el beneficio de una mentalidad empresarial lo que ha provocado la destrucción de nuestro Patrimonio, porque esta tendencia se hubiera corregido fácilmente mediante una aplicación estricta de la normativa y la imposición  de parámetros de calidad ajenos al mercado.

 El problema PRINCIPAL que ha propiciado esta situación se halla en la pertenencia de lo público al sistema general de producción capitalista, que provoca que la tutela ejercida por las administraciones sobre el Patrimonio sea contradictoria, hipócrita, errada.

Por un lado la Consejería es quien posee en exclusividad las condiciones de exigir legalmente que el trabajo arqueológico cumpla estándares de calidad ajenos al mercado.  Y por otro, tiene una clara función: la de favorecer la liberación de suelo de la forma menos traumática posible. Por lo tanto la Junta de Andalucía, a través de la Consejería, está tan comprometida con la liberación de suelo urbanizable como las empresas (DÍAZ, 2000), como lo están también los ayuntamientos.

Es aquí donde el papel de la Universidad, como garante de cultura, humanismo y calidad, debió de armonizar las necesidades del mercado con la función social de este bien Patrimonial; Es aquí donde un Ayuntamiento “de izquierdas” (incluso anticapitalista) debía actuar para mitigar este “inevitable mal divino” del sistema en que vivimos.  Pero, en el caso de Córdoba, la Universidad[2], al igual que el Ayuntamiento, no lo han hecho.

El ayuntamiento de Córdoba es un agente directo en este proceso del Capital: el que genera la mayor oferta (más suelo a través de la regulación urbana) y a la vez el mayor cliente de este mercado (al actuar como promotor urbanístico). Para asegurarse un “producto de calidad”, es decir una rápida  y completa liberación del suelo de trabas legales, esta administración reguló la Gestión Arqueológica supeditándola a la concesión de las licencias de obra. Además se arrogó la tutela normativa del Patrimonio Arqueológico y estableció estándares de calidad propios. Desde marzo de 2002 hasta hoy son vigentes, y de obligado cumplimiento, las Normas de Protección del Patrimonio Arqueológico del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Córdoba. Unas normas que atribuyen capacidad inspectora y ejecutiva a la Oficina de Arqueología de la GMU. Por tanto, desde un criterio rigurosamente normativo, queda manifiestamente claro que las administraciones Autonómica y Municipal son corresponsables en la tutela del Patrimonio Arqueológico en la ciudad de Córdoba (MURILLO, 2008, VV.AA, 2010: 255-256) y que no cabe “tirar balones fuera”.

La administración municipal es la responsable principal de la ampliación del mercado y su mayor cliente, se arroga la tutela normativa y establece parámetros de calidad ajenos al mercado. Algo absolutamente contradictorio, tanto con una economía de libre mercado, como con la tutela patrimonial efectiva (en la que además no tiene competencias legales). Estas contradicciones trataron de superarse mediante el respaldo de la Universidad al Modelo de Gestión Municipal. Pero esta institución, al implicarse directamente en la economía de mercado, forzó y reforzó el cambio de mentalidad descrito. De ahí que el papel jugado por la universidad cordobesa fue clave en la exclusión de la conservación de los estándares de calidad, y de la imposición del criterio: “destrucción a cambio de documentación”.

Por mucha propaganda que se lleve a cabo vemos que la  función de la Universidad no ha sido garantizar la calidad científica en la “arqueología de gestión”, sino, una vez más, la eliminación de trabas legales en la liberación de suelo municipal. Así creó lo que de facto es el mayor “ente” de servicios de la arqueología cordobesa: el Convenio para la Investigación Arqueológica en el ámbito del PGOU de Córdoba, suscrito entre la Gerencia Municipal de Urbanismo y la Universidad de Córdoba, y  vigente desde 2001.  Convenio materializado en la creación de una empresa de gestión:  “Laboratorio de Arqueología”, vinculada y dependiente de la Oficina de Arqueología de la GMU, que ocupa dependencias municipales (MURILLO, 2008, 37), y es económicamente dependiente del Ayuntamiento (dependencia que se amplía a su funcionamiento y organización interna).  A través de este Laboratorio se ejecutan las Intervenciones Arqueológicas en suelo municipal,  o de promoción pública, siendo una extensión de la Oficina de Arqueología de la GMU (aunque los contratos son firmados por la Universidad de Córdoba y el director científico es catedrático de la UCO).  Oficina que, por otra parte, presta un servicio municipal bastante efectivo en parámetros comerciales.

La fórmula es, a nuestro entender,  la más perniciosa entre las posibles: la tutela patrimonial gestionada con criterios comerciales por una administración que es a la vez el mayor agente comercial del mercado: la GMU. El mercado libre copado por empresas completamente mercantilizadas, sujetas a los parámetros de calidad impuestos por el mercado, y  en competencia continua para ofrecer un mejor producto: Liberar más suelo, más rápidamente y a menor precio. Y con una  Universidad que  ha sido a un tiempo el agente que ha inspirado este cambio de mentalidad y la mayor empresa de servicios del sector, financiada y dirigida por el mayor promotor urbanístico de Córdoba: el Ayuntamiento (en competencia desleal con las empresas privadas, que quedan completamente al margen del mercado público). En este contexto la administración Autonómica (única competente legalmente) ha sido incapaz de articular normativamente estándares de calidad  eficaces en la protección del patrimonio.

 Por todo ello,  como refiere Francisco Godoy (anterior director del Museo Arqueológico de Córdoba) en los comentarios de la página web de la Plataforma Ciudadana Contra la Destrucción del Patrimonio Cordobés, tras su adhesión a la misma:

 “En marzo de 2002 propuse, como vocal de arqueología en la Comisión Provincial de Patrimonio, crear una reserva arqueológica en el Plan Parcial 07. Ninguna de las instituciones allí representadas (Ayuntamiento, Universidad, Colegios de Arquitectos y Aparejadores, etc) se tomó el más mínimo interés en apoyar mi propuesta. La asociación de promotores de la construcción casi me tachó de loco. La político de turno no quiso ni oir hablar del asunto. Ahora ya es tarde para salvar el P-07, sus restos están ya muy destruidos. Sin embargo aún se está a tiempo de salvar arrabales en aceptable estado de conservación en otras zonas: Área entre la Ronda Oeste y la industria ABB; Área entre la Ronda Oeste y conjunto hospitalario de Reina Sofía; Parque Cruz Conde; Gran franja de terreno al Oeste de la Ronda Oeste, entre la carretera del aeropuerto y la Granja”.

 ¿Hemos descubierto la “piedra filosofal” con eso de echar la culpa al sistema capitalista y al cambio de mentalidades que provoca su interacción con las políticas públicas de las distintas administraciones e instituciones corresponsables en la salvaguarda de un patrimonio que es común?. ¡No!, pero lo obvio (al menos para muchos) hay que destaparlo constantemente porque, tapado y tapado por multitud de velos, pasa a ser “lo inevitable”, “lo mejor de lo peor”,  “lo menos malo”, un “hecho divino”, un “mal divino” que nos condiciona y determina (casi genéticamente) sin posibilidad de salida, de reacción, siendo la consecuencia y no la causa de los problemas, provocando la confusión, el desvío de atención hacia la parte más débil, provocando en definitiva las auto-justificaciones hipócritas y medias verdades de los que, por tener mayor poder, tienen más responsabilidades.

 Pero ahora no es el momento de pedir responsabilidades, es el momento de EXIGIR la conservación de un Patrimonio Común. De deslindar su tutela de la política urbanística municipal, de desvincular su gestión del mercado del suelo. De exigir que la Universidad asuma su papel de garante de la calidad científica sin actitudes feudales. Es la hora de un nuevo cambio de mentalidad que aleje la arqueología de los parámetros comerciales. Es la hora de  transformarla en un bien social sostenible. Y el primer paso de todo ello puede ser impedir la destrucción de lo poco que queda de los ARRABALES OCCIDENTALES de Córdoba.

Es el momento también de reflexionar con más abundamiento (aunque será en un tercer artículo) de la segunda gran víctima de este “nuevo modelo” (que no tiene nada de nuevo): los profesionales de la arqueología. Profesionales que, además de mantener las tradicionales dependencias (casi feudales) con la Universidad y las administraciones en sus distintos intereses (liberalizar suelo, controlar la profesión…)  se expresan ahora en una creciente precariedad laboral, bajos sueldos, temporalidades, fraudes en la contratación…y un sinfín de calamidades que está provocando la “proletarización” de una bella profesión.

Una “proletarización” que conlleva una trágica pérdida del conjunto de relaciones (no sólo las laborales…también las emotivas, simbólicas y afectivas) que unen la profesión con un patrimonio histórico común. Una relación basada  en esos sutiles instantes en donde, al contemplar las huellas del Pasado, parece que salvamos nuestras vidas…esos momentos, como dice Isaac Rosa: “en que me salvé gracias a una pieza, un retrato, una colección o un tesoro que me acompañaron durante varias horas mientras afuera seguía la vida” (ROSA, 2009, 6).

 


[1] Como es el caso del de Pavincosa, S.L o Caesar Arqueología, filial del grupo Thor.

[2] Hablamos de Universidad como Institución, y nos referimos en concreto al Área de Arqueología, pero no a las personas. Puesto que existen mentalidades contrarias a los valores y actuaciones que aquí exponemos, tanto en la Universidad como en la propia Área (pero por desgracia no son dominantes, no son las que salen a la luz pública y sobre todo, no son las que tienen capacidad de decisoria).


INDIGNANTE: un especulador, en la Gerencia de Urbanismo.

Posted by coordinadora on Miércoles, 21 Septiembre, 2011

Gómez entrará en el consejo de la Gerencia pese a sus multas y litigios. El Ayuntamiento defiende la designación de Gómez en Urbanismo.

El líder de Unión Cordobesa considera que “no tiene mayor importancia” que forme parte del órgano urbanístico. El Ayuntamiento subastará a finales de este mes cuatro propiedades del empresario. 

Rafael Gómez, se convirtió ayer en protagonista del pleno municipal a pesar de que no intervino en toda la sesión. No le hizo falta hablar, porque uno de los puntos del día -incluidos en el apartado de toma de conocimiento- era su nombramiento como miembro del Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo, sustituyendo así a su compañero Juan Miguel Alburquerque, que queda como suplente. Podría ser una designación más si no fuera porque el edil en cuestión debe 24 millones de euros de multa por una construcción ilegal (las famosas naves de Colecor) y tiene una serie de litigios pendientes con la Gerencia por sus supuestas irregularidades urbanísticas. 

Hay que recordar, además, que fue una comisión municipal de investigación de Urbanismo -convocada especialmente para evaluar las construcciones de Gómez y que se desarrolló durante 2006- la que desveló que Arenal 2000 había edificado unos 400 chalés sin permiso en el segundo sector de la Carrera del Caballo. Se construyeron sin licencia de obra, ya que aún no se había culminado la regularización del planeamiento de la zona. De esta comisión salieron los múltiples litigios que Gómez tiene pendiente con el Consistorio, demás de una deuda que alcanza los 30 millones de euros entre la multa y las cuestiones tributarias. Por tanto, resulta cuanto menos llamativo que ahora pase a forma parte como consejero de un órgano que le ha sancionado por sus irregularidades. Y mientras, Gómez aseguró que “no tiene la mayor importancia” que forme parte de la Gerencia, ni por la multa ni por su deuda. “No hay problemas”, comentó el empresario quien defendió además que “simplemente se ha decidido así” y “no ha surgido nada”. 

El salto de Gómez a la política siempre ha estado salpicado de polémica precisamente por sus cuentas pendientes con el Ayuntamiento. Desde un principio planeó la posibilidad de que sus intenciones pudieran estar relacionadas con esta multa ya que, formando parte del gobierno municipal, podría tener más opciones de deshacerse de ella. Su presencia en la Gerencia le puede dar cierta ventaja aunque, según el reglamento del órgano, Gómez debe abstenerse en la toma de decisiones que traten sobre cuestiones que le afecten de forma directa. 

El líder de UCOR, no obstante, siempre ha manifestado que no tiene ninguna intención de pagar esos 24 millones de euros, a los que hay sumar aproximadamente otros cinco millones por deudas tributarias. Como respuesta, el Consistorio ya ha empezado a embargar sus bienes y cuatro de ellos saldrán a subasta a finales de este mes. El primero de los bienes sale a subasta por un valor de 3,5 millones de euros y son unas instalaciones industriales emblemáticas de Córdoba, así como toda la finca en la que se encuentra. Se trata del antiguo matadero de Iccosa (Industrias Cárnicas Cordobesa, SA), una empresa que cerró en la crisis industrial de mediados de los 90 y que llegó a ser una de las instalaciones punteras en su género en Andalucía. El segundo son dos locales comerciales ubicados en el bajo de un edificio de la calle San Pablo, en el centro de la capital. Se trata de unas instalaciones que hace años fueron usadas por el PSOE como oficina de campaña cuando el candidato era José Mellado y sale a subasta por 1,2 millones de euros. 

El 29 de septiembre también se buscará comprador para dos fincas de Gómez. La primera es el 47% de una propiedad rústica en la zona de Torreblanca; la segunda se encuentra en Alcolea y es la mitad de una finca de dehesa en la zona denominada Román Pérez El Bajo. La suma de todas estas propiedades no cubre, ni de lejos, todo lo que Gómez todavía debe al Ayuntamiento.

 eldiadecordoba.es


LA RONDA NORTE: UN DESASTRE ANUNCIADO.

Posted by coordinadora on Jueves, 15 Septiembre, 2011

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La licitación de la ronda Norte se retrasará por las catas

EUROPA PRESS 15/09/2011

 Las catas arqueológicas están condicionando la licitación de las obras de la ronda Norte, prevista para este año, que, finalmente, se retrasa. La consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Josefina Cruz Villalón, anunció ayer que el objetivo de su departamento es sacarla a concurso en el 2012, aunque dependerá del resultado de las catas arqueológicas previas, cuyo proceso de adjudicación inicia ahora. Cabe recordar que la propia consejera anunció a finales del 2010 la inminente autorización del concurso por parte del Consejo de Gobierno, que no ha llegado a producirse. Se trata del tramo de casi cuatro kilómetros que construirá la Junta entre la ronda de Poniente y Fuente de la Salud y que conectará con el que hay parado hasta la N-432 y que acometerá el Ayuntamiento.

 Cruz Villalón ha explicado que se trata de un proyecto complejo, que se llevará a cabo bajo la fórmula de la cooperación público–privada, siendo ahora cuando Obras Públicas ha recibido de la Consejería de Cultura “la autorización para hacer las catas”, cuyo proyecto ya tiene redactado la Delegación de Obras Públicas en Córdoba, que ha de abrir el proceso de adjudicación del mismo, lo que ocurrirá en los meses inmediatos, para luego ejecutarse durante seis meses.

 De esta forma, aunque la consejera ha reconocido que aún está pendiente la firma del convenio con el Ayuntamiento de Córdoba que permitirá construir la ronda Norte, ha señalado que “ahora no es el momento”, pues hay que ocuparse primero de las catas, aclarando, además, que no le supondrá “ningún problema, en el momento que sea necesario hacer ese acuerdo”, hablar de ello con el Ayuntamiento, aunque ha insistido en que “ahora hay que cerrar el estudio de las catas, para, a partir de ahí, cerrar el anteproyecto y hablar con el Ayuntamiento de la disponibilidad de los terrenos”.diariocordoba.com

 

Obras Públicas no garantiza que se licite la Ronda Norte ni en 2012. La consejera argumenta la demora de los trámites previos, pese al corto plazo dado por su antecesora

 La Junta deja en el aire la licitación durante 2012 de la Ronda Norte, que costará 220 millones, financiados por la fórmula de colaboración público-privada, y cerrará el anillo de circunvalación de la capital. La consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, sostuvo ayer que el enigma no se podrá despejar hasta finales del próximo verano, cuando se tengan las catas arqueológicas del trazado.

 El proyecto empieza a acumular un considerable retraso. La anterior titular de este departamento, Rosa Aguilar, dio por hecho que el concurso para acometer esta infraestructura arrancaría a finales de 2010. No fue así, y Cruz es bastante más realista que la exalcaldesa.

 Reconoció que «no podemos adelantar una fecha para la licitación mientras no terminemos» las prospecciones para detectar restos, labor que se adjudicará próximamente. La consejera esbozó una suerte de cronograma: a lo que se tarde en el proceso de contratar la empresa que haga las catas hay que sumarle los «seis meses» que durarán.

 Por lo tanto, siguió, sus resultados «los podemos tener para el final del verano» próximo. «En ese momento, podremos decir si podemos licitar en 2012 o no», sentenció, en línea con lo avanzado por ABC: que el concurso no se iniciaría ya esta legislatura.

 Y es que, según explicaron fuentes de esta Consejería, en una obra como ésta, que se hará mediante la fórmula de colaboración público-privada, las empresas no asumen el riesgo de los hallazgos arqueológicos. Por ello, hasta que no esté despejado dicho riesgo no se licita.

 La consejera de Obras Públicas insistió en que la Junta debe tener «la garantía de que la Ronda se puede hacer por el trazado previsto, porque, según me informan, es ése o ése». «Tenemos la presunción de que por las infraestructuras que se han construido no debe haber problema», matizó.

 Resto de trámites

Pese a que en la cuestión de los restos fue en la que hizo más énfasis, también dio a entender que podría haber otro factor que influyera en la puesta en marcha del concurso. Así, sostuvo que «tenemos el objetivo» de licitar en 2012, pero, advirtió, hay «un panorama económico al que tenemos que ajustarnos».

 Y es que, explicó, una vez que esté realizada esta infraestructura, la Junta tendrá que abonarle durante 30 años una cantidad fija a la constructora que la haya acometido y pagado inicialmente. Sostuvo que «de acuerdo» con la Consejería de Hacienda «iremos planificando, sabiendo que una de nuestras prioridades es la Ronda Norte. Y podremos ver si se puede incorporar al año que viene. Esa decisión no podremos tomarla hasta que analicemos el presupuesto de 2012 y tengamos el resultado de las catas». Eso sí, hay que advertir que el estudio de las cuentas llegará mucho antes de las conclusiones arqueológicas. Ya en los presupuestos de 2011 la Junta no consignó ni euro para este gran viario y planificó que llegarían fondos desde 2012.

 Para el desarrollo del resto de trámites de esta actuación, Cruz volvió a aludir al estudio sobre restos. Sostuvo que «primero tenemos que cerrar lo de las catas». «Y a partir de ahí cerrar el anteproyecto recibió casi una veintena de alegaciones y hablar con el Ayuntamiento» para rubricar un convenio sobre los suelos necesarios. abc.es

 

 UN DESASTRE ANUNCIADO

6 meses para excavar 4 km. en una zona en la que es más que probable la existencia de arrabal hispanomusulmán. En una zona que probablemente se sitúa el límite norte de los arrabales cordobeses. Que se sitúa en el límite sur del arrabal de al-Rusafa. Una zona fundamental para comprender y delimitar estos arrabales. 6 meses y con la presión mediática, la de toda la corporación municipal (Gerencia de Urbanismo incluida), y de gran parte de la ciudadanía. Una Intervención que se realizará en una obra que ya tiene casi dos años de retraso, y que se va a dilatar sine die por problemas de financiación, remodelaciones del PGOU, y toda suerte de trabas burocráticas entre administraciones. Todo apunta hacia el desastre, como ya ocurrió en los tramos de la Ronda Oeste. No se aprende de los errores, sino que se aumentan. ¿Tendremos que soportar otra destrucción masiva?, ¿tendremos que oír, una vez más, que la arqueología paraliza del desarrollo urbano?, ¿tendremos que soportar que los responsables de la custodia del patrimonio se desinhiban?,  ¿tendremos que soportar la complicidad de la Universidad?.


Arqueología y crisis: el pastor que devora a sus ovejas. MÁLAGA.

Posted by coordinadora on Miércoles, 14 Septiembre, 2011

Nueva paradoja… cuántas van. Las VPO que se construirán en el entorno de San Felipe Neri cercenarán la galería de cerámica del medievo

 IGNACIO HERNÁNDEZ: Con el comienzo del curso escolar, la ciudad retoma el pulso de una normalidad anómala tras un período estival que ha generado altas temperaturas de toda índole. Con el calor de la crisis económica; con la quemazón que da la situación de los mercados internacionales; con la ardentía que supone la sinrazón de los incendios forestales provocados, retornamos a la conciencia septembrina que nos alberga con ardor ante una nueva etapa sociopolítica donde el malagueño se siente expectante y como ausente.

 Después de la ignominiosa burbuja inmobiliaria, el stock de la vivienda por vender en Málaga y provincia se cifra entre 20.000 y 22.000 inmuebles, según datos de la APC de Málaga y el Ministerio de Fomento. Está claro que es el resultado de un exceso de construcción con la única planificación de engordar las cajas fuertes de unos pocos sin el previo análisis del orden comercial a corto y medio plazo. Hasta aquí, todos –y digo todos– estamos de acuerdo ante el coste económico y emocional del presente caos, ya que estamos pagando esta debacle de una forma u otra.

 Con estas cifras nos llega una nueva paradoja, otra de las muchas que se cobijan y reproducen en esta urbe: la promoción VPO de 31 viviendas que la Junta construirá en la calle Chinchilla –entorno iglesia de San Felipe Neri, calle Parras– cercenará un anteproyecto del Consistorio para la ubicación de una galería de interpretación de la cerámica del medioevo, que iba a analizar y dar respuesta a los valiosos yacimientos arqueológicos hallados en una de las zonas alfareras musulmanas más importantes. Además, la iniciativa del Museo del Vidrio, que tenía prevista una ampliación del mismo, queda anulada en un ámbito trascendente para recuperar la memoria del Centro Histórico; de nuevo la antítesis, la contraposición y como resultado el enorme desencanto. «El pastor esquila las ovejas, no las devora». Suetonio

laopiniondemalaga.es


Una comisión Municipal de Patrimonio, abrirá la veda en el Casco Histórico

Posted by coordinadora on Lunes, 5 Septiembre, 2011

LA NUEVA DELEGACIÓN DE PATRIMONIO REVISARÁ EL PEPCH Urbanismo modificará el plan del casco histórico para agilizar obras. Considera que el documento vigente desde el 2003 ha quedado obsoleto y frena iniciativas. El Ayuntamiento creará en un mes una comisión municipal para dar licencias de forma más rápida

El gobierno municipal del PP pretende modificar el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba (PEPCH) para agilizar las obras dentro de un espacio en el que viven más de 30.000 cordobeses. Es una tarea que quiere iniciar en el plazo de un mes, ya que considera que el documento aprobado en el 2003 ha quedado obsoleto. A juicio del delegado de Patrimonio y Casco Histórico, Juan José Primo Jurado, que ya avanzó en julio a CORDOBA en una entrevista la idea de redefinir el plan, “el Pepch está fosilizado, antiguo en algunos aspectos y debe ser más flexible y capaz de asumir oportunidades y propuestas”.

La actuación tiene dos vertientes. Por un lado, la revisión del contenido del documento propiamente dicho, de sus artículos y de sus fichas, para adaptarlo “a la situación actual y a las nuevas oportunidades surgidas del interés público”, según explica Primo Jurado. En los últimos años han surgido diversas iniciativas que han necesitado modificaciones de distintas partes del plan y que se han retrasado por el tiempo que ha requerido la tramitación urbanística hasta alcanzar la aprobación final. Primo Jurado indica que ahora “debe aprovecharse la experiencia adquirida durante los años de aplicación del plan”. En sus ocho años de vigencia se han modificado o están en proceso o estudio 13 fichas del Catálogo de Bienes Protegidos, dos fichas de actuación, dos artículos y otras propuestas motivadas por el interés público, como el edificio comercial de El Corte Inglés en Jesús y María, el mercado del Alcázar, la conexión viaria entre el recinto del Alcázar y la calle Postrera y la armonización de alturas en un tramo de Cardenal González.

El presidente de Urbanismo, Luis Martín, por su parte, considera que “las fichas están tan acotadas que dejan poco margen de maniobra” para actuaciones residenciales o comerciales, por lo que “no puede adaptarse una vivienda a los tiempos modernos o hacerse un hotel” sin cambios.

 NORMATIVA La segunda vertiente de esta revisión del Pepch es su “relectura” para adecuarlo a la normativa vigente, la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. En este sentido, se creará una comisión municipal de Patrimonio Histórico, que podría estar en funcionamiento “en un mes” y que “servirá para dar licencias de forma más rápida sin tener que pasar por la Junta”, paso que, según precisa Primo Jurado, “no ha dado aún ningún ayuntamiento de la provincia”. Toda intervención en el conjunto histórico requiere el visto bueno de la Comisión de Patrimonio de Cultura de la Junta, pero el artículo 40 de la citada normativa brinda a los ayuntamientos la oportunidad de solicitar la delegación de competencias para algunas obras, las que afecten a inmuebles que no son monumentos, jardines históricos o zonas arqueológicas y los incluidos en la delimitación de los entornos de Bienes de Interés Cultural regulados por el planeamiento y con normas específicas de protección.

Con un mecanismo y otro, Urbanismo persigue –en palabras de Primo Jurado– “flexibilizar la ejecución de obras y la instalación de negocios en el conjunto histórico” para que sea “más habitable para los vecinos” y “más atractivo” para quien quiera desarrollar una actividad. La premisa de la que parte es que el casco está “vivo”, no es “un simple decorado”, mientras que el fin es “generar empleo”.

diariocordoba.coml

 

El anuncio de la creación de una comisión Municipal de Patrimonio Histórico, en sí misma es una buena noticia. Pero, tal y como se está organizando revela, a nuestro juicio, únicamente el deseo de eliminar trabas legales a la ocupación de espacios y edificios en el casco Histórico.  No está encaminada a la protección y Disfrute de Todos, sino a la privatización con una clara visión comercial y hotelera. En la que la existencia de una legislación  restrictiva contra abusos privados y públicos es sólo una traba a eliminar. La transmisión de competencias dará al ayuntamiento la facultad de gestionar y decidir. La consecuencia, puede extraerse de  significativas y preocupantes frases como: …”adaptarlo a la situación actual y a las nuevas oportunidades surgidas del interés público”…no querrá decir negocio privado,…”no puede adaptarse una vivienda a los tiempos modernos o hacerse un hotel,  sin cambios”, quiere esto decir permitir derribar y reconstruir sin criterios patrimoniales claros”. “flexibilizar la ejecución de obras y la instalación de negocios en el conjunto histórico”, parece justificar una  la permisividad clara en la destrucción del Patrimonio.

 Recordemos, Existe un servicio patrimonial (que presta la oficina de arqueología GMU) sin competencias, pero con decisión efectiva a través de la concesión de licencias. Servicio que es realizado por el convenio GMU-UCO. La existencia de este servicio, no ha logrado ser efectiva en cuanto a la protección del patrimonio arqueológico. Más aún, se transformó en un agente comercial ligado a la liberación (de trabas legales patrimoniales) de suelo público. Con la crisis este servicio se ha reducido a 5 arqueólogos (de los más de 25 técnicos con lo que contaba). Para asumir las competencias que se pretende, se necesitan técnicos especializados (arquitectos-restauradores-arqueólogos etc…), y un presupuesto elevado. De nada de esto se está hablando. Por lo que pensamos que se trata de una estrategia para eliminar las trabas legales a la construcción, reforma y rehabilitación de espacios y edificios históricos. Manga ancha con un objetivo puramente comercial. Política cuyos resultados ya conocemos: la destrucción sistemática e irreversible del Patrimonio común.

 


ABSTENCIÓN!!!

Posted by sisifo on Viernes, 2 Septiembre, 2011

¿Y qué podemos hacer frente a tanto y tanto desaguisado?.

Lo primero TOMAR CONCIENCIA E INDIGNARSE.

Lo segundo ORGANIZARSE Y LUCHAR…sabiendo que NADIE tiene la verdad y que se debe DESCONFIAR de quien diga tenerla: sólo luchando se puede encontar esa verdad, en el camino caminando, por uno mismo y en unión con los demás, sin jefes, mesías, curanderos, generales…políticos y vividores de la “lucha”.

Y…además, absteniéndose en la farsa electoral de la democracia dictatorial de “baja intensidad”. Porque TODOS son iguales, son LA MISMA CASTA con los MISMOS intereses (privilegios, sueldos, contactos, amigos…) y porque, más allá de ganar o perder las elecciones, con lo que TIEMBLAN verdaderamente es con PERDER EL RESPETO de la población…que nos les consideremos imprescindibles.

Y que no nos confundan (por confusión o por intención) con aquello de que “todos no son iguales”, porque TODOS (activa o pasivamente) contribuyen con su presencia a mantenener, reforzar, apuntalar, reformar el SISTEMA. Y porque, a fin de cuentas, se dividen entre los que no son honrrados y los que dejan de serlo.

Y porque el voto blanco no es efectivo…ni el nulo. Lo mejor la ABSTENCIÓN!!…y, ESO SÍ, al día siguiente luchar sin quedarse sentado en el sillón, como cada uno pueda: en el barrio, la asociación, el trabajo, la calle, la Universidad….

El 20 N: ABSTENCIÓN!!!!

Ver este trabajo sobre la casta política pinchando aquí:

La Casta PolíticaLa casta política