Cuando se transfieren las competencias, las Delegaciones Provinciales de Cultura, sólo contaban con un Arqueólogo inspector, y un par de técnicos de apoyo, todos contratados de forma externa. En el caso de Córdoba, la prioridad inicial de este servicio fue desvincularse del Museo (que antes tenía las competencias), y sobretodo de la universidad. Se creó, en torno a la figura del Arqueólogo Provincial, una pequeña red clientelar, sectaria y endogámica, que intentó acaparar la Arqueología Urbana, entendiéndola como algo a parte de la universidad, es el momento de los “junteros”, del colócame (en esta red estaba la actual directora del Museo). Esta red clientelar se mantuvo, gracias a las arbitrariedades del Arqueólogo Inspector, consentidas por la Delegación y fomentadas por la inexistencia de ningún tipo de control externo. La Universidad, en este momento, veía la Arqueología Urbana como una actividad menor, sin transcendencia científica. La situación se mantuvo, hasta la destrucción de Cercadilla. Se realizó una intervención previa sobre los terrenos de RENFE (dirigida por el Arqueólogo Provincial), que a pesar de dar resultados positivos en todas las zonas sondeadas, sirvió para dar vía libre a los desmontes que provocaron la destrucción del yacimiento. En este momento la única persona responsable de la Arqueología Urbana Cordobesa y por tanto responsable directa de la destrucción de Cercadilla era el Arqueólogo Provincial. La destrucción marcó un hito en la arqueología cordobesa, supuso el desprestigio personal del Arqueólogo Provincial (hecho injusto, puesto que no actuó de forma autónoma, sino siguiendo instrucciones internas), que la administración municipal se concienciara que la Arqueología podía ser un problema político (y por tanto que era necesario controlarla), y que la Universidad se implicara directamente en la Arqueología Urbana.
Tras una breve etapa de reajustes, se empieza a diseñar un modelo distinto, en el que se intentaba implicar a las administraciones responsables o interesadas en la Arqueología Urbana. Este modelo se inicia con la redacción de un documento de carácter informativo, analítico y de propuesta, que pretende orientar las figuras de planeamiento previstas en la normativa vigente (Plan General de Ordenación y Planes Especiales de Protección): La Carta Arqueológica de Riesgo.
Es un documento elaborado 1996 en el marco del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, y articulado en un protocolo de colaboración entre la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba. Fue redactado, por técnicos de ambas instituciones y del Área de Arqueología de la UCO. En su momento fue un texto clave para el planeamiento y gestión del Patrimonio Arqueológico. Su inclusión en el PGOU, supuso una cambio positivo en la Gestión Patrimonial, puesto que por primera vez se opta por la prevención.
Este documento se redacta en unas circunstancias históricas muy concretas. Es el momento inmediato post-Cercadilla, de la destrucción intencionada del yacimiento con la complicidad de la Delegación de Cultura, y el Ayuntamiento. Está en la mente de todos el revuelo mediático y la tímida crítica que en su momento se hizo por parte de la universidad, un elemento crucial para entender este proceso. Es el momento en el que se empieza a hablar del Ente, un acuerdo a dos bandas entre el Ayuntamiento y la Universidad, que en este momento no tiene una forma ni entidad definida, de ahí su nombre. Las bases de este acuerdo son claras, el ayuntamiento aporta dinero para la investigación y la universidad el soporte científico a la planificación urbana municipal.
Los protagonistas del proceso se ven desde este momento envueltos en un juego de intereses personales, académicos, y profesionales, a los que se van a sumar otros débitos, que aún hoy no han sabido resolver. Los principales protagonistas son el que con el tiempo se convertirá en Arqueólogo Jefe del Servicio Municipal de la GMU (en aquel momento vinculado con el Área de arqueología), y el hoy catedrático y jefe del Área de Arqueología de la UCO. El resto de los arqueólogos implicados en la redacción de la Carta quedaron fuera de juego poco después de su publicación.
La consecuencia inmediata de todo esto fue la creación de un Servicio Municipal de arqueología, por aquel entonces muy precario, y la clara intención por parte del Área de Arqueología de utilizarlo como promoción de sus miembros.
Fue el llamado “pacto entre caballeros”, a partir de este momento la Arqueología Cordobesa no iba a ser objeto de críticas mediáticas, a partir de este momento se iban ha hacer las cosas bien. Para ser sinceros, el pacto funcionó durante algún tiempo. La financiación pública conseguida, en parte por la vergüenza de las destrucción de cercadilla, y en parte por el silencio todos los implicados, tuvo sus frutos. El trabajo conjunto del Área de Arqueología, y la implicación de muchos profesionales independientes hizo que la década de finales de los 90 fuera la etapa científicamente más productiva de la historia de la arqueología cordobesa.
Pero este sistema, empieza a manifestar vicios de fondo, es utilizado para promocionar
Arqueólogos sin control académico, ni de ningún tipo. Lo que acaba generando fuertes redes clientelares, no solo entre los miembros del Área, sino entre los arqueólogos profesionales con pretensiones de serlo. Se empiezan a confundir cuestiones académicas, científicas, personales y profesionales, se empieza en definitiva a construir toda una red de clientelas que va terminar enredando a la mayor parte de los arqueólogos cordobeses (de la que quedan fuera muy pocos, y además vinculados a la antigua red de la delegación de Cultura).
Con la aplicación del PGOU, y la consiguiente previsión de grandes Intervenciones Arqueológicas, en su mayor parte sobre terreno público se da una vuelta de tuerca más al proceso. La Gerencia Municipal de Urbanismo necesita ampliar su precario servicio de arqueología, las asistencias técnicas con las que hasta el momento había cubierto las Intervenciones le van a salir demasiado caras (teniendo en cuenta la gran cantidad de terreno liberado para la construcción). Es entonces cuando el Ente toma una forma definida, y en el año 2002 comienza a desarrollarse El convenio de Investigación GMU-UCO: “Convenio Gerencia de Urbanismo-UCO para la investigación arqueológica”.
La actividad prioritaria, según el texto del propio convenio, es el control, la supervisión y el desarrollo de actividades arqueológicas de campo en aquellas parcelas de propiedad y/o iniciativa pública (municipal), y actuaciones de oficio a particulares. Sus principales objetivos son la investigación, difusión, divulgación, protección, conservación, puesta en valor del Patrimonio Arqueológico.
Pero conociendo los antecedentes del convenio, no nos debe sorprender que su funcionamiento no cumpliera estas espectativas. En la práctica se limita, casi en exclusividad, a la ejecución material de los proyectos de Excavación de promotores públicos, como lo haría cualquier empresa de servicios. La investigación queda relegada a un plano prácticamente testimonial. Por lo tanto hay de entrada una grave contradicción entre las actividades desarrolladas y los objetivos teóricos. La GMU, como organismo público, se limita a financiar el proyecto, a cambio de que desde este se ejecuten de oficio las intervenciones arqueológicas, la Universidad se limita a tramitar los contratos y a controlar los resultados del l trabajo y a los trabajadores.
No es necesario comentar que los técnicos contratados en este convenio provienen de la red clientelar previamente tejida. Que accedieron mediante convocatorias opacas que no garantizan ni la capacidad ni los méritos en libre competencia. Tampoco insistiremos en las relaciones laborales precarias, fomentadas desde un sistema de clientela (contratos temporales, en fraude de ley, horarios, cometidos, trabajos, etc.. asignados con total discrecionalidad y vulnerando derechos sindicales y laborales básicos). Si hay que notar que este convenio es una pieza más en el engranaje. Recordemos: un Servicio Municipal dirigido por un antiguo Miembro del Área arqueología, un convenio de colaboración cuyos responsables son éste y el catedrático Jefe de la misma Área.
Con todo problema principal no es éste, sino la creación de una administración paralela, de facto, plenamente competente en la Gestión del las Actividades Arqueológicas, que controla todo el proceso de trabajo en las mimas. El control se realiza supeditando las licencias de obras a las cautelas previas impuestas desde el servicio de Arqueología de la GMU. Este control se realiza mediante la emisión de la Información Urbanística de Carácter Arqueológico, un auténtico desatino: técnicos municipales de un organismo público sin competencias, se arrogan la cualidad de interpretar la normativa de protección autonómica y de supeditar a su interpretación la concesión de licencias de obra. Cuando el organismo competente, la Delegación de Cultura, impone legalmente este mismo control. Es decir, aprueba o deniega los proyectos de Intervención, controla su ejecución, y emite la resolución preceptiva, previa a la construcción. Es decir, los promotores se ven sometidos a dos controles paralelos, uno de ellos por parte de una administración que no tiene competencias (el Ayuntamiento).
Constructores y promotores se ven sometidos a sangrantes irregularidades. En primer lugar no está nada claro que tengan ser los responsables de financiar las Intervenciones, en cualquier caso esta es una interpretación opinable. De hecho, es más lógico interpretar que la Arqueología Urbana es un servicio Público, y por tanto debería de estar financiado por la administración. En segundo lugar se ven sometidos a un doble control, con el riesgo de que existan interpretaciones contradictorias entre las dos administraciones. Y lo más importante, como podéis imaginar, este control unipersonal ha provocado la extensión de la ya bien tupida red clientelar a Arqueólogos Independientes y sobre todo a las Empresas de Arqueología.
Mientras tanto la Delegación de Cultura dejo hacer, dejo pasar, mientras no se lesionaran sus intereses: el control y decisión ultima a través de las resoluciones de la comisión de patrimonio. Durante algunos años este doble control se mantuvo en sintonía. No en vano dos de los tres inspectores de la Delegación fueron antiguos contratados en el Convenio GMU-UCO, y la universidad formaba parte de la Comisión de Patrimonio.
Poco más o menos en las mismas fechas la sección de Arqueología del Colegio, se vacía de contenido crítico, y prácticamente desaparece. De hecho, a la más mínima crítica su representante fue expulsado de la Comisión de Patrimonio (Por pedir una solución a un problema tan acuciante como los depósitos de Materiales).
Es un sistema bien montado y sin aparentes fisuras, y sobre todo sin control externo. Un panorama en el que la capacidad de decisión real se concentra en dos manos que se lavan la una a la otra. Donde nada escapa a su control, ni las Actividades Arqueológicas Preventivas, ni las promociones científicas, ni la las actividades empresariales, ni ninguna actividad pública o privada en arqueología.
Un sistema organizativo heredado de la universidad, un organismo autónomo sin controles externos eficaces que ha generado una endogamia donde la corrupción, el acoso laboral y moral es el sistema para perpetuar redes clientelares personales en torno a las figuras de los jefes de área. Todo ello, no lo olvidemos, por la inexistencia de mecanismos públicos de control. Modelo de organización que es, por desgracia, común a todas las universidades del Estado Español. Modelo que sólo conocen bien los que lo sufren, porque el silencio, el corporativismo, el hoy por ti y mañana por mi, lo silencian todo. Buenos ejemplos de lo que estamos diciendo los podéis encontrar en el blog de la Plataforma Contra el Acoso y la Corrupción en la Universidad http://www.corruptio.com/. Pero insistimos, el sistema clientelar es el mismo en todas las universidades. Comprenderéis que las críticas vertidas aquí en sobre este convenio están ampliamente justificadas.
La crisis económica puede ayudar a terminar con este sistema perverso. Puesto que en el fondo se mantiene mediante por una gestión inadecuada, personal y sin control, de las inversiones públicas. En el caso de Córdoba el grueso de la financiación proviene de los aportados directamente por la GMU al Convenio con la UCO. A nuestro juicio la solución pasa por dos correcciones fundamentales al sistema. La creación de un servicio público de Arqueología Preventiva, bien autónomo o bien controlado por la administración competente (la delegación de Cultura). En cualquier caso no por uno de los mayores promotores inmobiliarios de la ciudad (el Ayuntamiento), más que nada para evitar contradicciones. Y como tal servicio público con controles externos, tanto en las contrataciones, como en su funcionamiento.


